La CHS tiene luz verde para explotar 52 pozos de sequía entre Murcia y la Vega Baja
El Ministerio limita el bombeo anual a 48 hm³ pero condiciona el uso de estos sondeos al hundimiento que provoquen del terreno
Los huertanos de Murcia, Santomera y Beniel, junto a los agricultores de la Vega Baja alicantina que dependen del agua del río Segura para ... regar sus parcelas, han logrado este lunes un salvavidas para afrontar el actual periodo de sequía. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado el visto bueno a la explotación de las baterías de sondeos instaladas en los canales y acequias que recorren en paralelo el cauce del Segura desde la presa de la Contraparada hasta Orihuela. La Confederación Hidrográfica ya tiene a punto estas instalaciones para poder explotarlas en un corto periodo de tiempo.
La autorización ambiental para estos pozos de sequía limita, eso sí, el bombeo anual a 48 hectómetros cúbicos a través de 52 sondeos: 32 hm³ a través de 32 pozos en los municipios de Murcia y Santomera y 16 hm³ a través de 20 pozos en los términos de Orihuela, Callosa del Segura, Jacarilla, Albatera, Cox, Benejúzar, Almoradí y Rojales. Todos los pozos están construidos y han estado operativos en anteriores periodos de sequía. Se encuentran equipados con bombas sumergidas y tuberías de impulsión y, en su mayoría, con contador para control de caudales y volumen extraído.
Los pozos de la Vega Media y Baja del Segura se suman a la batería de sondeos del Sinclinal de Calasparra, que ya está aportando volúmenes subterráneos al regadío de la cuenca. Estos bombeos entre Murcia y Orihuela no se empleaban desde la sequía del 2015 al 2019, cuando se activaron varios sondeos cuya explotación cesó tras la DANA. Ahora, estas instalaciones sólo podrán estar operativas durante cuatro años y bajo estrictas medidas de control de los acuíferos.
La primera de todas buscará limitar el problema del hundimiento del terreno, o subsidencia, por la depresión del nivel piezométrico al explotarse la masa de agua subterránea. El Instituto Geológico y Minero de España advierte de que entre los años 90 y principios de siglo, la extracción de agua en la zona de la huerta murciana y Vega Baja ocasionó «daños en edificaciones y estructuras con coste estimado de 50 millones de euros, así como un significativo impacto social». Hace 15 años, la puesta en marcha de los pozos durante otra sequía perjudicó los cimientos de muchos edificios en el casco urbano de Murcia, donde se llegaron a observar hundimientos de entre 3, 5 y 12 centímetros.
Ante la posibilidad de repetir el mismo escenario durante el tiempo que dure el actual periodo de falta de lluvias, el Ministerio establece que los pozos deberán cerrarse si la subsidencia del terreno alcanza los dos centímetros al año o medio centímetro en un trimestre. «El incumplimiento de estos umbrales requerirá detener inmediatamente las extracciones de los pozos de sequía», advierte la declaración de impacto ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Añade, incluso, que será la CHS la que tendrá que elaborar un protocolo de actuación para, en su caso, corregir o compensar daños a los bienes materiales.
Fuentes de la Confederación señalan a este periódico que ahora comenzarán las pruebas para poner en marcha algún pozo de la batería de sondeos de la Vega Media y Baja. Como ocurre en el Sinclinal de Calasparra, lo más probable es que no todos se pongan en funcionamiento, y su uso estará determinado por la declaración de sequía prolongada y por la situación de emergencia hidrológica en la cuenca del Segura.
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