El Gobierno convoca un nuevo encuentro para el reparto de menores migrantes

El Congreso de los Diputados convalidó el 10 de abril el real decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados. Contó con 179 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP y Vox) y una abstención de UPN. Este texto legal, fruto de un acuerdo entre Gobierno y Junts, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto de menores migrantes entre las autonomías.

Precisamente, el real decreto ley da poder a la Conferencia Sectorial para poder modificar los criterios de derivación si así lo aprueba por unanimidad. Sin embargo, conseguirlo parece poco probable, ya que la mayoría de las autonomías gobernadas por el PP se han mostrado en contra del reparto de menores migrantes del Gobierno, al considerar que «invade competencias autonómicas».

El Gobierno regional ya ha anunciado que mostrará su rechazo al real decreto. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, rechaza la «propuesta de contingencia migratoria» diseñada por el Ejecutivo central «por hacerse de espaldas a las comunidades autónomas» y por tratarse de «un documento hecho a medida de los intereses de Cataluña, los socios independentistas de Sánchez».

«Todo está pactado y acordado entre el Gobierno central y Cataluña, y pretenden que aprobemos un real decreto ley que no ha sido consultado ni informado como corresponde a las comunidades autónomas», denuncia. De ahí que, desde la Región de Murcia, «se haya llevado al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad, ya que se trata de un acuerdo injusto y sectario».

Por otra parte, la asociación Yayoflautas Murcia protestó ayer en la puerta del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, contra el futuro cierre del centro de acogida para menores no acompañados, en la pedanía murciana de Santa Cruz, una exigencia de Vox al Partido Popular para contribuir a la aprobación de los Presupuestos.

Del mismo modo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, expresa también su rechazo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y pide a la ministra que la cancele. «Somos nosotros quienes tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores. Especialmente, cuando se trata de atenderles en situación de desamparo, la peor en la que se puede encontrar un niño», valoró.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha decidido llevar a los tribunales, con un nuevo recurso contencioso-administrativo, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo lunes.