El Defensor del Pueblo critica que la ley de Transparencia omita a los ayuntamientos

El Consejo presidido por José Molina no puede mediar en reclamaciones contra los consistorios ni supervisar que cumplan con la publicidad activa

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación para que la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región dote de competencias al Consejo de la Transparencia de Murcia frente a los 45 ayuntamientos. En la práctica, la normativa murciana, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades como Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha, no prevé herramientas para que el Consejo de la Transparencia pueda interceder con cualquier consistorio cuando este no facilite documentación o recurra al silencio administrativo ante la petición de información de cualquier ciudadano sobre asuntos municipales, como por ejemplo: los presupuestos, expedientes de obras, los sueldos o el patrimonio de los miembros de una corporación local.

De hecho, el Defensor del Pueblo ha emitido un escrito, al que ha tenido acceso 'La Verdad', en el que reprocha que los artículos 5 y 6 de la ley de Transparencia y Participación Ciudadana «omiten toda referencia a las entidades locales ubicadas en su territorio». Y recuerda que el Consejo Jurídico de la Región ya puso de manifiesto esta carencia. Lo hizo a través de un dictamen, emitido el 13 de febrero de 2017, en el que concluía que el Consejo de la Transparencia de Murcia «carece» de competencia respecto a las corporaciones locales, tanto para resolver reclamaciones contra las mismas en materia de acceso a información, como para controlar que cumplan sus obligaciones de publicidad activa. De manera que el Defensor del Pueblo critica que «los hechos descritos ponen en evidencia que los ciudadanos de la Región cuentan con menores garantías que los residentes en otras comunidades para impugnar y reclamar frente a las actuaciones y omisiones que realicen las administraciones locales, ubicadas en ese territorio, en materia de transparencia y derecho a la información pública».

La institución reprocha que haya menos garantías de acceder a la información de las administraciones locales

Los consejos de la transparencia de otras autonomías tienen la potestad de impulsar procesos sancionadores contra aquellos ayuntamientos que no facilitan información a sus vecinos, incluso contra los funcionarios. Algo que no es posible en Murcia con el actual texto; por ello, el Defensor del Pueblo quiere que se acabe con el limbo jurídico de la norma que afecta a los conflictos con los ayuntamientos y en su escrito solicita información a la Consejería de Transparencia y Participación. En concreto, insta al departamento de la consejera Noelia Arroyo a que aclare «si existe alguna previsión o estudio para solventar esta situación y ofrecer a los ciudadanos alguna posibilidad de reclamación en vía administrativa, antes de tener que acudir a la vía contencioso-administrativa».

Un vecino de Lorca

El Defensor ha emitido este escrito después de que un vecino de Lorca le solicitase una solución al «problema» de aplicación de la citada norma en los consistorios de la Región. Este lorquino recurrió a esta institución después de solicitar al Ayuntamiento, hasta en dos ocasiones, la copia del contrato que suscribió con un medio de comunicación de Cartagena para publicar anuncios turísticos sobre la Ciudad del Sol. El Consistorio de Lorca le respondió que el contrato se firmó conforme marca la ley, pero no le aportó copia, de forma que este ciudadano recurrió al Consejo de la Transparencia. Pero su presidente, José Molina, le respondió que no tenía competencias para mediar.

Ahora, el Defensor del Pueblo quiere acabar con este vacío legal.

La Asamblea Regional no mueve ficha

Las carencias de la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región no son nuevas para los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), ya que en octubre de 2016, el Consejo de la Transparencia envió al Parlamento autonómico una propuesta de modificación de la norma en la que ya alertaba de «deficiencias» que afectaban al desarrollo funcional del citado órgano, tales como su falta de competencia ante los ayuntamientos. El documento consideraba «de máxima prioridad» acometer cambios en el texto, pero la legislatura encara su recta final y ningún partido ha movido ficha.

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