El 'efecto Barreiro' arrastra a Sánchez a la exculpación por el 'caso Púnica'

En concreto, lo que las diligencias del 'caso Púnica' llevaban investigando desde hace casi un lustro es si tanto Pilar Barreiro como Pedro Antonio Sánchez, por mediación de la primera, habían decidido destinar fondos públicos a la contratación de sendas campañas de lavado de su imagen personal en las redes sociales y en internet. Estos trabajos, que habrían sido presupuestados en 4.600 euros al mes por dos presuntos cabecillas de la trama corrupta, el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, y su socio, el informático Alejandro de Pedro. Lo que tanto los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la Fiscalía y el propio juzgado instructor de la Audiencia Nacional venían manteniendo, hasta ahora, era que Pedro Antonio Sánchez habría dado el visto bueno a la contratación de esos servicios para el blanqueo de su reputación, que en apariencia se iban a cargar a fondos de su consejería destinados al capítulo de «formación». Dentro del presupuesto se iban a incluir, siempre según esa primera versión inculpatoria, los trabajos personales de imagen de los que se beneficiaría Pilar Barreiro.

Sin embargo, este argumento acusatorio comenzó a derrumbarse cuando el Tribunal Supremo, el pasado enero, declaró la firmeza del auto por el que quedaba exculpada la exalcaldesa Barreiro. La Sala había llegado a la conclusión de que «los indicios son precarios y el material carece de aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta instrucción».

Ya entonces, 'La Verdad', consciente de que esa resolución dejaba sin futuro a su vez la investigación penal contra el expresidente murciano en estas diligencias, tituló la información de la siguiente manera: «El Supremo exculpa a Barreiro por 'Púnica' y le echa una mano a Sánchez».

En febrero, las repercusiones se extendieron a dos estrechos colaboradores de la antigua primera edil cartagenera, Francisco Ferreño y Mar Conesa, que también fueron exculpados gracias al rebufo generado por la decisión del Alto Tribunal. Y ahora, algo que solo era ya cuestión de tiempo, la Audiencia Nacional ha hecho lo propio con Sánchez y con uno de sus asesores, David Conesa, que también figuraba como imputado desde los primeros momentos.

El letrado de este último, Evaristo Llanos Sola, mostró ayer su «satisfacción» por el archivo de estas diligencias, pues recordó que «desde el principio hemos venido manteniendo que no existía base alguna para sostener esa investigación contra mi cliente y contra el propio Pedro Antonio Sánchez; y en el auto así se ha acabado reconociéndolo».

Mucha peor fortuna han corrido el también exconsejero Juan Carlos Ruiz y una amplia nómina de quienes eran sus colaboradores en 2014, entre ellos su jefe de gabinete, Fidel Saura, y la exdirectoras del Instituto de Turismo y de Fomento (Info), Mariola Martínez y Reyes Samper, respectivamente, así como el antiguo alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras. Y es que el juez Manuel García Castellón aprovecha la misma resolución para recordar que, en sus casos, siguen completamente vigentes todos los cargos -fundamentalmente, tráfico de influencias y fraude, además de cohecho en el caso concreto de Ruiz- y su voluntad de conducirlos a juicio. Al contrario de lo ocurrido con Sánchez, en esta presunta rama de 'Púnica', que es la que afecta a la Consejería de Industria, no aparecía por sitio alguno Pilar Barreiro, por lo que los efectos derivados de su exculpación no tienen repercusión alguna para estos investigados.

Todos ellos, así como los mencionados José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro y un amplio grupo de trabajadores y colaboradores de estos, están acusados de haber sufragado con fondos públicos -o planeado hacerlo- una campaña de reputación 'online' en favor del entonces consejero Juan Carlos Ruiz, presuntamente para su beneficio personal.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, exigió anoche al PSOE «que tenga la vergüenza de pedir perdón» a Pedro Antonio Sánchez. «Esta persona se vio obligada a dimitir (como presidente regional) por unas acusaciones que se han demostrado falsas», aseguró el popular. «Antes que políticos, hay que ser buenas personas», dijo.