Dos años y medio de prisión al ex director general de CAM por unas dietas ilegales millonarias

Nuevo varapalo judicial para la cúpula de la extinta CAM. La Audiencia de Alicante condenó ayer a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 48.000 euros a su ex director general Roberto López Abad, así como a un año y medio de cárcel y a pagar 21.000 euros a cuatro consejeros por aprobar el cobro irregular de dietas millonarias por parte de Modesto Crespo, el hombre que fue presidente de la entidad y que ha sido condenado a su vez a nueve meses de cárcel.

En la resolución, estos seis encausados son declarados autores de un delito de apropiación indebida agravada, según recoge el fallo que ayer dio a conocer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En cambio, absuelve a otros quince antiguos miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a los que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular exoneraron de responsabilidad durante el juicio, celebrado entre los pasados meses de junio y julio.

Crespo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular -entre las que se encontraba el letrado Diego de Ramón-, y admitió haber percibido de forma irregular 600.000 euros brutos como presidente de Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la caja, y se declaró culpable de un delito de apropiación indebida agravada. Crespo aceptó una pena de nueve meses de prisión, una multa de 9.000 euros y devolver el dinero cobrado.

Ahora, la Sección Décima de la Audiencia de Alicante valida ese acuerdo y condena a los otros cinco procesados ya reseñados. Esto es, además de López Abad, a los antiguos miembros de la comisión de retribuciones: José Forner, Antonio Gil-Terrón, Luis Esteban y Martín Sevilla.

El problema existente con la percepción de estas dietas es que en los estatutos de la caja alicantina, con 130 años de historia y que fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 para después ser vendida por un euro al Banco Sabadell, se establecía que los cargos de consejero general o presidente tendrían «carácter honorífico y gratuito», de manera que no podrían generar remuneraciones distintas de las dietas por asistencia a reuniones o gastos de desplazamiento que aprobase la asamblea general.

Sin embargo, según recoge la sentencia, en 2009 López Abad y Modesto Crespo actuaron «en connivencia e idearon un plan para burlar la prohibición estatutaria». Los miembros de la comisión de retribuciones aceptaron una propuesta que, según los magistrados, era «inasumible», pues «vulneraba lo dispuesto en los estatutos y la política retributiva de los consejeros por ellos fijada». El consejo de administración dio a su vez el visto bueno al nombramiento de Crespo como presidente de Tinser Cartera SL en una reunión en noviembre de ese año.

El tribunal no cree acreditado que se sometiera a la consideración del consejo los emolumentos del presidente, «ni mucho menos» su carácter retroactivo, por lo que exculpa a 15 de los 21 acusados.