La Comunidad eleva a 212 millones de euros la nueva reclamación a la anterior concesionaria del aeropuerto
El expediente de liquidación permitiría al Gobierno ingresar cerca de 70 millones por daños y perjuicios en el retraso de la apertura de Corvera
El Gobierno regional ha elevado de 180 a 212,4 millones de euros los daños y perjuicios que exigirá a la anterior concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia por los retrasos en la apertura de las instalaciones. La Consejería de Fomento ha actualizado el montante económico tras tener que reiniciar el expediente de liquidación del contrato con la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia SA (Aeromur) por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anuló el primer procedimiento.
La caducidad del expediente autonómico contra los incumplimientos de la sociedad controlada por el grupo Sacyr y varias empresas murcianas, ratificada en los tribunales por unos defectos de forma, ha motivado que la Consejería de Fomento vuelva a reclamar compensaciones nueve años después de intentarlo por primera vez.
En la práctica, la Comunidad podría ingresar en torno a 70 millones de euros (el doble que en la liquidación fallida) si el procedimiento no se topa con alguna piedra, ya que se debe computar la inversión reconocida de 143,7 millones de euros por parte de la concesionaria en la construcción del aeropuerto.
A partir de este momento, señalan fuentes del departamento que dirige José García Montoro, los socios de Aeromur tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones. «Finalizado ese periodo, las alegaciones serán informadas en el seno de la instrucción del expediente de liquidación y posteriormente, se elevará la propuesta de liquidación definitiva al órgano de contratación», especifican.
El lucro cesante asciende a 54,2 millones
La cuantía económica que se reclama contempla, en primer lugar, el importe de las obras de accesos y las expropiaciones asumidas por el Ejecutivo regional por valor de 76,5 millones de euros, pero también las expropiaciones que tenía que haber acometido la vieja concesionaria (33 millones de euros). El expediente también fija otros costes que vuelve a exigir Fomento, como el lucro cesante por el retraso en la puesta en marcha del aeropuerto (54,2 millones) o los gastos financieros derivados de los préstamos suscritos por la Comunidad para pagar el aval (44,8 millones).
Por último, el expediente recoge otros gastos correspondientes a deficiencias y perjuicios en la propia infraestructura que la Administración regional se ha visto «obligada a asumir como consecuencia de la resolución del contrato y toma de posesión del aeropuerto» (3,9 millones).
Actualización de precios
Fomento ha elevado la cuantía de la liquidación a Sacyr y sus socios en más de 32 millones de euros por la actualización de los precios, más los intereses y subidas de impuestos. La sentencia del TSJ abrió la puerta a reiniciar el procedimiento para efectuar esa reclamación, pero antes era necesario revisar cada cuantía que se iba a volver a pedir a la exconcesionaria.
«La Comunidad volverá a presentar la liquidación para poder reembolsar y reparar el daño económico causado por la empresa Sacyr», indicaron desde la Consejería de Fomento el día que se comenzó a tramitar el nuevo expediente.
En paralelo, la Fiscalía de la Región de Murcia abrió diligencias previas a principios de octubre para investigar si la Comunidad llevó a cabo una tramitación adecuada o no de esa liquidación a la antigua concesionaria, iniciada en 2013. El fondo de la cuestión es averiguar si pudo existir una presunta prevaricación en la prescripción de la reclamación a la sociedad.
Comisión en la Asamblea
El nuevo expediente seguirá su camino mientras en la Asamblea Regional también se llevará a cabo una investigación, entre otras cosas, para determinar si sigue habiendo un impacto económico de los costes de construcción del aeródromo en las cuentas regionales. No es la única comisión que abordó este asunto en el Parlamento autónomico, ya que la primera también trató de enteder hace años el fiasco de la liquidación y los retrasos en la apertura, pero no se llegaron a conclusiones firmes.
Comparecerán ahora el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero (máxima accionista de Aeromur); Joaquín Rocamora, exjefe de los servicios jurídicos de la Comunidad, y Ana Tudela, responsable actual. También se citarán a Manuel Manrique, actual presidente de Sacyr, y Mauricio Lucena, presidente de Aena.
