Diez razones por las que el campo se moviliza

Son las principales razones que empujan al campo regional a manifestarse el próximo miércoles en Murcia para denunciar que se encuentra «al límite» y en una situación «insostenible». Será la continuación de la marcha de febrero de 2020 que colapsó la ciudad reclamando una ley de la Cadena Alimentaria que evitara los abusos en los precios.

La protesta reunirá a miles de manifestantes, según los organizadores -Coag, UPA y Asaja-, que se rebelan contra las críticas y ataques que está recibiendo el sector desde varios frentes. Por si fueran pocos los desafíos, la guinda a la sublevación del campo la ha puesto la reforma laboral, que los sindicatos agrarios reciben con recelo. Lamentan que se haya hecho a espaldas del sector y están a verlas venir. Recuerdan que ya se ha producido una importante repercusión en los costes laborales debido al incremento del 36% del salario mínimo interprofesional entre los años 2018 y 2021, que afecta directamente al 94% de los empleados agrícolas, cifrados en una media de 81.000.

El principal problema de la reforma, sostienen, es la universalización de la figura del trabajador fijo discontinuo, que supondrá una complicación administrativa en las explotaciones para asegurar el 'orden de llamadas' de estos empleados en las sucesivas campañas. Es decir, aunque finalice el contrato de temporalidad, se mantiene un vínculo para las siguientes labores. El reto será mayor para los regadíos, que emplea a numerosos trabajadores en las fechas de recolección y manipulado.

Los dirigentes de Coag, UPA y Asaja, José Miguel Marín, Marcos Alarcón y Alfonso Gálvez, respectivamente, están arropados por las cooperativas, productores y exportadores y asociaciones de regantes, que realizarán un paro general el día 16 para animar a los trabajadores a participar en la manifestación. La marcha, bajo el lema 'Futuro y respeto para el campo murciano', partirá a las 11 horas desde la plaza de la Fuensanta para desfilar hasta la Delegación del Gobierno. Contará con tres columnas de tractores y camiones -calculan unos 500- procedentes del Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín, y Jumilla y Cieza. Una de las caravanas pasará delante de la Consejería de Agricultura y Agua. El colapso del centro de la ciudad está prácticamente garantizado durante varias horas.

La protesta también va dirigida al Gobierno regional, aunque algunos organizadores estiman que el grueso de las reivindicaciones dependen del Ministerio. Los partidos políticos no han sido convocados, con el objetivo de que ninguna formación trate de capitalizar la manifestación. Si acuden políticos y altos cargos, lo harán a título particular, y sin pancartas. El consejero de Agricultura y el partido Vox han expresado su apoyo a los manifestantes.

En esta ocasión se solaparán dos protestas: la del campo y la específica del agua, impulsada por la Mesa del Agua y el Sindicato de Regantes del Trasvase, en contra del recorte de las transferencias del Tajo, estimado en unos 100 hectómetros anuales, a lo cual se une la reclamación de un precio asequible del agua desalada.

Mañana habrá dos actos previos a la manifestación, con la reunión de los colectivos que integran la Mesa del Agua y la entrega de más de una tonelada de fruta y hortalizas al Banco de Alimentos, Jesús Abandonado y Cáritas. La protesta es «un ultimátum» a las administraciones, como dijo Alfonso Gálvez, y tendrá una segunda parte el día 20 en Madrid.

Todos los costes de producción se han incrementado considerablemente en el último año, una media del 13%, según datos del Ministerio de Agricultura. Al margen de la electricidad y el gasóleo, que merecen un capítulo aparte, los mayores encarecimientose se han producido en los fertilizantes, piensos y los servicios de intermediación financiera. Si se toma como ejemplo una plantación de coliflor y brócoli del Valle del Guadalentín, se observa que sus costes por hectárea han aumentando en 2.858 euros, según datos de Coag.

2.858euros por hectárea es el incremento de costes del cultivo de coliflor y brócoli en el Valle del Guadalentín

A cambio, el precio del producto (una pieza de coliflor) se ha incrementado 5 céntimos, por lo que los ingresos por hectárea han crecido 1.125 euros. La diferencia arroja un resultado claro: el productor ha perdido dinero. Los costes de plásticos y mangueras han subido un 30%, las plantas un 15%, los fitosanitarios un 50%, y los fertilizantes un 60%. Hay que sumar alquileres, salarios, seguros, etc.

