La Fiscalía alerta del repunte de los atracos perpetrados por menores

El repunte de la criminalidad entre los más jóvenes, sin embargo, se deja notar con mucha mayor fuerza en algunos delitos de especial gravedad, como los robos con violencia e intimidación, que se disparan un 56%. El año pasado, la Fiscalía abrió diligencias a 287 menores por verse supuestamente implicados en atracos, la cifra prácticamente duplica la del año anterior (183) . Según explica la fiscal especialista, Celia Susana, en su informe, los delitos de daños también dibujaron el pasado una tendencia ascendente –pasaron de 162 a 213–, al igual que los de tráfico de drogas –que aumentaron de 29 a 46–.

Es, no obstante, en los delitos sexuales donde el repunte de la criminalidad se hace más evidente. Como ya avanzó LA VERDAD, hasta 117 menores de edad se las vieron el pasado año con la justicia acusados de ataques sexuales. La cifra prácticamente se ha duplicado en la Comunidad a lo largo del último año –en 2021 se registraron 59 casos–.

La estadística que el Ministerio Público ha puesto encima de la mesa recoge los 52 menores que fueron enjuiciados por supuestos delitos de agresión sexual, frente a los 19 que lo hicieron en 2021. Los casos de presuntos abusos sexuales, por su parte, condujeron a estrados a otros 65 menores de edad, un 62,5% más que el año anterior. El incremento de este tipo de delincuencia sexual es generalizado –también entre los adultos y a nivel nacional – y transcurre parejo al repunte generalizado de la criminalidad tras el 'impasse' generado por la pandemia.

El incremento de la delincuencia juvenil es solo una de las muchas ideas que recoge la Fiscalía regional en una memoria anual de hasta 75 folios. En ella la fiscal especialista en Extranjería analiza también la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras su reciente reforma, y alerta de la existencia de un problema de seguridad que ya había sido advertido por el director de estas instalaciones. El Ministerio Público explica que los cierres automáticos que se instalaron en las puertas de acceso a los comedores no cuentan con un sistema de seguridad –llamado Tramer– y eso permite que puedan ser bloqueadas interponiéndose entre ellas. Una realidad que se repite asimismo con el cierre de las habitaciones de los internos. Esta nueva tecnología, explica la fiscal, aunque ha supuesto «una mejora en la calidad de la estancia en el centro, puede suponer en un futuro problemas a la hora de evitar posibles revueltas y fugas».

En materia de violencia sobre la mujer, la fiscal especialista, Concepción López, vuelve a alertar, como ya ha venido haciendo reiteradamente en sus últimos informes, sobre los problemas que genera el uso de las pulseras GPS para poder vigilar el necesario distanciamiento de la víctima de malos tratos con su agresor. El Ministerio Público advierte de lo «gravoso» que supone para las afectadas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provocan ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer, incluso, en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos electrónicos.

La fiscal explica, además, que el hecho de que los juzgados de Violencia sobre la Mujer no cuenten con guardia permanentemente obliga, en determinados días y horas, a derivar el caso a los juzgados de guardia generales. Una situación que, alerta, genera una «victimización secundaria» de las afectadas que deben iniciar un «peregrinaje» por los órganos judiciales que, en ocasiones, lamenta la Fiscalía, le lleva finalmente a desistir de dar el paso.

La Fiscalía también advierte, en su memoria anual, sobre las «situaciones de vulnerabilidad» ahora atraviesan muchos extranjeros que se ganan la vida en la Región. Una realidad, subraya, que se ceba especialmente con aquellos que carecen de permiso de trabajo y de residencia. «La vulnerabilidad puede venir determinada también por la realización de jornadas de trabajo excesivas, con escasos periodos de descanso o vacaciones, derivado de la necesidad de la necesidad de obtener ingresos económicos, lo cual puede conllevar aumento del riesgo en los casos de trabajos en los que se utilizan instrumentos o equipos que requieren especial atención», incide.

El Ministerio Público llama la atención, en este punto, sobre la siniestralidad en aquellas explotaciones agrícolas en las que cada día concurren numerosos jornaleros migrantes y específicamente sobre el riesgo de los transportes en furgonetas a estas. «No es extraño que el propio conductor también realice en el campo jornadas similares a las del resto de trabajadores y, al acabar la misma, además le corresponde conducir», explica, a la vez que remarca que la jornada de trabajo debe adaptarse a esa circunstancia «evitando situaciones de especial cansancio que dificulten la destreza y la concentración en la conducción».

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ya ha advertido hasta la saciedad que el problema de contaminación que sufre el Mar Menor «no es solucionable en vía judicial». La Fiscalía General del Estado (FGE), en su último informe, recoge esta misma idea y hace hincapié en el reto que supondrá la recuperación de la laguna salada. «Constituye un desafío a nuestra capacidad como sociedad, que nos creemos avanzada, no ya para mejorar nuestros ecosistemas, que es lo esperado, sino cuanto menos para cumplir con nuestra obligación de conservarlos para el disfrute de próximas generaciones», subraya.

El Ministerio Público remarca que «estamos inmersos en un proceso de eutrofización del Mar Menor que ha sido más evidente en los últimos años y que es fruto de una mala gestión de los nitratos provocados principalmente por la actividad agraria». El organismo explica que puede haber casos en los que se puedan apreciar responsabilidades penales individualizadas por acreditación de vertidos contaminantes, como es el caso de uso de las desaladoras. Remarca, no obstante, que en la contaminación de este enclave «intervienen otros muchos factores difícilmente individualizables (sierra minera, regadíos legales e ilegales, insuficiente depuración de aguas residuales, urbanismo descontrolado en décadas anteriores...)».

La solución, en todo caso, subraya, «requerirá de la implicación y esfuerzo coordinado de las distintas administraciones, buscando el consenso técnico y social». La Fiscalía remarca que el éxito dependerá también de «la eficacia de las decisiones que pudieran adoptarse huyendo de intereses de otra naturaleza, so riesgo claro de que fenómenos tales como los episodios de mortandad de peces acaecidos en 2019, 2021 y 2022 se repitan con más frecuencia y se cronifique el problema hasta que sea irreversible».

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo manejó el año pasado un número de diligencias muy superior el de otros ejercicios. Lo achaca a las actuaciones por el uso de pozos ilegales en el entorno del Mar Menor.