La Fiscalía reclama tres años de prisión a Mendoza por obras ilegales en la UCAM

El Ministerio Público, en el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso LA VERDAD, le considera autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, al considerar que incumplió de forma deliberada la normativa aplicable a esos terrenos no urbanizables, «de alto interés ambiental y paisajístico» y sujetos de esta forma «a las máximas restricciones y cautelas frente a todo tipo de restricciones urbanísticas».

En su relato de hechos, el fiscal delegado de delitos contra el medio ambiente, Miguel de Mata, recuerda que, el 29 de julio de 2015, el Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Murcia detectó que José Luis Mendoza, como presidente de la Fundación Universitaria San Antonio, había construido una serie de edificios sin licencia en el campus de Guadalupe.

En concreto, se trataba de un aulario de casi 2.500 metros cuadrados, un laboratorio, un almacén, un porche, una cafetería y una caseta para un grupo electrógeno, con una superficie total de unos 3.500 metros cuadrados.

Las obras se habrían acometido entre los años 2011 y 2013, «en ejecución de un plan previamente concebido, a sabiendas de que carecía de licencia alguna y sin haber solicitado autorización previa para su construcción». El fiscal va más allá al considerar que los inmuebles son «ilegalizables» -pese a lo que viene manteniendo la UCAM desde hace años-, pues se levantaron sobre un suelo declarado 'No Urbanizable. Zona NR Huerta. Rincones y Cabecera del Segura y otros espacios de alto interés'.

Más aún, asegura que la mayor parte de las edificaciones ni siquiera cumplían los parámetros de parcela mínima y excedían de la superficie máxima construida. Y recuerda que aunque en 2011 se le concedió una licencia por interés público para hacer un aulario, se le exigió que a su construcción se desmontaran varias instalaciones provisionales, como el Aulario VII, una librería-copistería, y un edificio de oficinas, que tampoco contaban con licencia. También se debía dejar sin pavimentar el 90% de la superficie de la finca.

No solo había incumplido todas las condiciones fijadas, sino que habría aprovechado para abrir en esos inmuebles la cafetería de 235 m2 y la caseta para el grupo electrógeno, además de haber pavimentado el 100% del terreno.

Todo ello llevó al Ayuntamiento de Murcia a dictar un decreto, en diciembre de 2016, revocando la licencia otorgada, y otro advirtiendo de la imposibilidad de legalización de esas obras.

El fiscal De Mata pone de relieve que todas esas obras se ejecutaron en el entorno de protección de un Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, como lo es la Iglesia y Monasterio de San Pedro-Los Jerónimos, que obliga a que cualquier actuación en su entorno cuente con la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Mendoza, recuerda la Fiscalía, presentó en julio de 2015 una solicitud de legalización excepcional por razones de interés público, aportando además la justificación de que había adquirido nuevas parcelas en esa zona para conseguir un recálculo de los parámetros urbanísticos. Pero deja constancia de que la Consejería de Cultura desestimó la petición, «por silencio negativo», lo que ha llevado a la UCAM a promover un recurso contencioso-administrativo que está pendiente de resolución.

Por todas estas razones, el Ministerio Público considera a José Luis Mendoza autor de un delito contra la ordenación del territorio y reclama la imposición de las penas antes señaladas. Igualmente insta a demoler los edificios sin licencia y a imponerle una fianza de 70.000 euros para acometer esos trabajos de derribo.

Entre los testigos y peritos a los que propone para el juicio oral, cuya fecha está sin fijar, destacan el subdirector técnico de la Concejalía de Urbanismo de Murcia, Ángel Lajarín; el arquitecto Jaime Gadea, y el exjefe de Patrimonio Histórico, Miguel San Nicolás del Toro.