El Consejo Jurídico afea la gestión de un contrato para retirar ova del Mar Menor

En concreto, el órgano presidido por Antonio Gómez-Fayrén muestra en el dictamen su rechazo a que el Consejo de Gobierno levante el reparo interpuesto por la Intervención General de la Comunidad y proceda a autorizar el abono de facturas pendientes por importe de 119.556 euros a la empresa adjudicataria del contrato de retirada de biomasa en el periodo entre agosto de 2021 (justo después de una anoxia que causó la mortandad masiva de peces) y octubre de 2022, como planteaba hacer la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

De esta forma, el Consejo Jurídico insta al Ejecutivo regional a realizar una revisión de oficio, precisando en el documento una serie de anomalías desarrolladas durante el procedimiento administrativo, que se llevó a cabo antes de que Juan María Vázquez, asumiera las competencias del Mar Menor, que estaban entonces en manos del hoy senador del PP Antonio Luengo.

Entre estas anomalías estaría «un acto verbal de adjudicación» contrario a la ley, el cual además fue dictado «por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia», cuyo titular, un director técnico, «de forma clara y notoria» no tenía potestad para contratar.

El contrato en cuestión fue adjudicado por la Consejería a una empresa para que procediera a la retirada de biomasa en el Mar Menor durante un periodo determinado, entre agosto de 2021 y octubre de 2022, por un importe total de 1.195.561 euros. Según se establecía, los pagos se realizarían por mensualidades. Hasta ahí todo bien. El problema llegó después cuando, a finales de febrero, ocho meses antes de la finalización del mismo, la partida presupuestaria ya se había agotado debido «a una situación impredecible por el aumento exponencial de afloramientos de algas en el Mar Menor».

Entiende el Consejo Jurídico que esta circunstancia producía «una alteración del plazo del contrato que implicaría una modificación del mismo», teniéndose por tanto que redactar uno nuevo, siguiendo todos los procedimientos legales de adjudicación y fiscalización.

Aunque la Comunidad llegó incluso a redactar un nuevo contrato modificado, nunca llegó a ejecutarlo. Dio por acabado el contrato anterior, con una duración menor de la prevista, y continuó la retirada de ova con medios propios. Esto es lo que lleva al Consejo Jurídico a afirmar que «ha habido un acto verbal de adjudcación que ha de calificarse nulo de pleno derecho, en el entendimiento de que la contratación administrativa es esencialmente formal y la propia Ley de Contratos del Sector Público prohíbe expresamente la contratación verbal, salvo en supuestos excepcionales de emergencia», según se indica en el dictamen.

En ese sentido, lo que determina el órgano que preside Antonio Gómez-Fayrén es que se ha de realizar una revisión de oficio para corregir las irregularidades detectadas en el procedimiento. No obstante, indican fuentes del Consejo Jurídico que no se discute que la empresa adjudicataria tiene que cobrar el servicio prestado en aquellos años.

Otro reproche que hace el dictamen a la Comunidad es que el reparo de Intervención General se hizo en octubre de 2022 y la propuesta de resolución que se envía al Consejo Jurídico no se produce hasta dos años después. «La demora desproporcionada en resolver el procedimiento no parece tener justificación alguna y obra en contra de los interés del particular, además de ser contraria al principio de servicio a los ciudadanos», sentencia.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor indicaron que este tipo de reparos por parte de Intervención «son habituales en la administración pública», que siempre consulta con el Consejo Jurídico «para obtener el aval legal a las contrataciones».

En el caso del contrato de biomasa de los 2021 y 2022, reiteran desde Medio Ambiente que era la primera vez que se hacía y la cantidad de ova retirada del Mar Menor fue mayor de la prevista, por lo que el presupuesto se agotó antes de tiempo. No obstante, el servicio se siguió prestando «recurriendo a medios propios».

La Consejería señala que ha tomado nota del dictamen del Consejo Jurídico e informa de que la revisión de oficio que este plantea «ya se encuentra en tramitación», con el objetivo de proceder lo antes posible al pago de las cantidades pendientes a la mercantil.

Asimismo, desde el gabinete del consejero Juan María Vázquez recuerdan que la gestión de los contratos de biomasa se ha realizado de forma diferente en años posteriores. En ese sentido, la Consejería tiene en marcha el proceso de adjudicación del contrato para los dos próximos años, que «supondrá una inversión de casi 13,2 millones en actuaciones que se desarrollarán durante 2025 y 2026, con la posibilidad de prorrogarlo dos años más».

Esta inversión «se enmarca en el compromiso del Ejecutivo regional de proteger y restaurar el ecosistema del Mar Menor, uno de los enclaves naturales más importantes de la Región», indican desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.