La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años

Este refuerzo de la supervisión –realizada en paralelo al desmantelamiento de más de casi 9.100 hectáreas sin concesión de agua, el cierre de cientos de pozos y el precintado de desaladoras ilegales en los últimos siete años–, ha llevado a la CHS a endurecer de forma notable las condiciones de acceso a nuevas concesiones de agua. Ello ha tenido un doble efecto: dejar en mínimos la solicitud de permisos para el uso económico de aguas del dominio público hidráulico y la denegación de las autorizaciones desde, al menos, el año 2023.

«Dadas las restricciones para el otorgamiento de nuevas concesiones» en esta zona de la Región de Murcia, «el número de expedientes iniciados desde el año 2023 ha sido escaso». «Ha habido seis peticiones, y cuatro de ellas ya han sido denegadas. Las otras dos están en trámite, si bien en una de estas ya se ha elevado una propuesta denegatoria», explicaron fuentes de la Confederación a LA VERDAD.

El organismo de cuenca, que preside Mario Urrea, rechazó en abril de 2024 la autorización de aguas subterráneas para regadíos consolidados en Cartagena (105.000 metros cúbicos para 35 hectáreas); y en julio de ese año, hizo lo mismo para regadíos de Fuente Álamo (157.213,5 metros cúbicos para 85,54 hectáreas).

En julio pasado, rechazó que se 'pinchara' un acuífero para sacar 40.000 metros cúbicos para una explotación ganadera en el municipio de Cartagena; y el 28 de agosto, para un campo de golf de Fuente Álamo (por una cantidad sin especificar). En trámite hay dos expedientes para sendos campos de golf, uno en Murcia (174.000 metros cúbicos) y otro en Torre Pacheco (208.000).

Pero el interés por los acuíferos para realizar actividades económicas, en su mayoría agrarias, no acaba ahí. La CHS ha retomado la tramitación relativa a pozos legalizados hace seis años y más, y cuyos propietarios solicitaron permisos para bombear agua del subsuelo. «Están en trámite un número elevado de expedientes concesionales que comenzaron en 2019». Y «el origen de las peticiones arranca en 2016, cuando la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aglutinó las solicitudes de numerosos agricultores para el aprovechamiento de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena».

«Tras la evaluación de impacto ambiental por parte del Ministerio, se determinó qué extracciones eran admisibles; y en 2018 se autorizó a esta Comunidad de Regantes a a extracción de hasta 9.363.968 metros cúbicos al año. Se admitieron las captaciones en la parte donde la evolución de los niveles piezométricos es estable o ascendente», precisaron.

En la CHS añadieron que «esta autorización fue modificada en agosto, octubre y noviembre de 2019. Y, actualmente, ampara la extracción de hasta 9.102.945 metros cúbicos al año en 152 captaciones, para redotar superficies de riego con derechos previos», indicaron las citadas fuentes. Otras fuentes de agua son el Postrasvase Tajo-Segura y las desaladoras (Escombreras y Torrevieja).

«La autorización», destacaron, «prevé que ésta quedará sin efecto a medida que se vayan resolviendo las concesiones solicitadas individualmente por cada titular de los pozos, que ascienden a 122. Estas solicitudes individuales se presentaron a lo largo de 2019, y se están llevando a cabo los trámites» legales para resolverlas.

Exige informes de compatibilidad con el plan hidrológico y el resto de normativa. Eso incluye las medidas cautelares para atajar «el riesgo químico constatado en las masas de agua y la afección al ecosistema del Mar Menor», por nitratos y fosfatos en su mayoría de origen agrícola.

Estas medidas, vigentes desde julio de 2020 (después del colapso ecológico de 2019 en el Mar Menor por la muerte de peces y crustáceos por anoxia), «pretenden condicionar y, en su caso, limitar las actividades agrarias, a fin de proteger el dominio público hidráulico». A partir de 2027, en la cuenca del Segura habrá recortes al uso de los acuíferos sobreexplotados y contaminados, para cumplir la directiva europea del agua. La reducción de 212 hectómetros cúbicos se compensará en parte con más desalación (que también paliará el recorte del 50% en el Trasvase Tajo-Segura), lo que dejará el tijeretazo en 75 hectómetros, según la CHS.

Mientras, los regantes esperan que la CHS complete su estrategia y apruebe pronto los planes de actuación en los acuíferos Cuaternario y Andaluciense, para retomar la extracción reglada de agua y tratarla para evitar vertidos de nitratos y de salmuera. Y aguardan la convocatoria de las dos nuevas comunidades de usuarios de ambas masas, para aprobar sus ordenanzas.

El Ministerio realiza «la mayor investigación hasta la fecha para el conocimiento hidrogeológico del Campo de Cartagena», dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperar el Mar Menor. El departamento que lidera Sara Aagesen tiene ya «un inventario de las captaciones». Y desarrolla la segunda fase de estudio del acuífero profundo (Plioceno y Andaluciense), con 36 sondeos a profundidades de 40 a 300 metros. Miden la permeabilidad, la evolución del contenido de nitratos y fosfatos y otros parámetros.

Desde finales de agosto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una decena de anuncios sobre el inicio del periodo de información pública de las solicitudes de concesión de aguas subterráneas en el Campo de Cartagena. Son peticiones de particulares y empresas para extraer caudales de los acuíferos identificados como Plioceno, Cuaternario y del Campo de Cartagena. Todas se refieren al uso privativo de aguas subterráneas del dominio público hidráulico para cultivos de regadío, con volúmenes máximos anuales que van desde los 13.000 a los 186.000 metros cúbicos y superficies que oscilan entre las 4 y las 89 hectáreas. Los aprovechamientos están ubicados en los municipios de Cartagena, Torre Pacheco y Murcia, dentro la cuenca vertiente del Mar Menor.

La Confederación, presidida por Mario Urrea, recoge un listado de exigencias legales y medioambientales para los peticionarios y fija un plazo de un mes para presentar la documentación y para posibles alegaciones. La CHS aplica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y se exige un proyecto técnico con «las obras e instalaciones necesarias, justificándose los caudales a utilizar y los plazos de ejecución». Es preciso acreditar «la propiedad de la tierra a regar» y, en las comunidades de usuarios, «la solicitud de concesión en Junta general o la conformidad de los titulares que reúnan la mitad de la superficie a regar», según el caso.

Para el riego de cultivos, también se exige «un estudio agronómico que abarcará, como mínimo, un cálculo de la dotación de agua referido a cada uno de los meses en que el riego es necesario y, si la concesión es para un nuevo regadío, un estudio económico de la transformación de secano a regadío». Asimismo, «la solicitud se acompañará de un análisis y propuesta de buenas prácticas para limitar la contaminación difusa» por nitratos y fosfatos y «la exportación de sales, especialmente en las zonas declaradas vulnerables». Y se «denegará la tramitación posterior de toda petición que suponga una utilización de caudal superior al doble» del anunciado.