Las defensas del asunto de la desaladora buscan hundirlo por un plazo incumplido

Imagen de archivo de la desaladora de Escombreras. /A. Gil/ AGM
Imagen de archivo de la desaladora de Escombreras. / A. Gil/ AGM

Los abogados estudian cómo puede afectar que la magistrada Azuar no hubiera declarado la complejidad de la causa en el límite de seis meses

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Como no podía ser menos, los abogados defensores del 'caso La Sal', que investiga una presunta trama corrupta montada en torno a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras, no van a dejar pasar oportunidad alguna para tratar de hundir las diligencias o, si ello no es posible, para dejarlas gravemente tocadas. Una de las primeras ocasiones les ha llegado por el presunto incumplimiento de un plazo por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que habría dejado expirar los seis meses de límite máximo legal sin declarar formalmente la complejidad de la causa; un trámite que le habría permitido prorrogar la investigación durante otros dieciocho meses.

Varias de las defensas ya están estudiando cómo pueden utilizar esa circunstancia en favor de sus clientes -lo cual es sinónimo de usarla para tratar de perjudicar la buena marcha de las diligencias- e incluso uno de los letrados, el que representa a la asesora imputada María Antonieta Fernández, ya ha presentado un escrito reclamando el archivo de las actuaciones.

La magistrada que impulsa esta causa, María del Mar Azuar, levantó el secreto de las diligencias el pasado 7 de marzo. Ello implica que disponía de los seis meses siguientes, los que le otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para desarrollar la investigación. Un plazo que podría extender por otros dieciocho meses si desde la Fiscalía se pedía la declaración de causa de especial complejidad y, según la propia instructora, se daban los elementos para así considerarlo.

El precedente del 'caso Pasarelas' apunta a que la investigación no se verá gravemente perjudicada

Fuentes próximas al Ministerio Público señalaron ayer que la fiscal encargada de estas diligencias, María Isabel Neira, habría solicitado semanas atrás que el 'caso La Sal' fuera formalmente declarado «causa compleja». Pero el plazo legal para hacerlo habría expirado el 7 de septiembre, sin que exista constancia entre las distintas partes personadas en este procedimiento de que se haya dictado tal resolución.

La interpretación, posiblemente precipitada, que ya ha hecho alguna de las defensas es que no cabe otra medida que el sobreseimiento de las actuaciones y la exculpación de todos los imputados. Otros abogados, más prudentes, piensan que habría que poner fin a la investigación y decidir, en base a lo actuado hasta el momento, si se inician los trámites para llevar a juicio a los encausados o procede exculparlos.

Con el aval de la Audiencia

Las fuentes mencionadas de la Fiscalía, no oficiales, señalaron ayer a preguntas de 'La Verdad' que, en su opinión, la posible superación del plazo para la declaración de causa compleja en ningún caso obligaría a archivar las diligencias. E incluso consideran que ni siquiera procedería poner fin a la investigación, atendiendo a la jurisprudencia existente -todavía escasa- sobre tal cuestión.

De hecho, la Audiencia Provincial ya dictó una resolución, en noviembre del año pasado, en la que sostenía que la superación de ese límite legal en ningún caso puede obligar a sobreseer una causa. La Sala, constituida en aquella ocasión singular por seis magistrados, dejó sentado que la fijación del plazo de seis meses solo es orientativa y que la ley ya deja bien claro que, «en ningún caso, el mero transcurso de los plazos máximos dará lugar al archivo de las actuaciones, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641 (cuando no existan indicios de delito o los hechos no revistan ese carácter)».

La Audiencia Provincial advertía, además, de que tomarse ese límite de seis meses de forma taxativa supondría «una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva y una contravención del principio de legalidad penal». De ahí que obligara a seguir instruyendo las diligencias por el llamado 'caso Pasarelas', que era el que estaba afectado por tal hecho y que, finalmente, ha acabado llegando a juicio.

Desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia no se ofreció ayer aclaración alguna sobre la posible superación o no de ese plazo.

 

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