Los socialistas levantinos intentan salvar el pacto del Trasvase Tajo-Segura

Ante el revés sufrido, en el Consell valenciano existe una sensación de traición y humillación, sobre todo por las formas empleadas por la ministra Teresa Ribera. El Gobierno de Ximo Puig no se da por vencido y está negociando de nuevo para tratar de reconducir la situación, junto con el PSOE murciano, informan diversas fuentes. La proximidad electoral puede no ayudar a lograr la paz. Piensan apelar al más alto nivel y buscar otra fórmula que evite un notable recorte del Trasvase de 80 hectómetros para los regadíos del Segura al final del ciclo de planificación en el año 2027, una merma que otros elevan a 105, la mitad de lo que se transfiere ahora.

El cambio que se había gestado días antes alcanzó su clímax en la sesión del Consejo Nacional del Agua del martes, cuando Hugo Morán dijo que los caudales ambientales se iban a implantar a rajatabla. El desconcierto fue creciendo entre los miembros de este organismo, que no estaban en el secreto del golpe de timón. Hubo mucho movimiento en el salón de actos del Ministerio, y también mucho pasillo, con un hervidero de comentarios. La ministra Teresa Ribera tuvo presencia a intervalos, pero le dejó a Morán la patata caliente, sentado junto al director general del Agua, Teodoro Estrela.

Saltó pues la primera alarma. El presidente del Sindicato de Regantes, Lucas Jiménez, no entendía nada. Lo dicho por Morán iba en contra de la disposición pactada en el real decreto para condicionar la subida de caudales al buen estado ambiental de las masas de agua. Solicitó una aclaración al secretario de Estado, haciéndole ver que el decreto decía otra cosa. El número dos del Ministerio le dijo que ambos aspectos «no estaban vinculados».

La consejera andaluza de Agricultura y Agua, Carmen Crespo, pidió otra aclaración, y a continuación el consejero murciano Antonio Luengo hizo lo mismo. El secretario de Estado se reafirmó -«aclaración sobre aclaración», dijo- y declaró que había que cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y el Plan del Tajo. La novedad, apuntó, es que la subida de caudales no se iba a producir de golpe, sino de forma escalonada. No era ninguna novedad, puesto que ya se sabía desde mayo y así viene en la planificación del Tajo. Se entiende ahora que ese escalonamiento ha sido la concesión que hizo en su día el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero no más.

Algunos comprobaron que Hugo Morán y el representante castellano manchego -José Manuel Martín Aparicio, director gerente de la Agencia del Agua- habían escenificado su pacto, un guion preparado, con el añadido de que el decreto favorable al Trasvase iba a ser modificado posteriormente, aunque también hubiera recibido el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. El Ministerio, en definitiva, presentó al máximo órgano consultivo en la materia dos documentos, uno de los cuales no piensa cumplir pese a haberlo elaborado él mismo.

Se produjo otro hecho difícil de entender en medio de tanto revuelo: el representante de Castilla-La Mancha cambió de opinión durante la reunión y votó a favor del Plan del Tajo y el decreto dando por válida la declaración 'in voce' de Hugo Morán y convencido de que el texto iba a ser modificado. Sería «perfeccionado», fue el término empleado.

En la sesión, participó el responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, a quien le cambió el semblante, como a otros, al comprobar el giro que habían dado sus jefes del Ministerio, según comentaron algunos de los presentes. Con toda la intención, Urrea había introducido en el Plan del Segura un apartado indicando que un caudal de 7 metros cúbicos en Aranjuez podía ser un escenario asumible en la cuenca del Segura, que a fin de cuentas es la base del acuerdo que se ha visto casi frustrado. Asimismo, puso mucho énfasis en destacar el grave perjuicio socioeconómico que se producirá en la Región de Murcia, Alicante y Almería con un recorte del Tajo de más de 90 hectómetros. Urrea comprobó que esa arquitectura hidrológica -obtuvo el voto favorable del Sindicato de Regantes- se resquebrajaba.

