Qué esperar de la ley regional de universidades: orden en los títulos y definir una financiación estable

De forma inmediata, la ley autonómica debe desarrollar la regulación estatal aprobada en 2023, la LOSU. El Gobierno regional ha anunciado hasta la saciedad su voluntad de «minimizar y anular los efectos de la LOSU en la Comunidad», y ha puesto énfasis en que la norma regional «sí se consensuará con las tres universidades y los agentes cuyos derechos o intereses se vean afectados». El nuevo escenario dos décadas después debe contemplar el reto demográfico, la ineludible internacionalización y el impulso a la retroalimentación entre las instituciones y la sociedad, materializado en instrumentos para la empleabilidad, transferencia, investigación e innovación.

La Consejería de Universidades se ha limitado a detallar que la normativa «promoverá las alianzas universitarias, la internacionalización del sistema para adaptar mejor a los alumnos a un mercado laboral más globalizado y atenderá también el sistema de financiación de la educación superior». El presidente regional Fernando López Miras, por su parte, dejó muy claro esta semana en la inauguración del curso académico en la UCAM, que la ley velará por los intereses de las tres universidades «por igual», y reforzó la idea de avanzar en nuevas fórmulas de colaboración público-privada.

Los rectores de las tres instituciones aguardan estos días la recepción del borrador, y al margen del marco teórico que establezca la normativa, plantean sus propias reivindicaciones concretas. El establecimiento de instrumentos que fijen certezas sobre la financiación de las dos universidades públicas es clave para los rectores de la UMU, José Luján, y de la UPCT, Mathieu Kessler, quienes pretenden evitar tensas negociaciones plurianuales. «Entre otros objetivos, para asegurar que nadie queda excluido de la educación universitaria por motivos exclusivamente económicos», reclama Luján. Kessler reivindica que «se aprueben periódicamente los planes plurianuales previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), estableciendo una asignación mínima del 1% del presupuesto público a las universidades. Este instrumento es clave para la planificación estratégica y las inversiones necesarias que aseguren un servicio de calidad a los estudiantes».

La Universidad Católica, privada, no quiere quedar al margen del reparto de asignaciones, y reivindica que, «en base a una rendición de cuentas sujeta a indicadores de calidad y excelencia que establezca la Consejería, poder optar a financiación pública, como así sucede en otras comunidades autónomas», reclama la rectora, Josefina García Lozano. López Miras se ha mostrado en varias ocasiones dispuesto a llevar a la práctica el compromiso «de alcanzar el 1% del PIB regional para la educación superior», pero no se trata de una cuestión que, previsiblemente, se incluya en la ley.

El mapa de títulos universitarios preocupa al rector de la UPCT, para quien es «imprescindible establecer una regulación eficiente en la oferta de títulos universitarios, tanto los de las universidades públicas que complementamos nuestra oferta académica como los de la universidad privada, para optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que las universidades respondan a las necesidades reales de la sociedad murciana». Sin embargo, desde la Universidad Católica, su rectora reivindica «respeto a nuestra autonomía y libertad universitaria», reclama Josefina García Lozano.

La redacción de la nueva ley se ha hecho coincidir con la de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que en muchas cuestiones ambas se solapan y complementan. «Van en paralelo, y eso es clave porque son los dos instrumentos que van a definir el futuro de las universidades», apunta Luján.

Kessler reclama también en ese apartado más financiación y menos carga burocrática: «Se requiere una apuesta decidida por incrementar la inversión en investigación y transferencia de conocimiento, acompañada de una simplificación administrativa», reivindica en consonancia con su homólogo de la UMU. La nueva norma debe abordar cuestiones como la regulación del personal laboral, la gobernanza y los objetivos de internacionalización.