La Intervención de la Comunidad reclama la disolución de la desaladora de Escombreras

El origen de toda la controversia sobre esta planta fue una información periodística de LA VERDAD en la que se revelaba en 2013 que la empresa Hydro Management, constructora de la desalinizadora, había presentado una reclamación judicial contra esta sociedad pública dependiente de la Comunidad, exigiendo la rescisión del contrato de arrendamiento, el abono de la deuda y el pago adelantado de todas las rentas futuras, todo por un valor total de 600 millones de euros, más intereses y costas judiciales.

Esta no es la primera vez que la Intervención General duda de la viabilidad económica de la desaladora. Un informe previo llegó justo al Gobierno regional unos pocos días antes de que Alberto Garre pasara el testigo de la presidencia a Pedro Antonio Sánchez, que recepcionó ese informe tan políticamente delicado para el antecesor de ambos, Ramón Luis Valcárcel. Ahora, la Intervención General subraya que de seguir «esta situación de disminución muy acusada de ventas pueden concurrir alguna o algunas de las causas de disolución» establecida en la Ley de Sociedades de Capitales, «por lo que los administradores de la sociedad deberían proceder a la convocatoria de la Junta General de la misma para que esta adopte el acuerdo de disolución de la sociedad». Es más, la Intervención General recuerda a los administradores las consecuencias de no hacerlo: el artículo 367 de la citada ley establece la «responsabilidad solidaria de los administradores respecto de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, para el caso de que los administradores incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que esta adopte el acuerdo de disolución, así como para los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de acreedores de la sociedad». En diciembre de 2015, el Consejo de Gobierno de la Comunidad llegó a adoptar el acuerdo de extinción de la sociedad, pero no se llevaron a cabo todos los trámites para hacerla efectiva.

El informe de la Intervención, que establece una larga lista de recomendaciones, afirma que la sostenibilidad financiera de la planta es «crítica». La situación ya era complicada en 2019, cuando tenía patrimonio negativo neto, pero todo ha empeorado desde que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) comunicó en octubre del año pasado a Esamur que debía suspender el suministro a los usuarios, hasta que estos no acrediten que cumplen las medidas cautelares para proteger el acuífero del Campo de Cartagena y su incidencia en el Mar Menor.

En junio, la desaladora de Escombreras reanudó la venta de agua a algunos clientes que cumplían los requisitos. «La delicada situación financiera que venía arrastrando la sociedad hasta el ejercicio 2020, unido a las circunstancias sobrevenidas posteriormente, y que se mantienen a la fecha de emisión del presente informe, nos hacen dudar de la capacidad de la sociedad para seguir como negocio en funcionamiento», dice el informe, que fue analizado hace pocos días en un consejo de administración de Esamur, la entidad regional de saneamiento y depuración que es titular actual de la totalidad del capital social de la desaladora. Actualmente, según el informe de auditoría remitido por la firma Audytax, la sociedad de la desaladora tiene patrimonio neto negativo por importe de menos 3.754.772,12 euros, cifra que está por debajo de la del capital social que está obligado a reducir de forma obligatoria dado que no consigue recuperar patrimonio neto. Y no parece que pueda hacerlo porque todas las ventas de agua siguen condicionadas al cumplimiento de las medidas de protección del Mar Menor.

La factura de la desaladora creció para las arcas de la Comunidad Autónoma y asciende este año a 27,4 millones de euros por el arrendamiento y mantenimiento de la planta, con IVA incluido. A ello hay que sumar otros 5 millones de euros para inversiones en dicha desaladora, por parte de Esamur. Por la venta de agua, existía una previsión de ingresos de 11 millones de euros, aunque la desaladora se paralizó en octubre y apenas ha recuperado su plena actividad.

Justo un año antes, el coste económico de la desaladora superó la «línea roja», según la expresión de los propios servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, porque entonces las cuotas abonadas por la Administración regional en concepto de arrendamiento de la planta desaladora superaron el valor de tasación de esas mismas instalaciones, establecido por una firma auditora en 149.165.432 euros.

Mucho antes ya se había rebasado el coste íntegro de construcción, 125.679.115 euros, que en diciembre de 2005 quedó establecido en esa cuantía en el contrato suscrito entre las sociedades privadas vinculadas a ACS, impulsoras de ese proyecto, Hydro Management y Tedagua. A finales de 2020, la Comunidad ya había abonado más de 183 millones en virtud de los «leoninos compromisos» que, en palabras de la fiscal Maribel Neira, se habían asumido por altos cargos –con el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, a la cabeza–, y por los cuales se comprometieron a abonar a empresas del Grupo ACS ingentes cantidades de fondos públicos hasta 2030 por la explotación de la planta.

Si nada cambia en estos siete años se acabarán pagando con dinero público 540 millones por el aprovechamiento de una planta cuya construcción se presupuestó en poco más de 125 millones.