No le salen las cuentas a Antonio León, un empresario agrícola de Pozo Aledo de 33 años. Sus costes de producción han aumentado un 23%, que sumado a los precios bajos que obtiene cuando vende su brócoli, apio o perejil, le obligan a recortar de donde puede para mantener su negocio. Solo le salva que es productor de pitaya y okra, con mucho tirón por su singularidad. «Ha subido todo, abonos, semillas, gasoil, plásticos y reparaciones. Y eso lo tenemos que asumir nosotros sin tener casi contraprestación, porque los precios siguen estancados. Los márgenes son ya muy bajos. Pero no nos queda otra que seguir luchando y trabajando», señala.

Con información de Antonio López.

La factura de la electricidad y de los combustibles es la que más duele en el bolsillo, con una subida media de casi el 35% en los dos últimos años, lo cual repercute negativamente en la renta media del agricultor o ganadero con una pérdida del 2%. Varía bastante según la producción y el tipo de cultivo. Por ejemplo, las grandes plantaciones de secano consumen mucho combustible en casi todas sus labores debido a su extensión. En los cítricos se gasta menos gasóleo, pero más fitosanitarios y fertilizantes; mientras que los regadíos (frutas y verduras) requieren más gasto energético en los bombeos de agua de pozos, las impulsiones y en los almacenes de manipulado.

35%es el incremento medio de los costes de la electricidad y de los carburantes, dependiendo del cultivo

Los cultivos de hortalizas al aire libre, como el melón y la sandía, necesitan más plásticos, cuyo precio ha subido un 13%. En una plantación media de brócoli se emplean al menos 10 horas de labor por hectárea para preparar el terreno, con un consumo de 250 litros de gasoil, cuya factura ha aumentando en 32 euros.

Otros gastos van asociados al transporte. Como promedio, se realizan cinco portes por hectárea (contenedores frigoríficos), con un coste de 100 euros por cargamento, que se ha visto incrementado a 130 euros.

El agua es otro de los insumos cuyo precio ha experimentado un gran incremento, y todo apunta a que seguirá al alza debido a la mayor producción de las desaladoras para compensar el anunciado recorte del Trasvase. Una explotación hortícola de la Región tiene un consumo anual que oscila entre los 5.000 y 6.000 metros cúbicos por hectárea, lo que representa un coste medio de 1.485 euros al año. El mayor porcentaje de agua desalada, añadido a la subida de los costes energéticos, ha hecho que el precio medio del metro cúbico pase de 33 céntimos a los 65 en los últimos años.

La protesta del campo se desarrollará el día 16 en paralelo a la del agua, con reivindicaciones compartidas por los convocantes. El Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) volverá a la calles en contra del plan del Tajo, que puede recortar en 100 hectómetros anuales las transferencias al Segura (la mitad de lo que recibe ahora el regadío), y para reclamar un precio de 30 céntimos para el agua desalada. El sector agro en conjunto exige además estudios técnicos «rigurosos» sobre los caudales ecológicos.

Un futuro con nubarrones muy negros es el que ve Antonio Sáez, un agricultor de 49 años de El Algar y gerente de la empresa Agrícola Miramar. Su dependencia del agua del Trasvase es total, tanto que ni siquiera sabe si tendrá recursos hídricos para las cinco hectáreas que ha sembrado ahora de patata. «Se hace imposible hacer una previsión a corto y medio plazo. Con los continuos recortes estamos en una situación agónica. Lo peor es que el precio del agua seguirá subiendo y que, en un futuro, la previsión es que solo tendremos las desaladoras, cuyos recursos nos cobrarán a precio de oro», cuenta a LA VERDAD a pie de campo.

Con información de Antonio López

El año pasado se cerró, según Coag, con la «buena noticia» de la reforma de la ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas para el productor, pero en la práctica, el Índice de Precios en Origen y Destino se multiplica por cinco de promedio desde el campo al supermercado, y por tres desde la granja. En enero, la patata se pagó a 20 céntimos al productor y se vendió a 1,2 euros al consumidor, con una diferencia porcentual del 500%. En el limón, el desfase fue del 965%, y en la lechuga del 342%. Hay un gran impacto en la cesta de la compra.

