Seis asociaciones de comerciantes de Murcia, abocadas a la desaparición por el reintegro de ayudas

Esta última situación es precisamente a la que se enfrentan en estos momentos –no sin discrepancias por la decisión– seis asociaciones de comerciantes del municipio de Murcia, entre ellas algunas con tanto peso y tan activas como la de las calles Trapería y Platería y la del castizo barrio de Santa Eulalia. En total, el Consistorio les reclama el reintegro de cantidades, relativas a la convocatoria de 2018, que suman más de 50.000 euros. Esta situación, sumada a la maltrecho estado en el que la pandemia ha dejado sus arcas, las deja técnicamente en quiebra y «abocadas a su desaparición», en palabras de sus principales responsables.

Este proceso, que culminó con la definitiva resolución de reembolso aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 17 de diciembre, arrancó en 2019, con la llegada a la Concejalía competente del edil de Ciudadanos Juan Fernando Hernández Piernas, para suceder a la popular Maruja Pelegrín. Las nuevas directrices fueron las de abrir cajones y comprobar si las subvenciones se habían estado otorgando y gastando de manera adecuada. Además, dichas actuaciones coincidieron con la actividad de control desarrollada por la Intervención General del Ayuntamiento, que centró parte de su labor de ese año en elaborar sendos informes sobre la contratación y las subvenciones municipales, que calificó como «desfavorables».

Los expedientes iniciados desde Comercio fueron finalmente resueltos por la Intervención, que dictaminó la necesidad del reintegro, según indica Hernández Piernas. De nada han servido las alegaciones presentadas por las distintas asociaciones afectadas, que han visto como estas eran finalmente desestimadas.

La decisión ha dejado, sin embargo, atónitos a sus responsables, que llevaban años elaborando las memorias de actividad conforme a los mismos criterios y han visto que lo que antes servía, con el beneplácito de la jefatura de servicio, dejó de ser válido de la noche a la mañana. De hecho, destacan que en la mayoría de los casos, los defectos esgrimidos por la Administración se ciñen a «cuestiones formales», ya que «todas las actividades se realizaron y cuentan con su correspondiente factura», por lo que se podría estar dando lugar a una «injusticia material» con la exigencia de estas devoluciones tan cuantiosas. «Hay que recordar que los presidentes de las asociaciones no son expertos ni profesionales de estas cuestiones y que si se iban a ser tan inflexible en los requisitos formales, se les debería haber dado una formación», considera el presidente de la Federación Murcia Área Comercial (Femuac), Santiago Vera, que asegura que, uno de sus objetivos, es profesionalizar estas cuestiones en las entidades con el apoyo de la propia Federación.

«Desde luego no nos han ayudado a solventar estos fallos, a pesar de que todo está gastado y justificado con transferencias y pagos nominativos», asegura Francisco Nicolás, presidente de la Asociación de Comerciantes de Beniaján –con 87 asociados–, a la que se reclama la mayor cantidad: más de 18.000 euros, concedidos para la realización de dos eventos: un desfile de moda y otro relacionado con la Navidad, según explica. «No tiene sentido que se aplique esto por un fallo administrativo», añade, recordando que la dureza de la crisis sanitaria ha llevado a no reclamar, siquiera, las cuotas a los asociados. «Como para pedir que cubran ahora este reintegro», zanja.

En la misma línea se manifiesta Marisa Cano, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Trapería y Platería; y Francisco Guerao, vicepresidente de la del barrio de Santa Eulalia. Ambos destacan que sus intentos de enmendar estas cuestiones, tanto a través de abogados como de contactos con los concejales han sido en vano. «Es que no hay interés, esto parece una caza de brujas», valora Cano. «Estamos sacando ahora todas las actividades exclusivamente con nuestros recursos, por ejemplo las de Navidad o las próximas de San Blas o la Candelaria; cumplimos una función y si quieren cargársela con lo que nos cuesta implicar a la gente, es su decisión», defiende Guerao.

Y ahí está la cuestión, porque el Consistorio debe decidir ahora si reúne a las entidades afectadas para explorar y agotar las vías para su supervivencia o si las deja caer. Por el momento, parece más proclive a esta segunda opción. Eso es lo que creen las asociaciones y lo que deja entrever el concejal del ramo, el socialista Juan Vicente Larrosa, que no ve mayor inconveniente en liquidarlas para fundar otras nuevas. «Veremos la posibilidad de dar facilidades de pago, pero la devolución se debe hacer», concluye, apelando a la legalidad.