Una decena de ríos y embalses del Segura salen del farolillo rojo del deterioro ecológico

El organismo de cuenca ha dejado de considerar en mal estado global diez tramos de cauces o embalses que en el Plan Hidrológico del Segura para el ciclo 2022-2027 tenían la consideración de no alcanzar el buen estado ecológico. La CHS ha comenzado los trámites para redactar la que será la cuarta planificación de la cuenca de cara a 2033, y, en esos documentos de avance, ha resaltado la mejora en los indicadores de esta decena de masas de agua.

En primer lugar, el embalse del Argos (Cehegín) o el Azud de Ojós (Blanca) han conseguido alcanzar el buen estado global antes de 2027 por la mejora de los indicadores ecológicos y químicos, respectivamente. La primera presa incumplía los niveles permitidos de clorofila y el segundo, por contener sustancias peligrosas como el hidrocarburo Benzo(ghi)perileno.

La rambla del Talave o el río Corneros, este último entre Almería y Murcia, alcanzan los estándares biológicos adecuados, tras la detección en su momento de elementos tóxicos para el agua como los nitratos. La rambla del Moro y su embalse (Cieza) también salen de la zona peligrosa, al igual que el embalse del río Moratalla, que incumplía reiteradamente los niveles permitidos de fosfatos.

En el tramo del río Taibilla hasta el arroyo de las Herrerías, en el arroyo de Benizar (Moratalla), en el tramo del río Mundo desde el embalse de Camarillas hasta la confluencia con el Segura y el río Caramel, que bordea el parque natural almeriense de Sierra de María-Los Vélez y termina en el pantano de Valdeinfierno (Lorca), también se ha podido contrastar la mejora en el estado global.

Por contra, la CHS comprobó el pasado año la existencia de seis masas superficiales que sufrieron un empeoramiento en su estado ecológico respecto a lo expuesto en el plan de cuenca. En la Región de Murcia, solo se ubicaría el tramo del río Segura que va desde la desembocadura del afluente Quípar, antes del cañón de Almadenes, hasta el Azud de Ojós, y la rambla del Algarrobo, en Mazarrón. El resto son cauces que discurren en otras comunidades, como el arroyo de Elche, el río Tus y las ramblas Honda y Mullidar.

Respecto a los acuíferos, solo una veintena cumplirían los estándares de calidad del agua de las 63 masas de agua subterráneas de la cuenca, es decir, un 31,7%. Solo un acuífero, el de Cresta del Gallo, logra mejorar su estado químico al rebajar la CHS las cantidades de cloruro detectadas. Sin embargo, otros tres sí han empeorado su estado químico: Conejeros-Albatana, Ontur y el Triásico de Los Victorias. Este último, ubicado en el Campo de Cartagena, incumple por los niveles de sulfatos hallados.

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha establecido un periodo de seis meses de consulta e información pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión para el ciclo 2028-2033), correspondientes a las demarcaciones hidrográficas de España, entre ellas la del Segura.

Se inicia así el proceso de revisión de los planes hidrológicos vigentes, que ha de culminar antes del 31 de diciembre de 2027 con la aprobación de los planes hidrológicos para el siguiente periodo. Las próximas etapas clave del proceso de planificación serán los Esquemas de Temas Importantes de cada demarcación hidrográfica, que estarán a disposición pública antes del final de 2025, y el propio proyecto de plan hidrológico para el periodo 2028-2033, que se pondrá en consulta pública antes de que finalice el año 2026.

Los documentos iniciales, elaborados por las correspondientes confederaciones hidrográficas, estarán durante seis meses a disposición pública, hasta el 20 de junio de 2025, pudiendo consultarse en las sedes y páginas web de estos organismos de cuenca. Durante ese periodo, cualquier interesado podrá realizar las propuestas, observaciones y sugerencias que estimen convenientes respecto a dichos documentos, dirigidas a los organismos de cuenca correspondientes.

La Directiva Marco del Agua, que establece que al menos tres años antes del inicio del plan deben ponerse a disposición del público estos documentos iniciales.