Cuatro de los empresarios condenados por pagar a menores por sexo se libran de la cárcel

El clamor social ha llegado a los tribunales, pero previsiblemente ninguno de los empresarios condenados tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo pisará la cárcel. La Audiencia Provincial otorgó este lunes la suspensión de la pena de prisión a cuatro de los empresarios en el polémico caso de prostitución de adolescentes que en las últimas semanas ha movilizado a la sociedad murciana. Dado que entre ellos se encuentra el principal acusado, Juan Castejón -que soporta la condena más elevada- todo apunta a que ninguno de los procesados tendrá finalmente que renunciar a su libertad.

La Audiencia celebró este lunes las primeras vistas para estudiar si las penas de prisión de los integrantes de esta red de prostitución de menores deben ejecutarse o quedar en suspenso. Los siete empresarios, que afrontaban inicialmente penas que sumaban en conjunto hasta 25 años de prisión por cabeza -cuatro años por cada contacto con una menor-, acabaron aceptando hace unas semanas un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que sus penas se redujeron a un máximo de seis meses por cada contacto. El Ministerio Público consideró, entonces, que era de aplicación una atenuante de dilaciones indebidas -como muy cualificada- en aras al importante retraso, de hasta diez años, que llegó a arrastrar la causa.

En ese momento, la Sala dictó una sentencia 'in voce' recogiendo los detalles de ese pacto y aplazó a esta semana la toma de decisiones sobre si esas penas se ejecutaban o quedaban en 'stand by'. Los letrados defensores llegaron este lunes al juzgado exigiendo el cumplimiento de un pacto en el que, sostuvieron, la suspensión de las penas iba incluida y que llevó a los empresarios a reconocer los hechos. «Lo que se ha pactado debe cumplirse», recalcó Joaquín Sánchez, defensor de dos de los empresarios condenados, a la puerta del Palacio de Justicia.

Ya en Sala, sin embargo, la Fiscalía dio la sorpresa y anunció que pediría el ingreso en prisión de los principales procesados en el caso. «El sistema no puede volver a defraudar a estas chicas», remarcó el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga -que sustituyó en la jornada de este lunes a la fiscal que inicialmente negoció este acuerdo-. El hecho de dejar en 'stand by' el cumplimiento de esas penas de cárcel, incidió el representante del Ministerio Público, «supondría otra quiebra en la protección que el sistema ha ofrecido a esas menores».

Sánchez Lucerga explicó que las penas impuestas a los justiciables deben perseguir, entre otras finalidades, servir de prevención general. «Es un aviso a navegantes», recalcó. Reconoció el importante retraso sufrido en este procedimiento, pero hizo hincapié en que los procesados ya se beneficiaron de una atenuante que rebajó su pena por esas dilaciones. «Si ha habido una excepcionalidad en este caso», afirmó, «ya se ha tenido en cuenta».

El fiscal hizo alusión, además, al parecer que las víctimas expresaron en las vistas reservadas que mantuvieron la pasada semana con el tribunal, en el que este les reclamó su opinión sobre esa suspensión de las condenas. Según afirmó, cinco de las afectadas manifestaron querer pasar página cuanto antes, dos no se pronunciaron al respecto y otras cuatro se mostraron contrarias a que las penas de prisión de los empresarios condenados se suspendiesen.

Destapadas las cartas, las partes se zambulleron en una serie de vistas individuales en las que el tribunal abordó caso a caso. El Ministerio Público se opuso a la suspensión de la condena del principal empresario condenado, Juan Castejón, alegando los múltiples delitos que cometió -asumió haber pagado por sexo a cinco de las diez menores víctimas de la trama-. La postura del Ministerio Público fue duramente contestada por José María Caballero, abogado defensor del empresario, que advirtió de la existencia de un «tsunami social» y achacó el criterio del fiscal al movimiento en las calles. «Todos los días en esta sala se están produciendo rebajas de penas en delitos gravísimos y se están concediendo suspensiones sin que a nadie le tiemble el pulso», recalcó. Caballero remarcó que su cliente tiene 74 años y que no cuenta con antecedentes. El propio empresario hizo hincapié en sus problemas de salud.

Escuchadas las partes, la Audiencia concedió la suspensión de la pena a este conocido promotor de viviendas y expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en base al sistema de acumulación de penas. La legislación penal establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena que no podrá exceder el triple de la condena más elevada que se le haya puesto -en este caso, 15 meses-.

La Sala le otorgó este 'perdón' con el requisito de que no vuelva a delinquir en cuatro años, que no se acerque ni se comunique con las víctimas y que se someta a un programa de reeducación conductual en materia de sexual. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esa suspensión.

Los magistrados también acordaron este lunes la suspensión de las penas de cárcel de José Antonio Arce, Antonio Giménez y José Jara, otros tres empresarios condenados por contactos con menores. En estos casos, el fiscal no se opuso a la suspensión de sus penas de prisión argumentando que los encuentros con las adolescentes no habían sido tan numerosos. La Sala les ofreció, igualmente, ese 'perdón' con la obligación de no volver a delinquir, no acercarse ni comunicarse con las víctimas y someterse a ese programa de reeducación sexual.

En el estrado también se sentó este lunes una de las mujeres condenadas por captar a las menores para su prostitución. Estas 'mamis' soportan las penas más elevadas, ya que, en su caso, se tiene en cuenta que constituían una organización. Ruth Karina Dorado, que tiene sobre su espalda ocho penas de dos años de cárcel -por cada adolescente que prostituyó-, pidió también a la Sala que no la obliguen a pisar la cárcel. «Quiero pedir disculpas por esos hechos del pasado», subrayó. «Trabajo en un almacén y mantengo a mi familia en Bolivia». En su caso, la Fiscalía es favorable a que esta mujer -y previsiblemente todas las 'mamis'- entren en la cárcel. La Audiencia ha aplazado la decisión sobre este caso en concreto.

Los jueces libraron, además, de pisar la trena a Martín Galo, que fue condenado a un año y tres meses de prisión tras asumir que trasladaba a las menores a los lugares donde se llevaban a cabo esos contactos sexuales. En su caso, el fiscal sí había pedido que entrara en la cárcel, pese a que la pena no suma los dos años, porque lo considera parte de la organización.

Los empresarios condenados por mantener relaciones sexuales con menores de edad llegaron al Palacio de Justicia de Murcia entre los gritos de «vergüenza» y «justicia» de un grupo de manifestantes. Estos ciudadanos aguardaban ya a los procesados antes de la apertura de la sede judicial pertrechados con pancartas de «'empresaurios' pederastas» y «no a la impunidad». Este martes la Audiencia tiene aún que decidir la suerte de otros seis condenados en este polémico asunto.

• Temas
• Prostitución
• Prisiones
• Juicios
• Juzgados