Los productores siguen con el lastre de la gran diferencia de precios que existe en la cadena alimentaria. Esperanza Ramírez, que cultiva y comercializa fruta de hueso en sus tierras del paraje del 'Olmico' de Cieza, considera que hay que acabar «de una vez por todas con la gran diferencia de precios» entre lo que obtiene el agricultor por su fruta y la venta al consumidor.

965%es la diferencia de precio del limón; entre lo que se paga al productor y el precio de venta en el súper

Cree indispensable «atajar la competencia desleal que llega, sobre todo, desde países africanos, ya que son estos productores los que abaratan las partidas de fruta porque no tienen que adaptarse a muchas de las normas que a nosotros sí nos exige la Unión Europea». Opina que si no se actúa rápido y con fuerza, «se acabará el sector más pronto que tarde, ya que a este eterno problema de ahora se ha sumado el aumento de los precios del agua, el gasoil, la electricidad y hasta los fertilizantes».

Con información de Claudio Caballero

Los seguros también traen de cabeza a los agricultores, que denuncian una subida considerable de las primas y franquicias, junto a una disminución de las coberturas, señala el presidente de Coag, José Miguel Marín. En algunos cultivos, como la alcachofa, el mínimo indemnizable en caso de siniestro pasa del 10% al 20% de la producción afectada. La banca ha entrado en el negocio del seguro agrario buscando nuevos nichos de rentabilidad, de tal forma que ha contribuido a desequilibrar el mercado, aunque no todas las entidades actúan de igual forma. Una póliza de seguros le puede costar a un productor profesional unos 5.000 euros al año si se trata de una plantación de cereales; y asciende a los 70.000 euros en el caso de los frutales. «Quitan coberturas y mantienen otras que no hacen falta. Nosotros necesitamos el seguro agrario como una herramienta de gestión del riesgo», indica Marín. El sector exige una reforma.

Marruecos le va comiendo el mercado a los productos hortofrutícolas españoles. El agro regional reclama un control efectivo de los acuerdos comerciales con terceros países, sobre todo del Norte de África, para que se equiparen las exigencias sanitarias. El año pasado bajaron las exportaciones de tomate de España y Holanda, los principales productores comunitarios, al resto de países de la UE; sin embargo las ventas de Marruecos subieron un 26%, según datos de Eurostat.

26%crecen las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE, y bajan las de España y Holanda

En la temporada 2019/20, este país alcanzó una cuota de mercado del 16%, y sus exportaciones de tomate alcanzaron las 679.550 toneladas. Se va acercando a España, que vendió 1,1 millones. No solo es el tomate, las exportaciones totales de hortalizas de Marruecos han aumentado un 8%. «Parace que la UE está dando pasitos, pero hemos pasado a un liberalismo que no podemos controlar», señala Coag. «No podemos competir en sueldos, pero las exigencias en sanidad vegetal y seguridad alimentaria deben ser las mismas», recalca.

Las organizaciones convocantes de la protesta, Coag, UPA y Asaja, exigen que se modifique el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, la nueva PAC Verde, priorizando las ayudas a los profesionales para evitar la pérdida de subvenciones a las zonas desfavorecidas y a la ganadería. Consideran que hay muchos frentes abiertos con la PAC, y temen un recorte de fondos del 12% en términos absolutos para la Región de Murcia.

12%Es el recorte de ayudas de la PAC Verde en la Región de Murcia, según las organizaciones agrarias

Discrepan de la figura del agricultor activo («un gol que nos metieron», dice José Miguel Marín), ya que beneficia a personas que no son profesionales y que no dependen del agro para vivir. En definitiva, habrá más perceptores para repartir los fondos. En España hay actualmente 700.000 beneficiarios de la PAC. Recelan asimismo de que el 25% del presupuesto se destine a proyectos ambientales a través de los ecoesquemas.

