El fiscal pide 13 años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez por el 'caso Guardería'

El fiscal Juan Pablo Lozano, en su escrito de acusación dirigido a la jueza del caso, al que ha tenido acceso LA VERDAD, también solicita penas de prisión e inhabilitación para otros diez acusados, entre los que figuran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras, así como varios responsables de la empresa Urdecon, cuando se cometieron los hechos, entre los años 2007 a 2010. La Fiscalía considera que la escuela infantil y el centro de la mujer, que iban a tener usos independientes dentro de un mismo edificio, fueron concebidos de «modo fraudulento», y que provocaron «sobrecostes ilícitos».

En su relato, el fiscal sostiene que se trató de «conseguir ilícitamente dinero de distintas subvenciones con el único propósito de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar un edificio de interés público, si bien, para ello, no se dudó en trocear proyectos inejecutables 'per se', simular licitaciones públicas, certificar mendazmente partidas de obra para poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la subvención, y aceptar pagar dinero público por obras inexistentes cuyo destino real, más allá de ser percibido por Construcciones Urdecon SA, resulta incierto. Por ello, al depender necesariamente unos proyectos de los otros solo podía ejecutar la obra la que fuese contratista inicial, de modo que todos los expedientes de contratación estaban predeterminados ilícitamente con la anuencia de todos sus intervinientes para adjudicárselos a Construcciones Urdecon, con perjuicio del resto de empresas licitantes de buena fe que ninguna opción real tenían porque evidenciarían el fraude cometido», señala.

Añade que se llegaron «a certificar como terminadas obras inexistentes», y que «al margen de la vulneración de la normativa de aprobación de proyectos y contratación administrativa, también hubo desviación de dinero público mediante sobrecostes ilícitos». Apunta, asimismo, que en el total de la obra certificada ilícitamente entre los siete proyectos, atendiendo al PEM (presupuesto de ejecución material) de la misma de 1.382.392 euros «para una superficie de 1.635 metros cuadrados, supuso un ilícito coste global pagado por el Ayuntamiento a Urdecon de 845,49 euros el metro cuadrado por encima del precio de mercado».

Pedro Antonio Sánchez se enfrenta de nuevo al banquillo después de que fuera condenado a tres años de prisión por el 'caso Auditorio', que piensa recurrir. En el escrito enviado al juzgado de Lorca, el fiscal acusa a los procesados de la construcción, entre los años 2007 a 2010 de, un solo edificio con dos usos independientes (escuela infantil de 0 a 3 años y centro de la mujer) «concebido de modo fraudulento mediante siete proyectos, algunos inicialmente incompletos, que se entiende fueron adaptándose sucesiva e independientemente a las subvenciones disponibles entre los años 2005 y 2010».

Para el exalcalde y expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez, el Ministerio Público solicita la pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito continuado de prevaricación, por aceptar realizar encargos verbales, fraccionar proyectos y aprobarlos sin cumplir las formalidades legales, según el fiscal.

También pide una pena de 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito continuado de fraude en concurso ideal con el delito continuado de prevaricación. Añade otra pena de 7 años de prisión, 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 30 meses a razón de 50 euros de cuota diaria por el delito continuado de falsedad en documento público. Asimismo pide una pena 2 años y 6 meses de prisión, 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 30 meses a razón de 50 euros de cuota diaria por el delito continuado contra la ordenación del territorio por aprobar los tres proyectos del centro de la mujer que excedía la edificabilidad máxima de 3m2/m2.

Para los otros diez procesados, el fiscal Juan Pablo Lozano solicita elevadas penas de inhabilitación, prisión y multa, por diversos delitos de fraude, prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio. Entre estos se encuentran quienes ejercieron en aquellos momentos los puestos en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de secretaria accidental, arquitecta externa, interventora accidental, ingeniero técnico municipal, técnico municipal, arquitecto técnico externo y arquitecto técnico municipal. La Fiscalía también actúa contra tres responsables de la constructora Urdecon en aquel momento.