El Ayuntamiento de Murcia da un toque de atención a los huertanos y desentubará un cauce

Rechazaba el juzgado de Lo Contencioso número 6 en su fallo el recurso de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia contra el decreto del Ayuntamiento de Murcia que, un año antes, había ordenado «las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior de la infracción». Tras adquirir firmeza la sentencia, su consiguiente ejecución había quedado en un cajón que asociaciones conservacionistas como Huerta Viva habían pedido abrir, una vez que fue esta la que puso en marcha el procedimiento administrativo mediante una denuncia formulada en 2019.

Ahora, el Consistorio murciano ha confirmado a LA VERDAD que trabaja en un proyecto para revertir la situación a través de un procedimiento de ejecución subsidiaria que, si no se trata de una situación histórica, sí al menos bastante excepcional –por su escasa frecuencia– y parece instaurar una nueva forma municipal de proceder. En este expediente, se incluirá el coste que tendrán los trabajos para devolver a este tramo de acequia a su estado anterior a las obras. Esta actuación se acometerá una vez que la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente ya instó al restablecimiento de la legalidad tras la sentencia, sin que «este requerimiento haya sido atendido por parte de la Junta de Hacendados».

Recuerdan fuentes municipales que ya trasladó en su día que «esos trabajos estaban sometidos a licencia y que no contaban con ella, aunque los huertanos consideraban que esto no era así y procedieron a llevar a cabo las obras», amparándose en la Ley de Aguas, la cual exime del permiso municipal en el caso de «obras de mejora, mantenimiento, acondicionamiento y explotación del regadío tradicional contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Segura», cuando estás tengan carácter «supramunicipal» y siempre «con comunicación previa».

A pesar de ello, desde esta comunidad tradicional de regantes mostraban a LA VERDAD su sorpresa al conocer las intenciones del Consistorio. «Se nos remitió un decreto según el cual se nos legalizaban los proyectos», aseguraba, pese a la existencia de la citada sentencia, el secretario general de la Junta de Hacendados, Juan Jesús Sánchez, el cual también negaba haber recibido requerimiento alguno en relación a la reversión de los trabajos de entubamiento. «No tendría sentido levantar una obra bien hecha y que solucionó un problema», apostilla el representante de la comunidad de regantes.

Defiende Sánchez que los trabajos ejecutados en aquel momento vinieron a «desembozar varias landronas atascadas». De hecho, destaca que la situación se complicó tras la gran DANA de septiembre de 2019. Esta circunstancia llevó a la comunidad de regantes a realizar otra obra en el mismo cauce, consistente en la reposición de 142 metros de tubería de hormigón, sin solicitar tampoco la correspondiente licencia. Dicha actuación, ya concluida, no cuenta por el momento con ningún expediente abierto en relación a su legalidad, pero su naturaleza análoga a la del primer tramo ha llevado tanto a Huerta Viva como a un grupo de avenantes de la zona a formular nuevas denuncias con la esperanza de que, de la misma manera, se decrete la reversión de los trabajos.

«Las cuestiones planteadas no son competencia de la Sección de Disciplina Urbanística», fue la respuesta dada por el Consistorio recientemente ante el escrito presentado en 2023 por los recurrentes y que ha generado entre estos un cierto desconcierto. Destacan, no obstante, desde la Concejalía de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Huerta que el problema no radica tanto en que no se pueda impugnar la legalidad de los trabajos, como en que la reclamación interpuesta verse en buena medida sobre la repercusión del coste de los trabajos.

Recuerdan, no obstante, desde Huerta Viva que la cuestión de la landrona del Pino no se circunscribe únicamente a estas cuestiones pecuniarias, sino que es este un caso de vulneración de la normativa urbanística recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que establece en su artículo 9.1.3. de Preservación del Paisaje Tradicional la obligación de preservar «los cauces naturales y su vegetación asociada, así como las acequias y canales de riego».

«Son, además, un elemento fundamental para reducir la gravedad de las inundaciones», señala su presidente, José Antonio Moreno Micol, subrayando que desde Huerta Viva también se ha solicitado la vuelta al estado original de este segundo tramo. «Se encuentra este en trámite de inspección», añaden desde el Consistorio. Lo que está claro es que lo que acabe ocurriendo con la ladrona del Pino puede marcar un precedente.

Parte de los denunciantes del entubamiento del segundo tramo de la landrona del Pino en la Cueva de Monteagudo decidieron movilizarse en contra de los trabajos una vez que se aprobó la derrama de unos 70.000 euros necesaria para sufragar el proyecto. «Y, además de ser una obra ilegal, se ha hecho sin consultarnos a los afectados, como se suelen hacer aquí las cosas; se convocó un juntamento tirando de corchos y 'whatsapps' enviados a unos cuantos y con el procurador y el 'quorum' mínimo lo cerraron», denuncia la propietaria de terrenos en la zona María Dolores Aroca, rechazando la obligación de hacerse cargo tanto de unos trabajos «ilegales» como del coste que pueda suponer su reversión.

«Es cierto que hay personas contrarias a la gestión de estas aguas, pero se ha seguido el procedimiento establecido y después se explicó la necesidad de las obras; de hecho, la mayoría reconoce que aquello está bien hecho, pero es que algunos no quieren pagar», replican desde la Junta de Hacendados.