La Comunidad se desespera con Hacienda por el retraso de las entregas a cuenta

Mientras tanto, el Gobierno regional sigue clamando por los fondos que tienen que ser transferidos desde la Administración central. El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, confirma que esto ya está provocando tensiones de tesorería similares a las que en ejercicios anteriores llegaron a final de año.

La Consejería de Hacienda calcula que a estas alturas de año ya tendrían que haber recibido 249 millones de las entregas a cuenta que son transferidas mes a mes, de los 655 atribuidos para este 2025 en concepto de tributos cedidos. A eso añaden otros 535 millones procedentes del ExtraFLA, la parte del Fondo de Liquidez Autonómica para las comunidades infrafinanciadas. A final de año, a la Región le corresponderían por estas dos vías 1.190 millones. «¿Cómo pagamos a proveedores y empleados públicos sin esos fondos?», se pregunta el titular de Economía y Hacienda.

De este problema coyuntural, el consejero murciano pasa a otro persistente. «La situación de infrafinanciación se agrava año a año, según ha confirmado el Ivie», dice Marín, a propósito del último trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que recalcula la infradotación económica estimada hasta ahora. «Estaríamos dejando de recibir 1.600 millones de euros al año. Si sumamos esa cantidad al Presupuesto autonómico de 2024, que en números redondos fue de 6.000 millones, supondría contar con casi un 27% más».

La investigación del Ivie ahonda en las cifras de infrafinanciación autonómica y eleva lo que supone esta brecha para los ciudadanos de la Región. En 'El sistema de financiación autonómico y las CC AA infrafinanciadas', que fue presentado esta semana en Sevilla por su director, Francisco Pérez, se sostiene que el actual sistema (aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde 2014) provoca diferencias de hasta un 32% en los recursos para atender los servicios públicos entre las comunidades de régimen común mejor y peor financiadas. En él, pone de manifiesto que las cuatro comunidades que se llevan la peor parte son Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valencia y la Región de Murcia. Pérez lo considera «un problema grave» porque en las cuatro «se concentra el 36% de la población española».

Todas ellas se sitúan por debajo de la media de recursos por habitante ajustado, con menos de 3.300 euros anuales por unidad de necesidad, frente a los 3.367 euros de media de las comunidades de régimen común. La diferencia se eleva a casi 1.000 euros con respecto a Cantabria, la comunidad de régimen común mejor financiada (4.163 euros por habitante ajustado), según los datos de 2022 (últimos disponibles).

Según el Ivie, «se ven obligadas a destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a cubrir los servicios públicos fundamentales, como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, pero el precio que pagan es que cuentan con menos recursos para desplegar sus políticas de desarrollo regional». En este punto, resalta que «limita su capacidad de ayudar a las empresas e impulsar la l+D, lo que condiciona el despliegue de políticas para mejorar su PIB per cápita».

Gobierno central y comunidades autónomas se verán las caras, como adelanto de la Conferencia de Presidentes, el 28 de mayo, en el comité preparatorio. Ahí, las administraciones regionales tendrán que cerrar el contenido de la cumbre del 6 de junio con el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres.

Antes de eso, ya esta próxima semana, el Ministerio de Hacienda reunirá al comité técnico integrado por directores generales de cada comunidad. El objetivo es marcar un criterio claro con ellos de lo que se entiende por población ajustada y las variables que influyen en la reforma del sistema de financiación autonómico. Aunque, según el consejero murciano, la intención del departamento de María Jesús Montero es otra: «El ánimo es seguir enredando porque el Ministerio continúa sin plantear ningún tipo de propuesta y justificar que está preocupado por el asunto», teme Luis Alberto Marín.