El juez declara complejo el caso de la degradación del Mar Menor y amplía 18 meses la investigación

Restos de algas y fango invaden la playa de Los Urrutias en una imagen tomada al principio de este verano. /Antonio Gil/ AGM
Restos de algas y fango invaden la playa de Los Urrutias en una imagen tomada al principio de este verano. / Antonio Gil/ AGM

El nuevo plazo, que expira a principios de 2021, permitirá interrogar a más de un centenar de agricultores

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Las diligencias sobre el llamado 'caso Topillo', que investiga las causas del grave deterioro ambiental del Mar Menor en los últimos años, ya tienen formalmente la calificación de «causa compleja», lo cual permitirá proseguir con las indagaciones durante 18 meses más si es que acabara siendo necesario. Así lo decreta un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, quien justifica la medida por la dificultad que entraña el esclarecimiento de los supuestos delitos contra el medio ambiente que se podrían haber cometido y por las diligencias -entre ellas, la declaración de un amplio grupo de investigados- que aún no han sido llamados.

La resolución judicial lleva fecha de 28 de julio y viene a responder a la petición formulada en mayo por el Ministerio Fiscal, que pedía la declaración de complejidad para este procedimiento y la prórroga de la investigación por 18 meses más.

La respuesta del magistrado no podía dilatarse por mucho más tiempo, teniendo en cuenta que el plazo máximo legal para acabar la instrucción finalizaba el 22 de este mes, siempre y cuando no se justificara una prórroga por las especiales dificultades que implica el esclarecimiento de estos hechos.

El Seprona todavía no ha finalizado los atestados ni ha acabado de analizar la documentación incautada

Con su auto, el instructor ha eludido el riesgo de que este caso pudiera frustrarse por la superación de los plazos legales fijados, como ha ocurrido recientemente con las diligencias del 'caso La Sal' sobre la desalinizadora de Escombreras.

Ahora, estos 18 meses de prórroga, que expirarán a principios de 2021, permitirán en apariencia que los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil puedan entregar sus atestados sobre el uso ilegal de desalinizadoras en el campo de Cartagena, todavía pendientes de redactar en muchos casos, y de los consecuentes vertidos de salmuera que se han producido a la laguna.

El juez Garrote aclara que hay más de un centenar de sospechosos de esos vertidos que están pendientes de ser llamados a declarar y no se descarta incluso que la cifra pueda ampliarse. También es previsible que hay que solicitar la realización de nuevos informes periciales.

Para acometer tan ingente labor, el instructor ha reclamado que se dote a su juzgado de un refuerzo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que previsiblemente se producirá en los próximos meses. Cuando ello ocurra se diseñará «un plan organizado» para llamar a declarar a los agricultores investigados.

La ampliación de la investigación se ha ordenado en contra del criterio de la defensa de alguno de los investigados, que consideran injustificada la medida.