La Guardia Civil detiene a un alto funcionario de Urbanismo por sospechar que se vendía

La operación se inició a primera hora de la mañana, en apariencia cuando este alto funcionario salía de su vivienda en dirección a su puesto de trabajo, y fue arrestado por los guardias civiles a quienes el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha encomendado la investigación de este asunto sobre una supuesta desviación de poder. Los policías judiciales portaban una orden que les daba potestad para registrar el domicilio del sospechoso, y así procedieron a hacerlo, y seguidamente se dirigieron hasta la sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, sita en la Plaza Santoña de Murcia, para hacer lo propio con el despacho del hasta ese momento todavía jefe de los servicios jurídicos de Ordenación del Territorio.

A lo largo de más de una hora, según fuentes próximas al caso, los agentes intervinieron abundante documentación sobre asuntos urbanísticos en los que, a través de sus informes legales, ha tenido alguna intervención Luis P. A. en los últimos años. El material será ahora exhaustivamente analizado en busca de pruebas sobre la supuesta existencia de dictámenes sospechosos de arbitrariedad.

Al margen de la labor supervisora de toda la investigación que viene desarrollando el magistrado Fernández Ayuso, una parte nada despreciable del impulso a estas diligencias proviene de la Fiscalía Superior de la Región y, más concretamente, del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que lleva cerca de medio año indagando en este asunto, según las fuentes mencionadas.

A lo largo de este tiempo, se ha recabado un abundante acerbo probatorio, en el que destaca el resultado de intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos que sostienen haber sido requeridos para efectuar pagos a cambio de un presunto trato de favor en tramitaciones urbanísticas y, lo que es especialmente relevante, grabaciones de conversaciones con el principal sospechoso, en el que este presuntamente se le escucharía reclamar solicitudes de pagos para que se pudieran salvar algunos escollos administrativos.

El letrado Ginés Ruiz Maciá, ahora cabeza de lista al Ayuntamiento de Murcia por la coalición Podemos-Equo, admitió ayer a 'La Verdad' haber acompañado a la Fiscalía al menos a uno de los afectados por estas supuestas peticiones de dinero. Aunque rechazó ofrecer explicaciones detalladas acerca del contenido de las declaraciones prestadas por ese testigo, debido a que las diligencias se encuentran en fase de investigación, sí manifestó que «aportó pruebas materiales que vendrían a corroborar sus manifestaciones».

Otras fuentes apuntaron a que en las diligencias están identificados varios particulares y sociedades que habrían sido 'invitadas' a gratificar a este alto funcionario para asegurarse, presuntamente, de que sus informes jurídicos serían favorables a sus intereses urbanísticos.

Una de las cuestiones en las que Luis P. A. habría venido interviniendo con mayor asiduidad consistiría en la tramitación de autorizaciones o legalizaciones, por razones excepcionales, emitidas en favor de quienes pretendían edificar, o ya lo habían hecho, en suelos no urbanizables. Sus dictámenes, además, podían referirse a cualquier municipio de la Región por el hecho de encontrarse prestando servicio en la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Fuentes de toda solvencia, que han venido realizando un minucioso seguimiento de esta investigación desde sus orígenes, indicaban ayer, textualmente, que el mencionado funcionario «estaba desatado últimamente», con lo que apuntarían a que sus supuestos requerimientos económicos se habían intensificado en los últimos meses, a la vez que se mostraba cada vez menos precavido.

Después de los registros acometidos en su domicilio y en su despacho oficial, en los que estuvo presente, Luis P. A. fue conducido a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, donde permaneció arrestado. Los investigadores le tomaron declaración a primera hora de la tarde y, aunque no han trascendido detalles sobre el sentido de sus manifestaciones, el propio investigado señaló más tarde a 'La Verdad' que jamás ha reclamado dinero por sus dictámenes oficiales.

Un portavoz de la Consejería de Fomento explicó ayer tarde que el alto funcionario, que ocupaba un puesto de libre designación, había sido fulminantemente cesado en todas sus funciones, tras conocerse su detención y las graves imputaciones que en apariencia pesan sobre su persona.