Ballesta y otros 30 alcaldes piden que las ayudas por el coronavirus se repartan en función de la población y no del ahorro

Alcaldes de 31 ciudades, entre ellos el de Murcia, José Ballesta, y pertenecientes a 13 partidos diferentes, acordaron este martes reclamar al Gobierno central que sustituya el real decreto actual, que entrega 5.000 millones a los ayuntamientos que den sus remanentes al Estado, por otro que los distribuya sólo en función de la población.

Así, la reunión telemática que se celebraba este martes culminó con un documento conjunto respaldado por los primeros ediles de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.

Ballesta destacó el «acuerdo unánime» alcanzado en la reunión y subrayó que los 5.000 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, obtenidos a través de los »impuestos de todos los españoles, deben repartirse entre todos los ayuntamientos con criterios de igualdad».

«El Real Decreto Ley planteado por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, ha sido rechazado por todos los alcaldes hoy presentes y que representan a la amplia mayoría de los Ayuntamientos de España. Y ello por un motivo fundamental: porque rompe el principio de igualdad entre todos los españoles», concluyó.

En el comunicado conjunto suscrito, los alcalden piden «un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal». Asimismo, instan al Estado a «la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021».

Asimismo, solicitan «el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten».

Por último, expresan su «voluntad de asistir conjuntamente a la sesión del trámite de convalidación en el Congreso para reafirmar con nuestra presencia lo expuesto en este comunicado y reiterar nuestro deseo de abrir un diálogo con el Gobierno para mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de las entidades locales».