Casi dos décadas de vida sin luz ni agua ni derechos de propiedad en Valle del Sol

Stanislava, Sue, Kevin, Deborah, Kathelyn, David o Frederik son solo algunos nombres de aquellos que decidieron, hace casi dos décadas, invertir todos sus ahorros en una vivienda para jubilarse en este enclave del soleado Levante español, vendiendo, incluso, el que había sido hasta entonces su hogar en sus países de origen. Pero no hay que extrañarse de que todavía sigan apareciendo cadáveres de una época que fue equiparable en lo urbanístico a la de la conquista del Oeste americano, con un a veces cuestionable imperio de la ley y la presencia de algún que otro forajido campando a sus anchas.

«Vivir sin suministros básicos no es fácil: algunos apenas disponemos de luz de obra, que no está siquiera individualizada por viviendas, obligándonos al uso de placas solares o generadores, sobre todo si se quiere enchufar algo con cierta potencia como el aire acondicionado», expone Linda, al tiempo que reconoce que lo peor es no contar con conexión a la red de agua potable. «La tomamos de depósitos o de una balsa de riego, por unas tuberías deficientes, y ya te digo yo que el hilo que sale por la ducha no huele bien y, claro, sin un adecuado sistema de alcantarillado y saneamiento, esta suele acabar en un pozo ciego», lamenta con resignación, mientras observa las pequeñas escombreras que trufan el entorno de las viviendas, entre caminos de tierra sin asfaltar.

Todos los residentes de esta urbanización 'alegal', por calificarla de alguna manera, se reconocen víctimas de una estafa por la que «nadie pagó». «No éramos británicos, alemanes o holandeses buscando chalés baratos en España: compramos a los precios del mercado de aquellos momentos, en mi caso 250.000 euros, esperando recibir aquello que habíamos acordado», subraya Linda.

Sin embargo, su marido, ya fallecido, no ha llegado a ver una solución a este entuerto legal con la que poder regularizar sus casas. Las empresas promotoras de estos desarrollos iniciaron las obras a principios de los 2000 -en un enclave habitado irregularmente desde los 80- sin contar con licencia ni haber presentado el correspondiente plan parcial. Algunas, incluso, construyeron sobre terrenos que ni siquiera eran suyos.

Los nuevos residentes, de una decena de nacionalidades, no pudieron ni quisieron creer entonces que sus propiedades eran ilegales y se agarraron a la promesa de los constructores de que, tarde un temprano, todo se arreglaría, incluso tras recibir sanciones que entendían que nunca debían haber sido para ellos.

Nuevamente fueron engañados. Tras tantos años de pelea, se encuentran con que, además de los servicios, ni siquiera cuentan con una escritura individualizada sobre su propiedad. «El suelo es de todos y las construcciones no son de nadie; al menos, antes de morir, como poco nos gustaría poder resolver estas cuestiones para poder legar la propiedad a nuestros hijos», concluye Linda.

«Nos encontramos ante gente que siempre actuó de buena fe; deberían intentar ayudarlos, por justicia y por la imagen que se da del país», apunta su abogado, Pedro Rivera, subrayando que «no se buscan culpables, solo soluciones, que se pueden alcanzar con voluntad».

En busca de estas, los residentes se agruparon en la asociación AUN para hacer frente a los abusos urbanísticos y lo hicieron a imagen y semejanza de la formada Andalucía. Su presidenta, Maura Hillen, que los asesora, ha logrado promover avances al respecto en la legislación andaluza y les anima a participar en política para ser escuchados.