En el Consejo Nacional del Agua reinó una auténtica ceremonia de la confusión, que era al parecer lo que pretendía la ministra Teresa Ribera: que nadie entendiera lo que estaba pasando ni supiera a qué atenerse. No faltan quienes atribuyen a la vicepresidenta el giro de última hora y el incumplimiento de lo pactado con Ximo Puig y José Vélez. En esta «astracanada», como lo define Lucas Jiménez, al secretario de Estado le ha tocado la peor parte, ya que fue uno de los artífices del acuerdo y ahora se ha quedado casi a los pies de los caballos.

Por la mañana y para caldear el ambiente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, levantó la liebre al declarar que el día anterior se habían producido «conversaciones» muy intensas para eliminar «los baches y zancadillas» en torno al Plan del Tajo. «Creo que hoy va a ser un día verdaderamente histórico para Castilla-La Mancha», manifestó el dirigente de Toledo, que ha presionado al Ministerio con más ímpetu que Puig y Vélez.

Algunos creyeron que Page iba de farol, pero cobró todo el sentido al escuchar después a Hugo Morán. El Ministerio ya no quería saber nada del acuerdo previo que había alcanzado con Ximo Puig y José Vélez, a los que ha dejado en entredicho en sus territorios. Eludía entrar en ese tema. Teresa Ribera ha cambiado a un socio por otro en cuestión de horas. Y también de planeamiento, lo cual puede tener su explicación porque en el fondo no le gustaba el acuerdo con la Comunidad Valenciana y el PSOE murciano. Si aceptó la negociación, fue a regañadientes, ya que nunca ha ocultado su tendencia antitrasvasista. O su inclinación a trasvasar lo mínimo, aunque es consciente del papel del acueducto. De hecho, en su alocución posterior al Consejo del Agua mencionó los trasvases junto a las otras fuentes de recursos.

Al día siguiente, miércoles, en una comparecencia en el Senado sobre Presupuestos, Hugo Morán manifestó, a preguntas del senador murciano de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que no había vuelta atrás, por lo que el acuerdo con Puig y Vélez se quedaba en humo, por si alguien albergaba alguna duda. «Es imposible que demos marcha atrás en nada, porque hay cinco sentencias de los tribunales que no nos van a dejar que demos marcha atrás», contestó. Resulta llamativo que diera a entender, precisamente en la Cámara Alta, que el Gobierno de España no pensaba cumplir una disposición de un decreto ministerial a la que había dado su voto favorable en el Consejo Nacional del Agua. Expuso con claridad lo ya sabido, que el recorte del Trasvase se suplirá con agua desalada.

Hay tantos elementos sorprendentes en los últimos días que merece la pena añadir otro: ¿por qué negoció el Ministerio con Murcia y Valencia, sabiendo que García-Page, en defensa de su región, se iba a oponer a cualquier elemento que alterara el Plan del Tajo y la aplicación 'stricto sensu' de los caudales ecológicos?

Otro episodio clave de estos días se produjo la víspera del Consejo Nacional del Agua, cuando la cúpula del Ministerio convocó el lunes en la sede socialista de Ferraz a representantes del partido de todos los territorios, en particular de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, que eran los que más tenían que decir y opinar por sus discrepancias sobre el Trasvase. La Región estuvo representada por Fernando Moreno y Fernando José López Palacios. El orden del día era escueto: planes hidrológicos de cuenca y temas varios.

Hugo Morán y Marc Pons, secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Federal, dirigieron la reunión, que tenía como objetivo sondear el ambiente en lo relativo al Plan del Tajo, los caudales ecológicos y el Trasvase, y al mismo tiempo preparar el escenario para el día siguiente. Nadie salió con una idea clara sobre las intenciones del Ministerio y, al mismo tiempo, pocos pensaron que la situación iba a cambiar, relatan diversas fuentes. El delegado del Gobierno, José Vélez, dijo que no se tomó ninguna decisión y que el Ministerio no expuso lo que pensaba hacer.

