Solo 17 de 1.642 conductores con positivo en drogas acabaron ante el juez en 2023
La Fiscalía de la Región reclama cooperación en la lucha contra los estupefacientes al volante
Un año más –y ya van muchos– la Fiscalía sigue denunciando la «impunidad» que se da en la batalla contra las drogas al volante. El Ministerio Público organizó este lunes un encuentro en Murcia con representantes de las policías locales de los 45 municipios de la Región para pedir su «cooperación» con el objetivo de mejorar algunos aspectos relacionados con la seguridad vial.
La escasa derivación a la vía penal de los casos de aquellos automovilistas que circulan tras tomar drogas fue uno de los principales asuntos que se puso encima de la mesa. El pasado año 1.642 conductores dieron positivo en diversas sustancias estupefacientes en los controles de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Murcia. De ellos, solo 17 acabaron viéndoselas con la justicia, un 1,03% del total.
«No existe aún una homologación total del aparato a través del cual se puede reflejar objetivamente la tasa que pueda tener la persona», explicó el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera. Esta es una situación que lleva años repitiéndose y que llevó en el año 2018 al fiscal de Seguridad Vial de la Región, Pablo Lanzarote, a proponer una reforma legislativa para que los conductores se enfrentasen a un delito automáticamente tras dar positivo en una de estas pruebas. Una propuesta que lamentablemente no salió adelante.
Actualmente, el artículo 379.2 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta seis meses y con la retirada del permiso de conducir durante un tiempo máximo de cuatro años la conducción bajo los efectos de las drogas. Para considerar la existencia de este delito, sin embargo, no basta solo con el positivo del automovilista en la prueba de drogas, sino que se debe acreditar que presenta síntomas de estar influenciado por estas sustancias y que estas afectan a su conducción.
Este es un requisito que no se tiene en cuenta en el caso del alcohol, en el que inmediatamente un positivo por encima de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado se traduce en un delito y su consiguiente condena. «Sí se están haciendo (controles sobre el consumo de drogas), pero, por esta problemática, la gran mayoría se están sancionando por la vía administrativa», remarca Díaz Manzanera. «Por la vía penal, seguramente, sería más ejemplarizante».
Caen los delitos de tráfico
El representante del Ministerio Público aprovechó el encuentro para avanzar además algunos de los datos relativos a la actividad que la Fiscalía de Seguridad Vial –la que concentra un mayor porcentaje de diligencias– desplegó el pasado año. En 2023 se incoaron 4.628 diligencias por delitos de tráfico en la Comunidad, un 14,48% menos que un año antes. Los procedimientos contra automovilistas que fueron sorprendidos circulando tras tomar alcohol ascendieron a 2.553, un 18,3% menos que en 2022. Una rebaja que también se dejó notar en los delitos de conducción sin permiso o desobediencia a la hora de someterse a la prueba de alcoholemia, que Díaz Manzanera vinculó con un menor número de controles a los automovilistas.
