La familia de Kevin recurre la exculpación de los guardias y policías de Jumilla por el crimen
La defensa de los agentes remarca que su actuación fue «proporcionada con los medios de los que disponían»
La familia de Kevin Morales, el joven asesinado a puñaladas durante una pelea ocurrida en Jumilla el 1 de mayo de 2021, ha decidido recurrir la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad de decretar el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra tres policías locales y dos guardias civiles a los que acusaron de no evitar el crimen.
La titular del órgano, en una contundente resolución, descartó que la actuación de los efectivos policiales, que están siendo defendidos por los abogados Manuel Martínez y Marta Simó, pudiera ser constitutiva de un delito de homicidio imprudente, como pedían los allegados de la víctima. La juez fue un paso más allá y defendió la actuación policial descartando que incurriesen en cualquier tipo de delito.
En su extenso recurso los familiares de la víctima –representados por Francisco Adán y Francisco Javier Verdu– sostienen, sin embargo, que «su falta de intervención y su pasividad coadyuvaron al fatal desenlace». Esta parte fundamenta su postura, entre otras cuestiones, en que no hubo un solo detenido hasta horas después de los hechos.
«Interpretaciones subjetivas»
La instructora basa sus argumentos para el sobreseimiento de la causa en las declaraciones de los testigos –entre ellos de Marta, la novia de Kevin– y en el testimonio de los cinco policías locales y guardias civiles de Jumilla. La acusación asegura, sin embargo, que el relato que la juez realiza en el auto de archivo de las actuaciones es incompatible con las grabaciones que constan en la causa. Remarca, asimismo, que «basa el sobreseimiento en interpretaciones subjetivas de diversas testificales y las declaraciones de los agentes investigados».
Frente a este recurso ha presentado escrito de oposición el abogado Manuel Martínez, que defiende a los policías locales. El letrado sostiene que el auto de la instructora «es racional y ajustado a Derecho» y reclama su confirmación.
Esta parte afirma que no existen indicios que sostengan una actuación deficiente o pasiva de los agentes. Remarca, asimismo, que hubo una actuación «proporcionada con los medios y agentes de los que disponían».
