El fiscal pretende que un jurado popular juzgue a Berberena por el caso de los regalos de relojes de lujo

El fiscal recuerda en su escrito, al que tuvo acceso LA VERDAD, que el magistrado del 'caso Umbra', David Castillejos, dictó en octubre de 2018 un auto de incoación de procedimiento abreviado por el que se encaminaba hacia un tribunal profesional, en la Audiencia Provincial, esta pieza separada del 'Teatro Circo' en la que se ha investigado el presunto regalo de relojes de lujo a Berberena, así como unas posibles actuaciones delictivas en la multimillonaria compensación por el traslado de unas granjas de cerdos en el norte del municipio de Murcia, entre otros asuntos.

Más concretamente, en este procedimiento se han venido investigando las presuntas y bochornosas relaciones que en apariencia existían entre promotores de grandes desarrollos urbanísticos y altos responsables municipales, con la consiguiente influencia que estos contactos pudieron tener sobre dos planes parciales concretos de la zona norte del municipio: el Convenio 20/05, que varias promotoras, entre ellas Fadesa, desarrollaron sobre casi dos millones de metros cuadrados, y el Convenio 30/05, que Ramón Salvador Águeda y otros constructores promovieron sobre casi 1,5 millones de metros cuadrados.

Pues bien, en el primero se dio la sospechosa circunstancia de que el Ayuntamiento, previos informes de Urbanismo, compensó con casi setenta millones de euros el traslado de tres granjas porcinas que, según los peritos, no costaba más allá de siete millones.

En relación con este convenio se encaminan hacia el banquillo, acusados de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, el exdirector de Urbanismo, Alberto Guerra, y el representante de Fadesa, Miguel Ángel Barruso, por la compraventa de una parcela, presuntamente a mitad de precio, de la que se habría beneficiado el alto funcionario. En concreto, pagó 90.000 euros por un solar de mil metros cuadrados en la urbanización Casa del Aire de Molina de Segura, cuando las parcelas contiguas habían costado el doble.

Por lo que se refiere al segundo plan parcial, se acusa formalmente de un delito de cohecho al exconcejal Berberena por la recepción de tres relojes de lujo –Roger Dubois, Bulgary, Cartier...–, cuyo precio total rondaba los 40.000 euros y que recibió del promotor Ramón Salvador. Aunque el expolítico declaró que se los compró al empresario a bajo precio, el magistrado insiste en que no existe prueba alguna de ello, salvo las propias declaraciones de Berberena, y que ello tampoco impediría que se hubiera incurrido en ese supuesto cohecho.

Finalmente, en su auto de procedimiento abreviado de octubre de 2018, el juez imputó prevaricación a Fernando Berberena, Alberto Guerra y Ramón Salvador por las presuntas irregularidades en los dos planes parciales del norte del término municipal, pero también a los funcionarios Joaquín Peñalver y María de la O Chica, que participaron en varios informes que sirvieron para avalar las decisiones municipales.

Ahora, el Ministerio Fiscal recuerda que el delito de cohecho es competencia de un tribunal popular, por lo que requiere al juez Castillejos para que anule su anterior resolución y dicte otra, manteniendo las mismas imputaciones delictivas, pero encaminando el asunto hacia un jurado.