25%del presupuesto se destina a proyectos ambientales, que obligan a los productores a asumir nuevos costes

Creen que obliga a los productores a asumir el coste de las medidas medioambientales, ya que de lo contrario no recibirán las ayudas; pero estas no aumentan su cuantía para compensar ese gasto verde. Quienes más lo van a notar son los cultivos de secano, como el almendro. Las organizaciones convocantes de la manifestación consideran que la ganadería es otro de los grandes olvidados de esta PAC.

Reclaman inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal. El sector agrícola y ganadero regional quiene ser proactivo en este terreno, y al mismo tiempo se rebela contra los ataques que recibe desde varios frentes, como indicaron los dirigentes de Coag, UPA y Asaja, Marín, Marcos Alarcón y Alfonso Gálvez, respectivamente. «Los 'lobbies' medioambientalistas nos han ganado la partida desde hace años», dice el presidente de Coag. El sector cree que sufre un daño reputacional inmerecido porque considera que en la Región «existen los sistemas de producción más avanzados».

Denosta la corriente de opinión que está «contribuyendo a generar un clima contrario a la ganadería y la carne». En cuanto a la agricultura, el sector defiende que la Región tiene una elevada tasa de producción ecológica (un 25%), y al mismo tiempo considera que algunas medidas de la estrategia europea De la Granja a la Mesa son «muy severas» sobre los fertilizantes.

8,3%Se ha reducido el consumo de fertilizantes en España, según el Ministerio de Agricultura

El consumo de nitratos ya ha experimentado un fuerte descenso del 8,3%, según el Ministerio de Agricultura. Como se sabe, la UE ha denunciado a España por el incumplimiento de la Directiva de nitratos.

Con información de Inmaculada Ruiz

La renta agraria real experimentó el año pasado un descenso del 1,4% y se situó en los 22.016 euros. Si se mide por ocupado a tiempo completo en un año, esa caída fue del 6%. Y si se expresa en términos corrientes, hubo un leve aumento de 0,1%. Con perspectiva, en los últimos tres años el poder adquisitivo de agricultores y ganaderos es un 3% más bajo. Desciende un 5,8% si se compara con los niveles de 1990.

22.016euros al año fue la renta media agraria en 2021, un 1,4% inferior al año anterior en términos reales

Tanto como esto, preocupa el relevo generacional en el campo, que se considera un grave problema estructural. El sector estima que en los próximos diez años se habrá jubilado el 60% de los actuales titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, lo cual requiere actuar de inmediato para que otros tomen el testigo. El campo necesita «una recarga de jóvenes». Y no todo es a base de dinero, sino de una labor cultural y de fondo. Los sindicatos agrarios reclaman un plan integral para acercar a los jóvenes al campo, basado en formación y en incentivos fiscales; y en ese sentido señalan al Gobierno regional, para que exista una implicación de todas las consejerías, y no solo la de Agricultura. «Hay jóvenes que han tenido que devolver las ayudas porque se han equivocado al marcar una casilla; eso desalienta a cualquiera para dedicarse al campo», señalan.

El sector agroalimentario ha sorteado hasta ahora los inconvenientes generados en el mercado del Reino Unido a causa del 'Brexit', sobre todo en lo que atañe a las exportaciones de frutas y verduras, aunque está a expensas de los controles fitosanitarios que se aplicarán el próximo verano. Sin embargo, el sector no ha podido evitar los impactos causados por las guerras comerciales de la Unión Europea con Rusia y Estados Unidos, a causa de conflictos geopolíticos. En el primer caso por la anexión de Crimea, que provocó represalias de la UE y un veto del Kremlin que dura ya ocho años y que puede alargarse todavía más; y en el segundo caso por las represalias comerciales recíprocas a causa de las políticas de incentivos a las compañías Boeing y Airbus. El sector no quiere seguir siendo moneda de cambio.

10.000toneladas de frutas y hortalizas se exportaban anualmente a Rusia, antes del veto que se aplicó hace ocho años

El 'veto ruso' ha dejado casi a cero las exportaciones murcianas de frutas y hortalizas. De las 10.000 toneladas anuales que se vendían antes del conflicto, se ha pasado a menos de mil kilos. En cuanto a Estados Unidos, en la etapa de Trump se vieron afectadas un centenar de empresas, la mayoría de alimentación, por la subida de aranceles.