El mapa de inundabilidad obliga a corregir centenares de promociones urbanísticas en la Región de Murcia

La Federación de Municipios de la Región (FMRM) mantuvo esta semana una reunión telemática con técnicos de las localidades afectadas. Según el secretario de este organismo, Manuel Pato, la convocatoria sirvió para establecer varias líneas de trabajo, entre las que está solicitar un plazo transitorio para aplicar las normas sobre inundaciones.

«El último decreto, que supone una modificación de la ley de 1986, entró en vigor en enero de 2017 sin un periodo de transición, ya que en esa fecha no se habían publicado todavía las cartografías, que marcan las zonas con flujos preferentes. Estas se difundieron en 2021», explicó. La Federación y los ayuntamientos no pretenden deshabilitar la norma, «sino establecer más flexibilidad y estudiar cada uno de los proyectos al detalle con el fin de ser más permisivos».

Las zonas inundables son aquellas en las que hay riesgo de inundaciones, pero la ley permite a los constructores realizar correcciones en los proyectos para que estos salgan adelante. En cambio, los espacios denominados de flujo preferente son más restrictivos porque se trata de zonas más propicias para las avenida; está taxativamente prohibido construir colegios, hoteles, centros de salud, centros comerciales... Es decir, cualquier equipamiento. La norma vigente sí permite levantar promociones de viviendas siempre y cuando se establezcan medidas que minimicen los riesgos. Según consta en la FMRM, las localidades de la Región más afectadas por el nuevo mapa de zonas inundables son Murcia, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras, Cieza, Archena, Alhama de Murcia, Las Torres de Cotillas, Beniel, Santomera, Torre Pacheco y La Unión.

Es el municipio más poblado y con mayor presión urbanística de la Región. En la actualidad, según los datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), hay más de ochocientas viviendas en zona inundable y flujo preferente, en Guadalupe, El Puntal, Juan de Borbón, Juan Carlos I, La Flota y la Costera Sur.

El presidente de la asociación, José Ramón Blázquez, explicó que «mientras estos proyectos no se resuelvan, no se van a presentar nuevos, lo que supondrá un gravísimo problema que va a complicar aún más el problema de acceso a la vivienda de nuestros ciudadanos, así como el precio de la vivienda usada y el alquiler». Como dato comparativo, Blázquez apuntó que en 2020 se visaron en la Región menos de tres mil nuevas viviendas, y que en el municipio de Murcia se contabilizaron en torno a mil unidades. «Es evidente que las viviendas paralizadas suponen un elevado porcentaje del total, lo que indica que la actividad se estaba recuperando», insistió el promotor.

«Cuanto más demore el Ayuntamiento la solución de estas licencias, el problema se agravará y continuaremos ahuyentando las inversiones previstas para nuestra Región y para nuestra ciudad», concluyó Blázquez.

La CHS ultima una resolución que permitirá al Ayuntamiento de Cartagena desbloquear la concesión de licencias de construcción de viviendas no solo en el Plan Rambla, sino también en otras zonas inundables de la ciudad y del resto del municipio con suelo urbano consolidado, como la plaza José María Artés y El Albujón. También facilitará levantar dos naves en el polígono de La Palma.

La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, espera otorgar en las próximas semanas los permisos para la primera promoción de Cartagena Parque, empresa de Tomás Olivo, en la avenida del Cantón: 74 pisos junto al Palacio de Deportes, dentro de una urbanización pensada para 1.640; y para un edificio de cinco alturas en la plaza José María Artés proyectado por Grupo Unión.

También podrán reactivar sus planes otras empresas y particulares para construir cuatro casas en la calle Hogueras de San Juan de El Albujón, un chalé en la calle Camino al Rancho de esta localidad y dos naves en La Palma. Hay expectativas de que más empresas promuevan viviendas en el casco histórico.

En Mazarrón, el concejal de Urbanismo, Ginés Campillo, señaló que hay dos proyectos atascados. Uno es una promoción de viviendas frente a la playa de Nares. El plan Bahía 3 y 5 contempla la creación de un complejo hotelero y diversos proyectos urbanos con la creación de setecientas viviendas en varios bloques. «Estamos negociando con la CHS este asunto para tratar de darle una solución», apuntó Campillo.

«Los promotores proponen a la CHS la conexión de las ramblas de las Moreras y la Cruz para evitar que entre el agua en esta zona», explicó Campillo. Añadió que otro de los planes que han sufrido problemas contempla cuatro bloques de casas en Playa Grande, junto a la avenida del Castellar, a la altura del club deportivo Copy Coy. «Los empresarios no tienen de momento licencia porque es una zona inundable», recordó el edil.

En Águilas, hay más de una decena de proyectos de particulares paralizados por el nuevo mapa de inundabilidad de la CHS, confirmó el titular del departamento de Urbanismo, Tomás Consentino. «También se han producido retrasos en el complejo C4, una urbanización frente al centro comercial Águilas Plaza, junto a la rambla de Las Culebras», explicó. En el caso de este plan, «se han ido realizando actuaciones concretas, buscando minimizar los riesgos por riadas».

En cuanto a las solicitudes de particulares, Consentino apuntó que «no podemos dar permisos a menos que se lleven a cabo modificaciones, ya que las construcciones están en suelo inundable. Por ejemplo, en algunos proyectos hay que realizar medidas correctoras, como crear muros de contención o elevar en algunos casos los inmuebles. El mapa de la CHS no deja de ser una fotografía aérea con calados en el suelo, y la idea siempre es minimizar los daños en el caso de riadas».

En Lorca, la zona de flujo preferente afecta a un millar de hectáreas de terreno localizadas en las pedanías de Torrecilla y Campillo, y en menor medida, en la de Purias. El concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz, confirmó que actualmente solo hay tres proyectos de construcción o ampliación de viviendas unifamiliares paralizados en estas diputaciones por encontrarse en zonas afectadas por las nuevas restricciones. Ruiz recordó que el Consistorio ha presentado alegaciones a la CHS porque «el mapa de inundabilidad es demasiado conservador y pedimos que se actualice». La pretensión del equipo de gobierno es que la prohibición de construir se aplique solo a zonas donde hay cauces cercanos.

Otros municipios se han visto obligados, asimismo, a cambiar el planeamiento urbano. Es el caso de Beniel. Su alcaldesa, Mari Carmen Morales, sostiene que «el 60% de nuestro término es inundable, por lo que hemos tenido que eliminar del plan urbano algunos desarrollos, ya que fue un requerimiento de la Comunidad; suelo urbanizable que ahora ha pasado a no urbanizable por el riesgo de inundaciones».

La primera edil aseguró que en estos momentos no hay ningún plan paralizado, aunque se debe a ese cambio en la norma. En Santomera, desde la alcaldía confirman que «hemos solicitado a la CHS sendos informes por dos proyectos paralizados porque se ubican en zonas de flujo preferente. Se trata de dos casas unifamiliares, una junto a la Orilla del Azarbe y otra en La Mota».

En Cieza, el nuevo planeamiento ha dado lugar a que el Consistorio solicite hasta nueve informes previos a resolver para otorgar licencias. El concejal de Urbanismo, Antonio Martínez Real, dijo desconocer si las nuevas nomas afectarán a la construcción de un pabellón deportivo junto al colegio José Marín, donde se registran inundaciones cada vez que hay lluvias. Tampoco sabe si se verá afectado el proyecto de construcción de un nuevo puente en el paraje de El Ginete.