La Fiscalía, sobre el caso de la prostitución de menores: «Hay que evitar una llamada a la impunidad»
Díaz Manzanera aboga por limitar «con más dureza» el plazo de las investigaciones y por un plan de objetivos para el personal de la Administración de Justicia
El fiscal superior de la Comunidad José Luis Díaz Manzanera no escondió este miércoles su preocupación por el eco que puede generar en la sociedad el caso de los empresarios condenados tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo, que no pisarán finalmente la cárcel. «Hay que evitar una llamada a la impunidad porque es un mensaje peligroso para la sociedad», subrayó. «Las víctimas se pueden plantear no denunciar ante la deficiente respuesta de la Justicia y los agresores pueden pensar que estos casos acaban con sanciones mínimas».
«La Justicia se tiene que tomar en serio de una vez en este país por parte de los políticos».
El representante del Ministerio Público aprovechó este martes la presentación de la memoria anual del organismo para defender la postura de la Fiscalía en la resolución de este caso. Díaz Manzanera vinculó el acuerdo de conformidad alcanzado con las defensas, entre otras cuestiones, al extraordinario retraso registrado en este procedimiento. «Los plazos de respuesta son inasumibles en un Estado de Derecho moderno», subrayó. «La Justicia se tiene que tomar en serio de una vez en este país por parte de los políticos». El fiscal superior reconoció que «es desolador que haya que resignarse a que los procedimientos mínimamente complejos estén condenados a alargarse en el tiempo finalizando con penas ridículas».
En el caso concreto de la red de prostitución de menores Díaz Manzanera defendió que el acuerdo de conformidad alcanzado «es perfectamente legal» y responde a las circunstancias que se dieron en el mismo. Descartó, además, que hubiese habido un cambio de criterio en el organismo en base a la presión de la movilización ciudadana registrada en las últimas semanas, tal y como sostuvieron las defensas de los procesados durante las vistas de esta semana. «La Fiscalía no llegó a comprometerse de manera tajante con la suspensión de las penas. No quedó reflejada ni se firmó», remarcó. El representante asumió que estas rebajas generan «sanciones irrisorias» y una sensación de impunidad. «Así la justicia deja de serlo», recalcó.
Díaz Manzanera incidió, asimismo, en la necesidad de buscar soluciones a los retrasos judiciales para evitar que la, en ocasiones «obligada», aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas conlleve rebajas como las de este polémico caso. En este sentido, abogó por una mayor dotación de medios personales y por limitar «con más dureza» los plazos de las investigaciones. Puso sobre la mesa, además, la necesidad de un «plan de objetivos» de obligado cumplimiento para el personal de la Administración de Justicia. «Hay que tener una mayor autoexigencia profesional», incidió. «Si hay que celebrar juicios por la tarde, se celebran».
Auge de la delincuencia sexual
Más allá del tsunami social desatado por este caso, el fiscal superior profundizó este miércoles en los detalles de la memoria anual del organismo que preside. En este sentido, destacó, entre otras cuestiones, un auge de la violencia sexual que en los últimos años parece no encontrar techo. A lo largo del pasado año se denunciaron 951 agresiones sexuales, prácticamente una media de dos diarias. Esta categoría delictiva, que alcanzó un mayor peso en base a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', aumentó un 65% en ese ejercicio. Los abusos sexuales, por su parte, se redujeron de 472 en 2022 a 105 el pasado año.
En este ámbito, hasta 137 menores de edad se las vieron el pasado año con la justicia acusados de delitos sexuales. La cifra supone un aumento de un 17% respecto a los números recabados solo un año antes, pero el número de delitos sexuales cometidos por adolescentes que aún no alcanzan los 18 años prácticamente se ha duplicado en los últimos años –en 2021, por ejemplo, se registraron en la Comunidad 59 casos–.
Díaz Manzanera puso el énfasis, además, en el incremento de la «precocidad delictiva». Explicó que en 2023 la Fiscalía dio carpetazo a 40 casos en la Comunidad porque sus acusados no alcanzaban el mínimo de edad que exige la ley. El número era prácticamente el doble de las 21 diligencias archivadas en 2022.
