La Universidad Católica entra al choque y califica la petición de «disparatada»
El portavoz de la institución docente insiste en un comunicado en que los edificios «son legalizables» y reclama el archivo de las actuaciones
«La disparatada petición del fiscal obedece al objetivo de provocar un titular grandilocuente con el que hacer daño a esta institución universitaria, a ... sus trabajadores y estudiantes, sabiendo bien que es totalmente injusta». Así arranca el comunicado que un portavoz de la Universidad Católica San Antonio-UCAM, remitió este viernes a este periódico cuando se le pidió su versión sobre el escrito presentado por la Fiscalía Superior de la Región.
En esta ocasión, tras conocer que el Ministerio Público reclama tres años de prisión para José Luis Mendoza, la institución universitaria fue directamente al choque.
En la línea de defensa que viene manteniendo desde el principio, el portavoz de la UCAM aseguró que los edificios a los que se refiere el fiscal son «prefabricados desmontables, en la zona sur del campus y destinados a aularios y servicios educativos, y son legalizables desde el primer momento».
Continuó el razonamiento señalando que «la legislación regula perfectamente su autorización y legalización, al ubicarse en suelo considerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como no urbanizable sin protección (ni general, ni especial, ni municipal ni autonómica, ni estatal), permitiéndose de manera expresa la implantación de actividades docentes en general».
Por tales razones, insistieron, la UCAM reclama el archivo de las actuaciones, «al no existir ningún ilícito penal», y ha planteado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto de procedimiento abreviado por el que se procesó a José Luis Mendoza.
«El propio PGOU -añadieron las fuentes mencionadas- reconoce el carácter de interés público para la enseñanza superior, y además la Fundación Universitaria San Antonio, titular de la Universidad, es también de interés público por orden ministerial».
La Administración Pública habría venido aplicando esa misma legislación a la UCAM, según el comunicado difundido este viernes, «y en 2011 le dio una autorización para aularios exactamente en el mismo lugar donde se han ubicado los prefabricados y para idéntico fin».
La institución universitaria finalizó su alegato recordando que ese interés social se justifica igualmente por ser una fundación «sin ánimo de lucro, que da empleo a más de 3.700 personas y genera riqueza para la Región».
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