La Comunidad y el Imserso destinan 39 millones a «reducir listas de espera» de la Dependencia

Ortuño acusó al Gobierno central de infrafinanciar la dependencia en la Región. La Comunidad «financia casi ocho de cada diez euros con recursos propios, mientras el gobierno socialista se niega a cumplir la ley y financiar el 50% del sistema», señaló. Esto ha supuesto «que en 2024 la Región haya dejado de percibir 77 millones de euros que le correspondían», una cantidad con la que «se podrían haber creado más de 5.000 plazas en residencias», denunció el consejero portavoz. «Exigimos el mismo trato que al País Vasco, con quien el Gobierno de España pactó financiar el 50%».

El Consejo de Gobierno también dio este jueves luz verde a un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo por el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades. Si a principios de mes recurrió el decreto que fijaba este reparto, ahora llevará a los tribunales el Real Decreto 743/2025, que regula la capacidad de acogida del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en cada territorio. En este decreto se establece en 517 menores la capacidad de acogida de la Región de Murcia, una cifra que el Gobierno regional «entiende muy alejada de su capacidad real, es decir, de las plazas disponibles para atender a los menores trasladados».

Sobre el cierre de menores de Santa Cruz, tras el acuerdo de presupuestos con Vox, Marcos Ortuño defendió que el Ejecutivo autonómico mantiene su «hoja de ruta» para la implantación del «nuevo modelo de acogimiento» de menores tutelados, que tiene por objetivo que estos vivan «en un entorno lo más parecido a un hogar». Comisiones Obreras ha denunciado que solo los menores migrantes han sido trasladados a El Valle, pero Ortuño rechazó que esto suponga una segregación en función del origen de los niños tutelados. La Consejería de Política Social «actúa siempre teniendo en cuenta los derechos, la protección y el interés del menor», subrayó.

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves otras medidas. Entre ellas, la compra de nuevos equipos de hemodiálisis para el Reina Sofía y el Lorenzo Guirao, por 4,8 millones, la adquisición de 27 todoterrenos para renovar la flota de vehículos de los agentes medioambientales, y la prórroga a un programa que lleva la robótica a centros educativos.