El juez manda al banquillo a Vélez con una petición del fiscal de 8 años y medio de cárcel
El líder del PSRM irá a juicio por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad
El horizonte judicial del secretario general de los socialistas murcianos está cada vez más negro. El Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz ordenó ayer la apertura de juicio oral contra José Vélez, alcalde de Calasparra entre los años 2014 y 2020, por el caso de la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de esta localidad. A la espera aún de que la Audiencia Provincial resuelva el último cartucho del político contra su procesamiento en este caso, el juez ha decidido encaminarlo ya a juicio por un presunto delito de prevaricación continuada, además de otros de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En el banquillo Vélez estará acompañado por los concejales socialistas en el Consistorio calasparreño Antonio José Merino y Jordi Arce (exgerente del PSRM-PSOE), y por el representante de Chipé Producciones S.L. El auto del instructor, que señala a la Audiencia Provincial como el órgano competente para juzgar a Vélez, no puede ser recurrido.
La decisión del magistrado, que sacudió el PSOE regional, se dio a conocer este martes, a la par que los 19 folios en los que la Fiscalía pone negro sobre blanco la pena que considera debe afrontar el secretario general del PSRM por su gestión durante la organización de los festejos de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra.
El Ministerio Público ha dictado un escrito de conclusiones provisionales, al que LA VERDAD ha tenido acceso, en el que exige hasta ocho años y medio de prisión y 18 de inhabilitación para el ejercicio de la política para el líder socialista, por su presunta participación en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante la organización de los festejos de la Feria Taurina del Arroz de esa localidad. La acusación popular concreta que en ese periodo Vélez quedaría privado «del cargo electivo de alcalde o de otros análogos de procedencia electiva en cualquier administración pública, nacional, autonómica o local». Solicita además 12 años de inhabilitación absoluta.
El instructor da un día a José Vélez y al restode acusados para que aporten una fianza de 332.840 euros
En el caso de Merino, la Fiscalía reclama la misma pena que para Vélez. Arce afronta, por su parte, una petición de pena de cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación política. Sobre el representante de Chipé también recae una solicitud de ocho años y medio de cárcel.
La petición de pena que el Ministerio Público ha puesto encima de la mesa es incluso más elevada que la de la acusación particular -que ejerce el letrado Juan Rigabert en representación de los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva-. Tal y como avanzó esta redacción, esta parte exige hasta ocho años de prisión para el líder socialista, por su presunta participación en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. También solicita 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos décadas de inhabilitación absoluta.
El Ministerio Público remarca que el entonces primer edil calasparreño firmó contratos «de forma totalmente arbitraria» y sin contar con informes
Ambas acusaciones solicitan, además, una indemnización conjunta y solidaria por el supuesto perjuicio causado al Ayuntamiento de Calasparra. La Fiscalía fija esa cantidad en 249.630 euros y la acusación popular la eleva a 367.096 euros. El juez dictó ayer otro auto en el que da un plazo de un día para que Vélez y el resto de investigados aporten una fianza de 332.840 euros. En el caso de que no desembolsen ese montante, explica el instructor, se embargarán sus bienes.
El relato de los hechos
El fiscal ya dejó clara su postura a mediados de julio cuando remitió un escrito al juzgado caravaqueño en el que solicitaba que, una vez concluida la instrucción del caso, dictase el auto de procesamiento -auto de continuación por procedimiento abreviado- contra Vélez y el resto de investigados. El Ministerio Público desgranó entonces un relato que plasma ahora en su escrito de conclusiones provisionales. En él explica que en los convenios de colaboración suscritos entre el Consistorio y Chipé Producciones S.L. en 2017 y 2018 se fijó un precio como contraprestación que el Ayuntamiento debía satisfacer sin que existiese un informe técnico que justificase ese montante.
En el verano de 2017, explica esta parte, se suscribió, por ejemplo, entre el entonces alcalde y la empresa un contrato para la elección de las reses que debían participar en los espectáculos taurinos que se realizaban en la plaza y en los encierros que recorrían las calles por las mañanas. Ese precio, destaca el fiscal, se fijó en 30.000 euros «haciéndolo de forma totalmente arbitraria, pues no acordaron recabar previamente un informe técnico o pericial que justificase dicha cantidad o, en todo caso, su adecuación a los valores de mercado, para garantizar de este modo que el precio resultaba ventajoso para la Administración y no se producía un perjuicio a las arcas municipales».
Vulneraron «las más elementales normas de la contratación pública, eludiendo la adecuada y completa fiscalizacióny control del gasto»
El Ministerio Público hace hincapié en que estos contratos se firmaron sin que Vélez recabase previamente los «preceptivos informes de Secretaría e Intervención» sobre la legislación y procedimientos que debían aplicarse en estos casos y sobre si había crédito suficiente. Esos informes, remarca esta parte, se pidieron con posterioridad para proceder al pago «vulnerando las más elementales normas de la contratación pública y eludiendo la adecuada y completa fiscalización y control del gasto».
Al año siguiente, en 2018, el Ayuntamiento volvió a firmar otro contrato con la misma empresa, en este caso por 37.000 euros. La acusación popular subraya que el incremento de precio que se produjo de un convenio a otro tampoco encuentra apoyo técnico o documental, aunque el importe de las ganaderías hubiera ascendido en ese periodo. Ese aumento, ha incidido ya el fiscal en varias ocasiones, «debió contar con la necesaria justificación al tratarse de dinero público sobre cuya administración debe existir el máximo rigor».
Una vez finalizada la relación que Chipé mantenía con la mercantil La Caverina, propietaria del coso, se firmó por parte del Ayuntamiento un nuevo contrato de arrendamiento con la dueña de la plaza en julio de 2019. En una cláusula de ese contrato, explica el fiscal, se indicaban los festejos que el Consistorio estaba obligado a celebrar, y que coincidían con los que anteriormente llevaba a cabo Chipé.
El Ministerio Público sostiene, sin embargo, que cuando se firmó ese contrato se conocía por todas las partes que la gestión de la plaza y organización de los festejos iba a seguir realizándola Chipé. Sostiene que Vélez en ese momento «actuaba con conocimiento de la imposibilidad de que el Ayuntamiento cumpliera las condiciones descritas al carecer de medios personales, organizativos y materiales para tal fin». El propósito del entonces regidor calasparreño, destaca la acusación popular, «desde el inicio del expediente administrativo era que Chipé fuese la que continuase ejerciendo como arrendatario y empresario taurino organizador de los festejos». Destaca esta parte que el propietario de Chipé, también enjuiciado, ya había realizado diversas gestiones para la organización de los eventos de ese año.
Llegados a este punto y a petición de Vélez, insiste el fiscal, fue sustituida la cláusula que prohibía el subarriendo por otra en la que se permitía al arrendatario subarrendar la plaza de toros. Esta circunstancia, explica en su escrito, se produjo sin que se tramitara expediente administrativo alguno sobre lo que vino a suponer una aparente cesión del arrendamiento por parte del Consistorio a la empresa».
