La Guardia Civil detiene a un alto funcionario de Urbanismo por sospechar que se vendía

Luis P. A. /alfonso durán / agm
Luis P. A. / alfonso durán / agm

La investigación, activada hace medio año, reúne múltiples pruebas sobre sus presuntas peticiones de dinero a cambio de emitir informes favorables

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Mientras muchos de sus compañeros se vestían ayer 'de bonito' para participar en los actos festivos del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, un grupo de policías judiciales de la Comandancia de Murcia ponía en marcha, con la detención de un alto funcionario de la Consejería de Fomento, una nueva operación contra la corrupción en las instituciones públicas. El arrestado es el hasta ahora jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Luis P. A., sospechoso de haber reclamado gratificaciones económicas a particulares y empresas a cambio de la emisión de informes de conveniencia. De ahí que la principal imputación contra su persona sea la del cohecho, a la que se suman otras atribuciones delictivas, como la prevaricación, que deberán irse concretando con el transcurso de la investigación.

La operación se inició a primera hora de la mañana, en apariencia cuando este alto funcionario salía de su vivienda en dirección a su puesto de trabajo, y fue arrestado por los guardias civiles a quienes el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha encomendado la investigación de este asunto sobre una supuesta desviación de poder. Los policías judiciales portaban una orden que les daba potestad para registrar el domicilio del sospechoso, y así procedieron a hacerlo, y seguidamente se dirigieron hasta la sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, sita en la Plaza Santoña de Murcia, para hacer lo propio con el despacho del hasta ese momento todavía jefe de los servicios jurídicos de Ordenación del Territorio.

A lo largo de más de una hora, según fuentes próximas al caso, los agentes intervinieron abundante documentación sobre asuntos urbanísticos en los que, a través de sus informes legales, ha tenido alguna intervención Luis P. A. en los últimos años. El material será ahora exhaustivamente analizado en busca de pruebas sobre la supuesta existencia de dictámenes sospechosos de arbitrariedad.

Entre sus cometidos figura el de informar sobre los permisos para edificar por razones excepcionales

Medio año de indagaciones

Al margen de la labor supervisora de toda la investigación que viene desarrollando el magistrado Fernández Ayuso, una parte nada despreciable del impulso a estas diligencias proviene de la Fiscalía Superior de la Región y, más concretamente, del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que lleva cerca de medio año indagando en este asunto, según las fuentes mencionadas.

A lo largo de este tiempo, se ha recabado un abundante acerbo probatorio, en el que destaca el resultado de intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos que sostienen haber sido requeridos para efectuar pagos a cambio de un presunto trato de favor en tramitaciones urbanísticas y, lo que es especialmente relevante, grabaciones de conversaciones con el principal sospechoso, en el que este presuntamente se le escucharía reclamar solicitudes de pagos para que se pudieran salvar algunos escollos administrativos.

El letrado Ginés Ruiz Maciá, ahora cabeza de lista al Ayuntamiento de Murcia por la coalición Podemos-Equo, admitió ayer a 'La Verdad' haber acompañado a la Fiscalía al menos a uno de los afectados por estas supuestas peticiones de dinero. Aunque rechazó ofrecer explicaciones detalladas acerca del contenido de las declaraciones prestadas por ese testigo, debido a que las diligencias se encuentran en fase de investigación, sí manifestó que «aportó pruebas materiales que vendrían a corroborar sus manifestaciones».

Otras fuentes apuntaron a que en las diligencias están identificados varios particulares y sociedades que habrían sido 'invitadas' a gratificar a este alto funcionario para asegurarse, presuntamente, de que sus informes jurídicos serían favorables a sus intereses urbanísticos.

Una de las cuestiones en las que Luis P. A. habría venido interviniendo con mayor asiduidad consistiría en la tramitación de autorizaciones o legalizaciones, por razones excepcionales, emitidas en favor de quienes pretendían edificar, o ya lo habían hecho, en suelos no urbanizables. Sus dictámenes, además, podían referirse a cualquier municipio de la Región por el hecho de encontrarse prestando servicio en la Dirección General de Ordenación del Territorio.

«Voy a acudir a mi puesto de trabajo para que me expliquen por qué me han cesado», advierte el arrestado

«Mañana (por hoy) me presentaré en mi puesto de trabajo para que me notifiquen las razones por las que me han cesado», advirtió ayer noche el recién destituido jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Luis P. A., quien hacia las seis de la tarde fue puesto en libertad por los agentes de la Guardia Civil que investigan este caso de presunta desviación de poder. El funcionario se quejó por la aparente vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, en la que habrían incurrido los responsables de la Consejería de Fomento. «Tengo mucha curiosidad por conocer qué razones han alegado para apartarme de mis funciones, sobre todo teniendo en cuenta que las diligencias están declaradas secretas y que no deben tener ni un solo dato acerca de los hechos por los que se me está investigando», señaló.

Luis P. A. explicó que, durante el tiempo que permaneció arrestado en la Comandancia de la Guardia Civil, no se acogió a su derecho a permanecer callado y manifestó que había contestado a cuantas cuestiones le habían planteado los policías judiciales. «Después me han dejado en libertad, con lo cual no será tan grave aquello de lo que se me acusa, ¿verdad?», ironizó.

Sobre el origen de esta investigación judicial, apuntó a que la denuncia original partió de la propia Consejería, «por parte de alguna persona que no me quiere bien. Mi abogado va a iniciar acciones para averiguar de dónde surge todo esto», alertó.

«Estaba desatado»

Fuentes de toda solvencia, que han venido realizando un minucioso seguimiento de esta investigación desde sus orígenes, indicaban ayer, textualmente, que el mencionado funcionario «estaba desatado últimamente», con lo que apuntarían a que sus supuestos requerimientos económicos se habían intensificado en los últimos meses, a la vez que se mostraba cada vez menos precavido.

Después de los registros acometidos en su domicilio y en su despacho oficial, en los que estuvo presente, Luis P. A. fue conducido a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, donde permaneció arrestado. Los investigadores le tomaron declaración a primera hora de la tarde y, aunque no han trascendido detalles sobre el sentido de sus manifestaciones, el propio investigado señaló más tarde a 'La Verdad' que jamás ha reclamado dinero por sus dictámenes oficiales.

Un portavoz de la Consejería de Fomento explicó ayer tarde que el alto funcionario, que ocupaba un puesto de libre designación, había sido fulminantemente cesado en todas sus funciones, tras conocerse su detención y las graves imputaciones que en apariencia pesan sobre su persona.

López Miras: «Que le caiga todo el peso de la ley si se confirma»

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, manifestó ayer que, de confirmarse las presuntas prácticas corruptas del alto funcionario de Fomento, debe caer sobre él «todo el peso de la ley». López Miras quiso advertir, sin embargo, de quese trata de «un funcionario aislado», sin que su comportamiento nada tenga que ver con el del resto del personal de esa área, y confió en que el asunto se resuelva «cuanto antes».

«Un caso o comportamiento aislado de un funcionario -insistió- no debe empañar la buena gestión de la Administración regional».

El sospechoso, según explicaron fuentes de la Comunidad, se encontraba de vacaciones y no fue detenido en el edificio. Otras fuentes indicaron que había contraído matrimonio el pasado fin de semana, por lo que estaba disfrutando de unos días libres con ese motivo.

Los responsables de la Consejería expresaron su disposición a colaborar, «desde el primer momento», con la Guardia Civil y señalaron que la investigación se encuentra «bajo secreto de sumario», por lo que evitarán hacer «ninguna valoración». Por último, señalaron que hay que respetar la presunción de inocencia.