Los dueños de la residencia ilegal de Murcia pasan a disposición del juez el jueves

El regente de la Institución López y Espejo (ILE), Julián Ramón L., asiste esposado al registro de la residencia, que la Policía practicó con ayuda de perros. / NACHO GARCÍA / AGM
El regente de la Institución López y Espejo (ILE), Julián Ramón L., asiste esposado al registro de la residencia, que la Policía practicó con ayuda de perros. / NACHO GARCÍA / AGM

La Policía Nacional detiene a los tres sospechosos, a los que imputa hasta 11 delitos diferentes

ALICIA NEGRE y RICARDO FERNÁNDEZ

Casi una semana después de su primera y sorpresiva incursión, los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía regresaron ayer a la Institución López y Espejo (ILE) Senior Club, situada en la calle San Antonio de Murcia. Las instalaciones de esta residencia, que está siendo investigada por presuntos tratos vejatorios a sus inquilinos, fueron rastreadas en esta ocasión hasta el último rincón, incluso con la ayuda de miembros de la Policía Científica y perros de la Unidad de Guías Caninos.

Una nueva batida que fue seguida de cerca por el matrimonio que regenta el centro, Julián Ramón L. y Manuela F., y su hijo, Julián L., que asistieron detenidos y esposados al minucioso registro. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, tras más de seis horas de incesante búsqueda los agentes abandonaron este céntrico edificio, muy cercano a la Catedral, con numerosas cajas repletas de documentación sobre personas que habrían estado alojadas en ese inmueble y sobre movimientos bancarios, que deberá ser analizada en los próximos días. Los policías encontraron además material informático y dos escopetas que, precisaron fuentes del Cuerpo, serán también examinadas a lo largo de la semana para confirmar su legalidad; así como abundantes cajas de medicamentos, que se remitirán a Sanidad para su examen.

Tras el registro, los tres responsables del centro fueron trasladados a la comisaría donde permanecerán hasta el jueves, cuando está previsto que pasen a disposición de un juzgado de Instrucción de Murcia. Los investigadores tienen intención de agotar las 72 horas de plazo máximo que concede la ley en caso de detención para poder bucear en la abundante documentación incautada en el centro. Además, a lo largo de estos días la Policía tomará declaración a los tres sospechosos.

Los agentes volvieron a rastrear las instalaciones durante horas incluso con la ayuda de perros

Un nuevo giro de tuerca

Este nuevo giro de tuerca en las pesquisas policiales -dirigidas por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM)y del grupo de Delitos Económico (UDEF)- tomó forma a primera hora de ayer con la detención del matrimonio encargado del ILE Senior Club y de su hijo. Según pudo saber este diario, los tres habían sido citados por la Policía a primera hora para acudir a la comisaría en compañía de su letrado defensor, Fermín Guerrero Faura, y a su llegada se les comunicó su arresto. Según explicaron fuentes del Cuerpo, la Policía Nacional imputa a los tres responsables una larga retahíla de delitos, desde presuntas coacciones, detención ilegal, apropiación indebida, estafa e intrusismo, hasta lesiones, trato degradante, organización criminal, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y robo con violencia.

Tras comunicarles su arresto, los tres sospechosos fueron trasladados, esposados, a las instalaciones de la residencia para llevar a cabo un nuevo registro, junto a efectivos de la Inspección de Trabajo. Estas instalaciones permanecen clausuradas desde el pasado viernes, cuando la Comunidad decretó el cierre cautelar al carecer de autorización para que los ancianos pernoctaran en su interior.

Incautaron abundante documentación, material informático, fármacos y dos escopetas

El trasiego de los agentes por el edificio fue incesante y se prolongó durante varias horas. El registro se centró en las propias instalaciones del ILE Senior Club y en un bajo cercano propiedad también de sus gerentes. Entre el material que los policías incautaron se encontraban dos escopetas cuya legalidad deberá ser determinada en las próximas horas.

Ya en un primer registro del centro, tal y como avanzó 'La Verdad', los agentes hallaron al menos un arma de fuego, en concreto, un revólver, para la que los propietarios del inmueble no dispondrían de la preceptiva licencia, así como dos pistolas Taser, que producen descargas eléctricas de gran potencia y cuya posesión está prohibida por la legislación española. Igualmente habrían encontrado un lanzabengalas. Unos elementos por los que afrontarían un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

El detonante de la operación

El detonante de esta operación que ha sacudido Murcia en la última semana fue la denuncia de la familia de una de las residentes que alertó a la Policía de que la voluntad de la mujer podía haber sido doblegada, mediante el uso de fármacos, para luego acompañarla hasta una entidad bancaria y tratar de extraer de sus cuentas una elevada cantidad de dinero. Las fuentes consultadas apuntaban a una cuantía próxima a los 40.000 euros. Solo las sospechas de los empleados del banco, que se extrañaron por el estado que presentaba la anciana, habrían impedido que el intento tuviera éxito.

Cuando el familiar de la víctima se desplazó a posteriori hasta la residencia para tratar de hablar con la anciana y conocer cuál era su estado de salud, además de intentar confirmar si podía haber sufrido un intento de estafa, los responsables del inmueble se lo habrían impedido, por lo que se habría dirigido a comisaría para presentar una denuncia.

El letrado Fermín Guerrero, que se encarga de la defensa de los tres detenidos, volvió a sostener ayer que los ancianos que residían en estas instalaciones contaban con plena libertad de movimientos. Para demostrarlo, avanzó, esta parte tiene intención de aportar al magistrado instructor del caso las grabaciones de las cámaras de vigilancia -con imagen y sonido- que existen en algunas zonas del centro.

Guerrero lamentó que este segundo registro fue «exactamente igual que el primero», ya que los agentes «han vuelto a revisar la misma documentación y han visto lo que había, nada diferente a lo de la vez anterior». El letrado hizo hincapié, además, en que las dos escopetas incautadas en el registro ya fueron descubiertas en el primero y cuentan con licencia.