Empiezan a construir 504 viviendas más en La Manga en tres promociones diferentes
El PSOE teme que el PP bloquee una prórroga de la veda urbanística y se abra un paréntesis para dar nuevas licencias
Si La Manga puede parecer ya masificada, a simple vista de un paseo por sus 21 kilómetros de largo, aún le queda cemento por recibir. ... El Ayuntamiento de San Javier ha concedido licencia para construir 504 nuevas viviendas, correspondientes a tres promociones que se tramitaron antes de la aprobación de la moratoria urbanística que contempla la Ley de Protección del Mar Menor de 2020.
El medio millar de pisos se reparten entre tres proyectos diferentes. El de mayor envergadura crecerá hacia arriba en el polígono M, en los alrededores del pabellón deportivo, con 300 pisos. Según el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, se trata de «una licencia muy antigua, que pertenece a un complejo del que han ido haciendo fases de ejecución».
Otro proyecto a punto de iniciar los movimientos de tierra es el del polígono D, al norte del puente del Estacio, con 116 alojamientos turísticos de cara al Mediterráneo. En el tercero, los promotores han iniciado ya los trabajos de cimentación de 88 viviendas en el polígono I. «Son los únicos que cumplen la Ley del Mar Menor», afirma el edil, quien asegura que también hay otros promotores interesados en realizar nuevos desarrollos que esperan el fin de la moratoria. «Solamente se puede solicitar licencia para viviendas unifamiliares, que no excluye la moratoria, porque además todos los polígonos de La Manga son suelos urbanos consolidados», aclara.
Donde más suelo disponible queda para futuros planes urbanísticos es a partir del kilómetro 13. Con el repunte de la actividad inmobiliaria y a la vista de las escasas parcelas libres que quedan en el brazo de arena, ¿será viable cubrir con ladrillo hasta el último metro de La Manga? ¿Qué efectos ambientales tendrá esa plena ocupación del espacio? ¿Dónde aparcarán todos esos vehículos y cómo se moverán los residentes?
Para el concejal de Urbanismo de San Javier, cuyo ayuntamiento gestiona 16 de los 21 kilómetros de La Manga, «cuantas más personas haya, más dificultad habrá», aunque asegura que «cada obra tiene que justificar una plaza de aparcamiento por cada vivienda y por cada 75 metros cuadrados de local, aunque sea en un sótano».
Miles de expedientes por obras sin licencia en este polo turístico
Reformar el baño, levantar un muro, renovar el suelo o cerrar la terraza son obras habituales y perfectamente legales si cuentan con licencia de obra. El caso de La Manga es singular. «Tenemos abiertos miles de expedientes de disciplina urbanística por obras ilegales, que en ningún momento han solicitado permiso para hacerlas», asegura el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez. El servicio de Inspección Urbanística municipal o la Policía Local detectan una obra, acuden al promotor a solicitar la documentación y, si carece de permisos, levantan acta de la infracción, que desemboca en un expediente de disciplina urbanística. Al siguiente paso, el Ayuntamiento notifica la irregularidad al titular, que debe justificar la obra o restituir la legalidad, bien derribando el muro inadecuado o pidiendo licencia para los trabajos realizados al margen de la normativa. En cualquier caso, pocos se librarán de una multa.
Pensando en el futuro de La Manga, cree que «habrá un parking disuasorio a la entrada y tendrás que dejar el coche allí para entrar en transporte público si no eres residente». Para hacer habitable el espacio geográfico más singular de la Región, el concejal ve necesarios «mejores servicios públicos, un transporte público eficiente y un transporte marítimo».
En el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente, el Ayuntamiento ha cambiado la tipología de uso en cuatro parcelas que dejan de ser residenciales para ser hoteleras, lo que ha provocado alegaciones de sus propietarios. ¿Por qué no hacerlo con las que quedan libres para evitar una masificación total? Según el edil, «con el resto no se puede porque la tipología de las edificaciones ya está consolidada y no se entendería un cambio».
Para evitar la colmatación plena, Martínez cree que «sería necesario un pacto entre las tres administraciones para tomar decisiones sobre qué suelo afectar y calcular las indemnizaciones, que la economía de un ayuntamiento no puede asumir». Como alternativa, el Gobierno local ha solicitado información sobre «los fondos europeos que puedan contemplar compensaciones económicas sobre los derechos de edificación».
Dos proyectos permitidos por las autoridades, pero rechazados por vecinos
El Ayuntamiento de Cartagena no cuantifica cuántas licencias urbanísticas hay activas en suelo urbanizable consolidado de los núcleos del Mar Menor. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo señalan que son «insignificantes», que tampoco hay grandes urbanizaciones en construcción y que la mayor actividad promotora en la costa cartagenera se da en la zona del poniente, principalmente en Isla Plana, donde hay varios planes de actuación en marcha.
Entre las obras polémicas pese a tener todos los permisos en regla destacan las de una vivienda en un terreno de cuatro mil metros cuadrados de Cala del Pino, en La Manga, que algunos vecinos y varios partidos piden detener por considerar que es el último reducto virgen de esa playa que da al Mar Menor. Dicha obra está proyectada en suelo urbano consolidado, tiene desde hace dos años licencia de obras del Ayuntamiento, así como de las direcciones generales de Medio Natural y de Cultura, puesto que en la parcela hay plantas de valor natural y un yacimiento arqueológico que no se verán afectados por las obras. Un biólogo y un arqueólogo contratados por el promotor supervisan la obra.
Otro proyecto polémico es un bloque de 13 viviendas de lujo en la playa del Descargador de Cabo de Palos, autorizado por todas las administraciones competentes, pero rechazado por los vecinos de la contigua playa de Cala Flores «por su impacto visual». En el resto de la ribera sur del Mar Menor, desde Los Urrutias hasta el Monte Blanco de La Manga son escasas las nuevas obras y las que hay, según estas fuentes, se corresponden con viviendas unifamiliares en núcleos urbanos consolidados y con todos los permisos en regla.
Por Gregorio Mármol.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión