El Ayuntamiento de Murcia se marca un plazo de 15 días para emitir los informes necesarios para cerrar un local

Sin embargo, últimas medidas adoptadas desde el área municipal de Urbanismo dejan en el aire la pregunta de si esto es realmente así y de si el Consistorio podía haber hecho más por poner en orden la situación administrativa de los bares y discotecas del municipio, incluidas las salas Teatre y La Fonda Milagros. Consideran los responsables municipales que hay fallos que no se acaban de detectar hasta que se manifiestan a través de una incidencia. El problema es cuando esta llega aparejada a la muerte de 13 personas.

Así, dicho servicio municipal acaba de publicar un documento que ha denominado como 'Instrucción sobre aplicación de medidas para la mejora de procedimientos sobre legalización de actividades de funcionamiento', en el que se acotan las actuaciones a desarrollar y los tiempos que cumplir por parte de sus funcionarios a la hora de abordar los procesos de regularización de los establecimientos del municipio sujetos a licencia. El objetivo es que los expedientes no se eternicen, hasta el punto de perderles casi la pista, algo de lo que se aprovechan claramente los incumplidores, que se cuelan por los agujeros burocráticos para no subsanar las deficiencias de sus negocios y obstaculizar posibles clausuras.

Las directrices discurren en dos direcciones. La primera es la de los plazos máximos fijados en el marco de los procesos de legalización inexistentes hasta ahora. De esta manera se fija un periodo de 15 días naturales, tanto para que los servicios técnicos implicados visiten el establecimiento y emitan los informes solicitados por el Servicio de Intervención y disciplina de Actividades, como para que el propietario del local lo cierre –bajo apercibimiento de ejecución– subsidiaria, en caso de que la desestimación de la solicitud de legalización se haga firme. Dicha orden de cese solo podrá levantarse, además, a través de un acto formal y expreso, algo que no ocurrió en el caso de Teatre, contribuyendo, además, a salvaguardar el principio de seguridad jurídica.

La segunda dirección de estas instrucciones se centra, precisamente, en las causas o motivos para decretar esta suspensión de actividad y en la manera de proceder ante su detección. Por un lado, se exige a los citados servicios técnicos que en sus informes «distingan con total claridad los aspectos contenidos en el proyecto presentado para la legalización que supongan un incumplimiento de la normativa aplicable y determinen, en consecuencia, la imposibilidad de regularización, de aquellos otros que puedan ser objeto de subsanación».

De esta manera, si se constata dicha imposibilidad, se debe desestimar la solicitud inmediata del interesado, sin esperar a la emisión de los restantes informes. Si no, se dará un plazo determinado para subsanar los reparos abordables. Estas decisiones deberán tomarse tras una ineludible visita al local, en la que se determine «si existe o no daño o riesgo grave e inminente para la salud o seguridad de las personas o para el medio ambiente». Cesada la actividad, no se admitirá una nueva solicitud de regularización de esta, sino que será necesario abrir otro expediente de concesión de licencia.

Por otra parte, señala la instrucción que «deberá analizarse si es jurídica y procedimentalmente posible que todas las actuaciones relativas a una misma actividad, se concentren en un solo expediente», para impedir la desconexión de actuaciones entre servicios detectada también en el caso de Teatre.

Finalmente, concluye la instrucción instando a la elaboración de un plan anual de inspección de actividades; a la elaboración de una ordenanza municipal de prevención contra incendios; y a la redacción –en la que ya se trabaja– de una ordenanza municipal reguladora de los títulos habilitantes en materia de actividades.

«Nos comprometimos a mejorar los protocolos de actuación municipales para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia como la de Las Atalayas y, con este documento, lo hemos hecho», señalaba a LA VERDAD el concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro Corchón, responsable de la aprobación de dicha instrucción. El edil es consciente, no obstante, de que la aplicación de estas órdenes precisa de un refuerzo de personal en los servicios implicados que se encuentra aún por determinar y aprobar.