La Comunidad reconoce que es «crítica» la situación económica de la sociedad de la desaladora

La Comunidad Autónoma reconoció ayer que la situación económica de la sociedad de la desaladora de Escombreras es «crítica», pero precisó que el proyecto está judicializado y mientras no haya una resolución que indique otra cosa, deben mantenerla en funcionamiento, en contra del dictamen de la Intervención de la propia Comunidad, que reclama la extinción de la sociedad mercantil de la desaladora, tal y como informó ayer LA VERDAD.

Por su parte, el secretario general del PSOE regional y delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, tachó ayer de «absoluta vergüenza» que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «no dé la cara para pedir perdón a toda la Región» por este asunto.

En un tuit publicado poco después del mediodía, Vélez lamenta que «la trama de la desaladora de Escombreras es el mejor resumen de la gestión del PP. Llevan 27 años usando la Región para enriquecerse con prácticas mafiosas a costa del bolsillo de todos». Por ello, a su juicio, «López Miras debería dar la cara de inmediato» y cree que «la Región necesita que pasen a la oposición». Después, a preguntas de LA VERDAD, el secretario general de los socialistas murcianos señaló que, en la época en la que se gestó la desaladora de Escombreras, López Miras «estaría tocando la flauta dulce. Pero ahora debería hacer algo más que tocar la flauta», y pidió al presidente que «asuma la responsabilidad que tiene, aunque no la ejerza».

Vélez aseguró, además, que «López Miras nos ahonda en la ruina» y calculó el coste de la desaladora para las arcas públicas en «600 millones de euros». Algo que «no solo es un despilfarro. También es la marca de López Miras y el PP en la Región». Así, Vélez se preguntó «quién le va a devolver ese dinero a la ciudadanía» y también planteó si «se va a seguir escondiendo» el presidente. En palabras del propio Vélez, el caso de la desaladora de Escombreras es «otro escándalo más que pone de manifiesto que en esta región no tenemos un Gobierno, sino un grupo de irresponsables que no saben hacer la o con un canuto y que se han dedicado a vaciar las arcas públicas».

Por su parte, la Consejería de Agua decidió ayer por la mañana guardar silencio respecto al dictamen de la Intervención, aunque a última hora de la tarde quiso explicar que «la situación de la desaladora está judicializada». La Comunidad, según fuentes del departamento dirigido por Antonio Luengo, «está trabajando con la máxima cautela y con la máxima seguridad jurídica para abordar este asunto, dando cuenta al juzgado de cada uno de los movimientos que se adoptan». Las mismas fuentes indican que «el principal objetivo de cada decisión que se adopta es evitar perjuicios al erario público, si bien, mientras la situación permanezca judicializada y en tanto no haya una resolución que indique lo contrario, se debe continuar con el mantenimiento y las indicaciones que dicta el contrato actual con la Comunidad». La Consejería reconoce que «la situación económica de la desaladora de Escombreras es crítica, dado el incremento de costes y el actual porcentaje de funcionamiento de la misma». Por eso, «se está trabajando y adoptando acuerdos para resolverla a la mayor brevedad posible».

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