La familia de Sara Gómez quiere que la jueza procese también al cirujano por presunta estafa y falsedad

La familia de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció en 2022 tras someterse a una lipoescultura, quiere que la Justicia amplíe la lista de presuntos delitos por los que, previsiblemente, se sentarán en el banquillo el cirujano Javier A.M. y el anestesista José G.V., que llevaron a cabo la intervención. El abogado Evaristo Llanos, que ejerce la acusación particular en nombre de los allegados de la víctima, ha remitido un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, que acaba de dictar un auto de continuación por procedimiento abreviado, que viene a equivaler al procesamiento, contra los dos facultativos -y ocho médicos del hospital Santa Lucía- por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

Esta parte solicita a la instructora que amplíe los delitos que incluye en el auto de procesamiento abriendo la puerta también a que las partes le imputen a los procesados presuntos delitos de estafa, falsedad, omisión del deber de socorro e incluso homicidio doloso. Respecto al delito de falsedad, por ejemplo, la acusación particular remarca que la jueza ya incluye en su auto que el cirujano colgaba en sus redes sociales «publicaciones engañosas». En cuanto a esa presunta estafa, el letrado remarca que «resulta evidente que el acusado actuó movido por un ánimo de lucro» y que «pretendía introducirse en el mundo de la cirugía estética por lo que la realización de esta operación le proporcionaría una imagen real como especialista en dicha materia de la que carecía».

La familia de Sara Gómez considera que la jueza también debería incluir en su auto de procesamiento que el cirujano, al llevar a cabo una operación de esa naturaleza sin preparación para ello, «era consciente de que suponía un grave riesgo para la integridad física de la paciente».

La magistrada especificaba en su auto que la víctima debió ser trasladada a la UCI del Santa Lucía tres horas antes del momento en el que se hizo. La acusación particular insiste, no obstante, en que debería precisar que tanto el cirujano como el anestesista «dejaron pasar conscientemente, no solo la 'hora de oro', considerada por toda la doctrina médica el periodo máximo para actuar con garantías ante graves problemas de salud, sino que lo hicieron por un espacio temporal de tres horas». En su opinión, la actuación de ambos «sobrepasó el estadio de la culpa consciente», abriendo la puerta a imputarles un supuesto dolo eventual. «Ambos conocían suficientemente el peligro concreto generado por su acción (...) pese a lo cual actuaron conscientemente».

La acusación particular ha solicitado además que señale al Servicio Murciano de Salud como responsable civil subsidiario. La defensa del cirujano, que ejerce los abogados Mariano Bó y Pablo Martínez, también ha recurrido el auto de procesamiento alegando la inexistencia de responsabilidad penal por parte de los acusados.

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