El Consejo de la Transparencia quiere atributos para actuar en los municipios

Su presidente reclama modificar la ley para dotar a este órgano de personalidad jurídica propia, y también quiere disponer de dos auditores

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍA

El Consejo de la Transparencia celebrará mañana una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día: analizar el escrito del Defensor del Pueblo que critica que la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región omita a los ayuntamientos. El citado documento reprocha al Gobierno regional que, tal y como está redactada la norma, los murcianos «cuentan con menores garantías que los residentes en otras comunidades para impugnar y reclamar frente a las actuaciones y omisiones que realizan las administraciones locales», tales como negar información a los vecinos sobre los presupuestos municipales o expedientes de obras.

A la sesión de este viernes acudirán representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, así como todos los miembros del Consejo de la Transparencia, cuyo presidente, José Molina, instará a todas las formaciones políticas a que acaben con este limbo legal con los ayuntamientos y modifiquen la norma en el Parlamento autónomo. «Se tiene que resolver con consenso para que el Consejo de la Transparencia sea un órgano independiente», subrayó Molina. También apostó por la creación de una comisión y una ponencia en la Asamblea Regional «para que todos los partidos hagan sus aportaciones a la ley».

Molina quiere que se dote al Consejo de la Transparencia de personalidad jurídica propia para mediar en las reclamaciones de los ciudadanos contra las administraciones locales, en materia de acceso a información, así como para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que tienen. Para ello, solicitará que se dote a este órgano de potestad para impulsar expedientes que lleven aparejadas sanciones económicas contra los consistorios infractores.

«Debemos tener medios y poderes, de lo contrario es preferible cerrar el Consejo de la Transparencia porque no podemos tener una institución para engañar a la gente», criticó Molina. La reforma del texto legislativo, a su juicio, tendría que estar lista en noviembre y llevar aparejada herramientas para este órgano: «Necesitamos el apoyo técnico de dos auditores para realizar esta labor de supervisión de 300 instituciones y los 45 ayuntamientos».

La alternativa de Cs

Desde Ciudadanos, el diputado regional Juan José Molina apuntó ayer que la ley de Gobierno Abierto y Lucha Contra la Corrupción que impulsa su partido «recoge la recomendación del Defensor del Pueblo de incluir a los ayuntamientos». El texto legal registrado en julio por el partido naranja propone, entre otras medidas, la protección de los denunciantes de casos de corrupción, un registro de grupos de interés ('lobbies') y la regulación de las declaraciones de actividades.

El debate de esta propuesta podría producirse en noviembre y Juan José Molina animó al resto de formaciones a que «se sumen». Sin embargo, el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, José Molina, respondió que la solución no es esa: «Debe ser una ley de todos, no solo de Ciudadanos». Y volvió a insistir en la necesidad de modificar la actual norma regional de Transparencia y Participación Ciudadana: «Tenemos una ley imperfecta que debemos mejorar y lo vengo diciendo por activa y por pasiva». De hecho, tiene previsto enviar un escrito al Defensor del Pueblo para informarle de que en octubre de 2016 ya propusieron reformar el texto ante el vacío legal que existe con los consistorios.

La Consejería dice que la ley permite mediar en conflictos locales

El escrito del Defensor del Pueblo criticando que la ley de Transparencia y Participación Ciudadana omite a los ayuntamientos ha reabierto las tensiones entre la Consejería de Transparencia y el Consejo de la Transparencia de la Región. Desde el departamento de la consejera Noelia Arroyo recordaron ayer al órgano que preside José Molina que «un informe de la Abogacía del Estado dice que tienen competencias con los ayuntamientos». También criticaron que el Consejo solo ha gastado un 2% del presupuesto de 204.546 euros que tiene para 2018 y que, «durante dos años, sí atendía reclamaciones contra administraciones locales, pero después cambiaron de criterio». No obstante, desde la Consejería admitieron que el Consejo Jurídico de la Región emitió un dictamen que subrayaba que el citado órgano carecía de competencias para mediar en las denuncias de ciudadanos contra consistorios.

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