El Trasvase Tajo-Segura ha desencadenado una guerra del agua entre los barones socialistas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana que se desenvuelve entre bastidores y que va subiendo de tono; un conflicto que la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha sido incapaz de resolver con un acuerdo de mínimos entre las partes. Es más, la confrontación se está agravando después de lo sucedido en el Consejo Nacional del Agua, y las miradas se dirigen al Ministerio.

La reacción del Sindicato de Regantes del Trasvase fue de estupor ante «una broma cruel». Lucas Jiménez pidió explicaciones a Ximo Puig y a José Vélez, los negociadores de un acuerdo que quedó casi tocado de muerte antes de nacer, ya que las palabras de Hugo Morán -reiteradas- no dejaban lugar a dudas sobre lo que pensaba hacer el Ministerio. Para los regantes, esas declaraciones del secretario de Estado valen más que toda la documentación oficial. Al mismo tiempo, se asombran del gran paripé -la «astracanada», dicen- en el que se había convertido la sesión del Consejo a causa de las maniobras del Ministerio, impresión compartida por otros participantes. El Scrats, que se había agarrado al salvavidas del decreto, aguardará a ver cómo discurren los acontecimientos, aunque no arroja la toalla. Ha anunciado movilizaciones y protestas.

El presidente regional, López Miras, denunció «la mayor afrenta a la Región» por el «hachazo» al Trasvase; mientras que el consejero Antonio Luengo censuró el «engaño histórico perpetrado por el Gobierno de España». El PP de Murcia y de la Comunidad Valenciana sienten que vuelven a recuperar la baza electoral del Trasvase. Carlos Mazón se ha lanzado a la yugular política de Ximo Puig. Regantes y populares levantinos creen innecesario subir el caudal, por poco que sea.

Mientras que en Castilla-La Mancha celebran una victoria por anticipado, Puig y Vélez tienen que dar explicaciones casi a diario, aunque no se dan por vencidos. En el Consell valenciano, el malestar es mayor, con un sentimiento de traición y deslealtad por parte de Ribera. Hay quienes le atribuyen que haya urdido la operación para que fracase el acuerdo, en connivencia con García-Page. Fuentes conocedoras del desarrollo de las intensas negociaciones que se llevaron a cabo durante meses indican que la vicepresidenta conocía los detalles de las conversaciones a varias bandas llevadas a cabo por Hugo Morán y Teodoro Estrela con representantes del Consell, entre ellos el secretario autonómico Rogelio Llanes y el director del Agua, Manuel Aldeguer, así como del PSOE murciano.

Aseguran igualmente que García-Page estuvo informado y nunca expresó un rechazo frontal al texto que se estaba preparando para darle un margen de maniobra a la aplicación de los caudales y al Trasvase. Se pudo oponer antes y frenar las negociaciones, pero no lo hizo. De hecho, permaneció en silencio cuando se conoció el acuerdo y se distribuyó toda la documentación a los miembros del Consejo Nacional del Agua. Ha gestionado la situación de otro modo y ha ganado este pulso.

Teresa Ribera ha dejado en entredicho a su equipo y no ha dado explicaciones. Parece que se dispone a culminar la operación eliminando la cláusula, la parte sustancial, que ella misma había autorizado. Para ello, el Ministerio invoca que hay que cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre el caudal ecológico del Tajo, algo que al parecer no tuvo tan en cuenta en las negociaciones. Hasta donde se conoce, tales sentencias no obligan a subir el caudal ni a bajarlo. No entran en esa cuestión, solo dicen que hay que fijarlo, el que sea. Los dictámenes de ambos Consejos no son vinculantes y la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros, que será informado por Teresa Ribera.