Indagan si el exjefe de Medicina Legal ayudó diez años a la red de los cadáveres

El magistrado ha instado a la presidenta de la organización Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (Cipimd), como testigo, a que aporte «las colaboraciones o actuaciones de cualquier tipo, debidamente documentadas, y en el ámbito de la identificación de cadáveres de inmigrantes y su repatriación realizadas de manera oficial con el investigado» R. B. «en los últimos diez años». Según ha podido acreditar LA VERDAD, el instructor justifica esta decisión, entre otros motivos, por la declaración prestada en sede judicial por la presidenta de Cipimd, quien aseguró «conocer» a R. B. y «haber mantenido con él una relación profesional».

Según consta en las diligencias, el exdirector del IML declaró como investigado el 25 de marzo ante la Guardia Civil, en Murcia, «como presunto autor de un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos». La Benemérita sospecha que conocía las actividades del supuesto líder de la organización criminal, Rachid S., y la difusión de fotos de cuerpos, y que a pesar de ello no realizó «acciones tendentes a la denuncia de ilícitos penales». Sí lo hizo una médico forense de Cartagena ante la Fiscalía.

R. B. afirmó a los agentes que supo de las fotos por una empleada de la ONG y que, en febrero de 2023, avisó a empleados del Instituto de Medicina Legal de Cartagena para que llevaran cuidado con la realización de imágenes. Admitió que, como médico forense, conocía a Rachid porque este trabajaba en una funeraria recogiendo cuerpos. Pero aseguró que llevaba diez años sin verlo y que desconocía que Rachid hubiera cometido delito alguno. Y agregó que desconocía si los auxiliares de forensía recibían sobres con dinero de funerarias.

Este diario intentó ayer recabar la versión de R. B. sobre la presidenta de Cipimd, a través de su abogado, Francisco Martínez-Escribano, y del Gobierno, pero no hubo respuesta. En un informe remitido al juzgado el 16 de julio, previa solicitud del magistrado, el Ministerio de Justicia asegura que R. B. tiene entre sus funciones «la organización y supervisión en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses»; y que «está encargado de gestionar la base de datos de cadáveres no identificados y compararlos con los datos de personas desaparecidas que facilite Cruz Roja Española».

Además, aclara que desde su nombramiento el 18 de octubre de 2021 cesó en sus funciones como director del IML de Murcia y, por ello, «carece de las atribuciones que el reglamento asigna a la dirección en materia de vigilancia» sobre el personal dependiente del instituto.