El juez archiva tres piezas de 'Umbra' por haber prescrito todos los delitos

El argumento legal es que todas las conductas presuntamente delictivas analizadas en estas causas, como el cohecho, las negociaciones prohibidas a funcionarios y la prevaricación, se habrían desarrollado antes de 2009, de forma que, como prescriben a los cinco años, habrían sido de imposible persecución a partir de 2014. Y como las diligencias sobre estos hechos se abrieron en 2016 y 2017, pues serían simplemente papel mojado, por más que al cabo hayan servido para desvelar unas actuaciones que nunca debieron de haberse producido.

Hasta que le ha llegado ahora el momento de ser archivada, la investigación judicial ha tenido como principales encausados a dos ingenieros del Ayuntamiento de Murcia, que durante años asumieron relevantes funciones públicas desde sus respectivos servicios: Carlos Joaquín García Calvo y Juan Pedro Collado Ruiz. El primero de ellos fue jefe de Proyectos en el Consistorio, y el otro, director de la Oficina Técnica de la Concejalía de Infraestructuras. Pues bien, el juzgado descubrió que sociedades vinculadas a estos dos altos funcionarios municipales, como los despachos Vreda e Incotec, habían recibido relevantes ingresos económicos de un promotor ilicitano con fuertes intereses urbanísticos en Murcia: el propietario del Grupo RS, Ramón Salvador Águeda.

Lo más sospechoso de este asunto radicaba en el hecho de que, en la época en que se efectuaron esos pagos, los ingenieros estaban informando desde sus puestos en el Consistorio sobre un gran proyecto urbanístico que Ramón Salvador promovía en el término de Murcia: United Golf Resort La Tercia, en el que estaba previsto construir 1.124 viviendas. Con ello los técnicos no solo habrían incurrido en una causa de incompatibilidad manifiesta, sino que algunos datos apuntaban a que habrían otorgado un trato ilícito de favor a este empresario, ya que firmaron la recepción provisional y la definitiva de esa urbanización pese a las graves deficiencias que arrastraba. Entre estas destacaba la de no haber acometido las obras necesarias para garantizar el suministro eléctrico en el resort, lo que ocasionó perjuicios muy graves a los moradores. De hecho, los afectados acabaron llevando el asunto a los tribunales y el Ayuntamiento resultó condenado en el terreno contencioso-administrativo.

Pese a tener que admitir ahora que los posibles delitos están prescritos, el fiscal no ahorra calificativos para describir la actuación de los dos profesionales, que tacha de «irregularmente benévola, complaciente y condescendiente», lo que se vino a traducir además en «un beneficio o trato favorable para la promotora», y resalta que todo ello debe conectarse «con unos móviles económicos que podrían servir para tratar de acreditar y justificar que tal condescendencia pudo encuadrarse en el delito de cohecho».

Añade el fiscal Anticorrupción a modo de reflexión que «cuando contratas a la 'empresa del funcionario' en un proyecto donde sabes que este debe intervenir e informar sobre algún aspecto sectorial del mismo, eso lleva implícito que su actuación en el proyecto tenderá a ser condescendiente con las deficiencias que presente, cuando no directamente cómplice de las ventajas indebidamente permitidas». Algo que, en resumen, significa «utilizar en la actuación funcionarial esa inevitable discrecionalidad en aspectos técnicos del modo más favorable a quien le paga, al mismo tiempo, en el ámbito privado».

Eso sí, sobre el delito de prevaricación por el que ambos funcionarios llegaron a estar investigados, reseña el fiscal que no puede considerarse que lo hubieran cometido ya que se limitaron a informar en un expediente administrativo, pero sin que tales informes puedan considerarse una resolución como tal, que era una función que correspondía a la Junta de Gobierno.

En las diligencias ahora archivadas se investigó, asimismo, la actuación municipal en otros proyectos urbanísticos de Murcia, como el de Corvera Golf & Country Club, un plan parcial de Sangonera la Verde, otro en Torre de Romo, en Sucina...

Con la resolución dictada esta semana por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, David Castillejos, no solo se ven exculpados por prescripción los dos altos funcionarios señalados, sino también los promotores Ramón Salvador Águeda y Evaristo Vicente Candela y otros encausados 'colaterales' en estas diligencias, como el arquitecto Daniel Valenzuela Fernández, José Manuel Somalo y María Luisa Peñalver Rojo.

Estos tres últimos son profesionales que fueron contratados por Broncho Promociones y que estaban relacionados con el acta de recepción de las obras del resort La Tercia. Sobre todos ellos, el fiscal deja constancia de que su proceder, simplemente, no habría constituido delito alguno.