El fiscal se juega la última baza para evitar el carpetazo al 'caso Rotondas'

A lo largo y ancho de diecinueve folios, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, desgrana el cúmulo de «indicios plurales y confluyentes» que apuntarían a que el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia Fernando Berberena pudo incurrir en varios delitos cuando asumió personalmente la contratación de la escultura 'Horátholos', del escultor Alfonso Albacete, para que presidiera una de las rotondas de entrada a la ciudad instalada en la avenida Juan de Borbón.

El escrito, dirigido a la Audiencia Provincial, constituye la última baza del Ministerio Público para tratar de mantener con vida el denominado 'caso Rotondas', en el que se investigan desde hace dos años supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias y/o cohecho, contra el mencionado Fernando Berberena; su antiguo cuñado y dueño de la galería de arte La Aurora, José Fermín Serrano; el ex alto funcionario de Urbanismo Juan Antonio Blanco y el propio artista. Por dos veces consecutivas, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Brígida Gil, ha mostrado en sendos autos su determinación de archivar ese procedimiento, por más que las irregularidades en el proceso de contratación y de instalación de la mencionada escultura sean más que evidentes.

El argumento de la magistrada es que las mismas no van más allá del plano administrativo y no tienen relevancia penal, por lo que solo cabe sobreseer la causa.

El fiscal Juan Pablo Lozano discrepa frontalmente con tal consideración. Y en su recurso insiste en el hecho de que la citada escultura, contratada «por decisión propia del señor Berberena, de forma conjunta con Alfonso Albacete y la intermediación de su cuñado José Fermín Serrano», estaba ya colocada en la rotonda en julio de 2007, y que no fue hasta varios meses después cuando el Ayuntamiento comenzó a tramitar «un mendaz expediente de contratación de suministro, como si la escultura aún no estuviese ejecutada». Con ese procedimiento se habría puesto en marcha «una estrategia para simular la cobertura legal a una decisión previamente adoptada por Berberena, Blanco, Serrano y Albacete, a fin de enmascarar la ilegalidad de lo ya actuado».

Lozano insiste en que «la intención del señor Berberena fue efectuar una alteración de la verdad material, y no solo de la formal, provocando la artificial tramitación de un expediente de suministro de un grupo escultórico, a fin de poder acometer el pago del mismo» (200.000 euros) al escultor.

«No cabe simular un expediente de adquisición y construcción de una escultura como si nada existiera anteriormente, a sabiendas de que no se ajusta a la realidad, y fijando un precio no justificado en modo alguno, ni siquiera por una supuesta propuesta del artista que no consta (en el expediente)», resume el fiscal.

La conclusión a la que llega Juan Pablo Lozano es que «se estaba actuando de forma arbitraria y al margen del derecho».

Al margen de esas irregularidades que se produjeron en el proceso de contratación e instalación de la rotonda, el fiscal pone el foco sobre el hecho de que el artista Alfonso Albacete, pocos días después de recibir el pago de 214.000 euros por su escultura, transfirió 60.000 euros al galerista y cuñado de Berberena, José Fermín Serrano. Y aunque el escultor aseguró que ese abono se debía a los servicios que Serrano le había prestado desde la galería La Aurora, el representante del Ministerio Público no descarta que pudiera tratarse de una «comisión» ilegal por su mediación para instalar 'Horátholos' en la citada rotonda.

«¿Se puede encargar a un artista una escultura sin presupuesto, sin expediente, con reuniones en la galería de arte del cuñado (del concejal), que es marchante del artista? ¿Se puede contratar a un artista cuyo intermediario es el cuñado (del concejal)? ¿Se puede tramitar un expediente de suministro para adquirir algo que ya estaba ejecutado? ¿No fue ese contrato un modo ilícito de costear, con cargo a los fondos públicos, un encargo verbal, sabiendo el señor Berberena que su cuñado iba a obtener un porcentaje económico por ser su marchante?».

Con tales interrogantes en el aire, el fiscal sostiene que no puede darse carpetazo al 'caso Rotondas' y reclama a la Audiencia Provincial que evite que ello acabe ocurriendo.