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El Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena acaba de dictar un auto de continuación por procedimiento abreviado, que viene a equivaler al procesamiento, contra el cirujano Javier A.M. por el presunto homicidio por imprudencia de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció en 2022 tras someterse a una lipoescultura. En el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada procesa además al anestesista que participó en la intervención, José G. V., y a otros ocho médicos del hospital Santa Lucía, en Cartagena, que atendieron a Sara una vez que fue trasladada a ese centro, donde acabó falleciendo.
La instructora explica que, tras estos años de indagaciones, existen indicios que permiten afirmar que Sara Gómez «interesada en una intervención de lipoescultura, y tras la consulta de los facultativos que la practicaban» decidió practicarse una lipoescultura con el doctor Javier M. Lo hizo, remarca la jueza, «ante la creencia errónea de que las publicaciones de intervenciones de lipoescultura de Javier M. en redes sociales, firmadas por el mismo, habían sido realizadas por dicho doctor, y que se trataba de un médico cirujano plástico de reconocida experiencia, el cual utilizaba una técnica innovadora, tal y como el propio doctor indicó en conversaciones privadas mantenidas con Sara».
La magistrada remarca, sin embargo, que el principal investigado era cirujano cardiovascular y que existen indicios de que era la primera lipoescultura que realizaba. Detalla que este amplió el seguro de responsabilidad civil a médico de cirugía plástica solo unos días antes de la intervención a esta vecina de Alcantarilla.
De esta manera, explica la jueza, Sara ingresó el 2 de diciembre de 2021 en el hospital Virgen de la Caridad para someterse a esa intervención con el cirujano y el anestesista investigados. La operación comenzó a las 9 horas y terminó a las 14.30 horas. Según consta en el informe de alta, esta se desarrolló sin complicaciones, sin embargo, a las 17.51 horas se dio alerta al 112 y fue trasladada al Santa Lucía a las 18.30 horas. La jueza destaca que la mujer llegó al otro centro en un estado «crítico».
A las 17.59 horas se le realizó un TAC y los cirujanos de guardia, explica la magistrada, decidieron no intervenir «al ser la exploración abdominal sin defensa ni signos de irritación y por la inestabilidad de la paciente», procediéndose a un fajado abdominal. El escrito de la magistrada desgrana al detalle las numerosas analíticas y pruebas a las que fue sometida en esos días la mujer. El 3 de diciembre un análisis ya determinó que padecía un fallo renal y un marcador apuntaba a la existencia de una sepsis. El 7 de diciembre fue intervenida e ingresó en la UCI donde acabó falleciendo 23 días después, a las 15 horas del 1 de enero de 2022.
La instructora explica que la supuesta responsabilidad del anestesista deriva de que «debió estar pendiente del control y monitorización de la paciente durante la intervención de lipoescultura». Hace hincapié en que Sara Gómez debió ser trasladada a la UCI del Santa Lucía tres horas antes del momento en el que se hizo y que esa decisión correspondía al anestesista.
La jueza subraya que el cirujano Javier M. «no era especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, careciendo de la formación necesaria para la intervención». Considera, además, que la técnica que utilizó fue incorrecta «a la hora del manejo de las cánulas y en las infiltraciones de líquido y proporción de la cantidad extraída». La instructora incide además en la existencia de «publicaciones engañosas» del médico en las que subía fotos de intervenciones a las redes sociales simulando que eran suyas. Las partes -entre ellas la acusación particular, que dirige el abogado Evaristo Llanos en representación de la familia de Sara- cuentan ahora con diez días para formular sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o defensa.
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