El Arco Norte de Murcia forzará la primera modificación estructural del Plan General en casi 20 años

Esta modificación estructural para incluir «esta arteria de gran capacidad» y otros enlaces con autovías, abarca toda la zona norte del municipio, incluidos los extintos y polémicos convenios, y afecta tanto a terrenos urbanizables como a no urbanizables; y toca una parte pequeña de la zona de Nueva Condomina. En esta iniciativa ministerial, que está catalogada como de interés general, Fomento contempla llevar a cabo expropiaciones.

Además de la superficie del trazado de la autovía en sí, se contemplan las que ocuparán los nuevos enlaces en las autovías A-30 y A-7 y la ampliación del enlace en la A-7. Y se incluye la rehabilitación y puesta en servicio de la depuradora Nueva Condomina, propiedad municipal actualmente sin servicio.

«Son elementos lineales y nodales dispuestos por una amplia zona al norte de Murcia situados según planos en las pedanías de Javalí Nuevo, Churra, Cabezo de Torres y El Esparragal», según se indica en el proyecto de modificación del PGOU.

Esta nueva infraestructura del Ministerio –que se presentó en 2017, pero que no avanza a la velocidad deseada– potenciará el eje viario Murcia-Alicante, que soporta una elevada intensidad de tráfico. Además del Arco Norte, se incluía un tercer carril de la A-7 con el que se pretende descongestionar el tramo entre Crevillente y Monteagudo. En este punto, el itinerario de la A-7 se bifurcará: parte del tráfico seguirá por el trayecto actual que rodea Murcia, y otra parte se desviará hacia el nuevo Arco Norte. Según los últimos datos que manejaba el Ministerio, la obra costaría 300 millones de euros y se llevaría a cabo mediante el sistema concesional por un periodo de 25 años.

El concejal de Planificación Urbanística y Huerta, Antonio Navarro, explica que «es importante que esta infraestructura se recoja como sistema general de planificación de Murcia y no como de desarrollo, pues en este último caso podría desbaratar cualquier nuevo proyecto; en este caso, la autovía es un condicionante para desarrollos futuros en la zona». E insiste, «es un trámite administrativo necesario y lógico» incluir este tipo de obras en el PGOU.

Al tratarse de una modificación estructural del planeamiento, le corresponde a la Comunidad Autónoma llevar a cabo un estudio de impacto ambiental ordinario de la obra, si bien, comenta el concejal, «en esa zona, y en principio, no hay afecciones ambientales» destacadas. Pero, apunta, «las evaluaciones son procesos muy lentos». En los documentos de este estudio se deben describir con mayor detalle las características y condiciones de los terrenos que afecta.

En los estudios realizados para la construcción de esta infraestructura, el Ministerio estimó que el Arco Norte, junto con el tercer carril, podrán absorber un tráfico de entre 32.000 y 54.000 vehículos diarios cuando finalice la concesión. Parte de este flujo de circulación dejará de pasar por la Ronda Oeste de Murcia.

El concejal Navarro manifiesta, además, que una vez esté construido el arco, tanto la A-30 como la A-7 a su paso por Murcia se convertirían en viales de circunvalación de la ciudad «lo que esperamos que descongestione el tráfico de paso» hacia otros municipios o comunidades. Además, está previsto que el Arco Norte conecte con el Arco Noroeste que está actualmente construyendo el Ministerio de Fomento.

Además, de incluir el trazado vial del Arco Norte, en esta modificación se van a definir los nuevos sistemas generales necesarios (elementos, infraestructuras o dotaciones públicas que están al servicio de toda la población) para hacer posible la urbanización individual e independiente de varios sectores urbanísticos de esta zona.

El objetivo, tal y como recoge el proyecto, es que cada uno de ellos, y el conjunto que terminarán por conformar, «estén adecuadamente implantados en el territorio y constituyan una unidad urbanística integrada en la estructura general y orgánica del territorio del Plan General», al tener resueltos los accesos y servicios urbanísticos de titularidad pública.

Como todo lo que tiene que ver cambios en el planeamiento urbanístico, ya sean generales como parciales, a este proceso, para culminar y estar aprobado definitivamente le quedan alrededor de dos años, según explicaron desde Urbanismo.

Una vez aprobado el avance, el proceso sigue con la aprobación inicial y luego la definitiva, que se realizan durante sesiones de los Plenos. Teniendo en cuenta además las evaluaciones ambientales, los informes sectoriales y las alegaciones que, tras los preceptivos procesos informativos, se van a recibir, hablar de previsiones de dos años no estará muy alejado de la realidad.

Mediante decreto, y poco más de un mes antes de las elecciones generales del 28-M, el anterior alcalde, el socialista José Antonio Serrano, aprobó la creación de la Oficina Municipal de Revisión del Plan General. Entre sus funciones figura la de «desarrollar y coordinar los trabajos necesarios» para tal actualización del planeamiento urbanístico del municipio. Esta oficina, integrada por funcionarios, se mantiene en la nueva Corporación, que lidera el equipo del alcalde Ballesta.

De hecho, ya se está ultimando la memoria para el avance de la revisión del PGOU, para lo que han contando con el apoyo técnico de profesionales de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El actual plan, de 2001, establece como causas para su revisión el nuevo horizonte temporal (2025) y que la población de Murcia esté entre 450.000 y 500.000 personas, ambos condicionantes próximos.

En la necesidad de afrontar esta actualización coinciden ambas administraciones locales –la socialista antes y ahora la popular– sin bien no lo hacen en la metodología. Mientras que el PSOE quería poner en marcha un «amplio proceso participativo con carácter previo a la redacción de un primer avance de modificación del plan», el PP se decanta, como ya lo hizo antes de la moción de censura de 2021 que le sacó del gobierno municipal, por un diagnóstico previo, «una radiografía del crecimiento del suelo urbano en estos 20 años pasados» sobre la que basar el futuro. «La participación ciudadana debe venir después», apuntó a LA VERDAD, el concejal Antonio Navarro.