Cerca de 30 casos de presunta corrupción en 15 municipios están a la espera de juicio

Un año después de la publicación de ese trabajo, el colapso de juzgados y tribunales ha aumentado. De una treintena de causas, que afectan a quince municipios (la Comunidad tiene 45), muy pocas tienen fecha de enjuiciamiento por parte de la Audiencia Provincial. Sí la tienen 'Novo Carthago', 'La Sal II', 'Valley' y el caso del exjefe de los servicios jurídicos de Ordenación del Territorio de la Comunidad Luis Pérez Almansa, confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a LA VERDAD.

El señalamiento más próximo en el tiempo es el de esa última causa: enero de 2025. En diez sesiones, se ventilará el supuesto uso de la Consejería de Fomento por parte de este alto funcionario para cobrar comisiones ilegales a cambio de trámites urbanísticos. Ya del 29 de septiembre al 11 de noviembre, en veinte sesiones, se celebrará la vista por 'Novo Carthago'. En este juicio, por presunta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos junto al Mar Menor para la construcción de un resort con campo de golf por parte de la empresa Hansa Urbana, están acusados, entre otras personas, los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. Y están citados como testigos el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro y el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, todos ellos del PP.

Recientemente, la Audiencia hizo hueco en su agenda para el 'caso La Sal', relativo a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras. Valcárcel será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude desde el 15 de septiembre al 9 de noviembre de 2027, lo que ha desatado numerosas críticas por la lentitud judicial. La Fiscalía pide para él once años de prisión, veinte de inhabilitación total y otros veintisiete para cargo público, además de una indemnización de más de 74 millones de euros. La cuantía se extrae de la presunta cantidad malversada a las arcas públicas, que podría ascender a 600 millones de euros. Este asunto se ventila en una pieza separada de la causa principal sobre la desaladora, en la que se investiga a ocho empresas y diecisiete personas físicas, entre ellas el exconsejero Cerdá. Tampoco para estas diligencias hay fecha de juicio.

En un contexto de protestas, por las dilaciones injustificadas que han librado de la cárcel a siete empresarios que pagaron por sexo con menores de edad, y entre temores de Fiscalía y grupos ecologistas por las demoras en el 'caso Topillo', sobre vertidos al Mar Menor (hay una pieza contra Cerdá y el excomisario de la Confederación Hidrográfica del Segura Manuel Aldeguer), el caso más sangrante para la imagen de la Justicia es 'Ninette'. No en vano, en 2021 el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, calificó la demora de «sonrojante».

En medio de una maraña de cambios de jueces, recursos y otras vicisitudes y con las defensas analizando si hay hechos prescritos, diecinueve años después de que el juzgado de Instrucción 2 de San Javier abriera las diligencias previas 787/2005, que motivaron en enero de 2008 una de las grandes operaciones policiales de principios de este siglo, con el registro del Ayuntamiento de Los Alcázares y la detención del exalcalde del PSOE Juan Escudero, este caso de corrupción urbanística municipal acaba de registrar un avance. El fiscal pidió en julio un impulso a la causa, para que llegara a la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena y se ventilara un asunto donde el Ministerio Público reclama siete años de cárcel y ocho años de inhabilitación para Escudero por malversación y prevaricación. Y este lunes 4, el juez dictó la apertura de juicio oral y el envío del sumario a la Audiencia.

Entre los quince procesados están el exarquitecto municipal Mariano Ayuso, varios empresarios, el exgerente municipal de Marbella Juan Antonio Roca y su testaferro en la 'trama Malaya', Monserrat Corulla. La eventual responsabilidad penal quedó extinguida, por su fallecimiento en 2012, para quien era secretario e interventor del Consistorio, Diego Sánchez.

Solo hasta 2017, este sumario pasó por las manos de siete jueces, en un juzgado cuya rotación de magistrados (que no pueden obtener plaza en el municipio) y sobrecarga pudo estar detrás de que ese año se dejaran prescribir seis delitos fiscales por importe de varios millones de euros, pese a que la Inspección de la Agencia Tributaria alertó de esas anomalías. Así lo desveló este diario.

El órgano judicial instruye desde 2013 una causa en la que está imputado el exalcalde de San Javier José Hernández, por presunta prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en la concesión de la licencia al restaurante Collados Beach al norte de La Manga. En octubre, el juzgado Contencioso Administrativo de Cartagena declaró nulo el otorgamiento de ese permiso y queda por aclararse si hubo infracción penal por parte de Hernández y del exdirector general de Ordenación del Territorio y Costas de la Comunidad y exsecretario general de la CHS José María Bernabé. Durante la instrucción de este asunto, falleció una de las personas investigadas: la exalcaldesa Josefa García, del PSOE.

Sin salir de San Javier, Instrucción 1 tramita desde 2008 el 'caso Valhalla', también de corrupción urbanística y en el que está investigado Hernández. Se indaga la adjudicación a un despacho de arquitectos, con funciones en el Ayuntamiento de San Javier y en otros, de proyectos locales como los planes parciales de El Recuerdo, Rotonda El Mirador, Roda Golf, Señoría de la Roda, Tierras Nuevas y El Mirador Sur. En 2021, el magistrado dictó dos autos de conclusión de la instrucción, que afectan a distintas sociedades y empresarios, como Juan García (Peinsa) y Santiago Martínez Esparza.

«Al margen de la data de los hechos, ya en 2011 se sobreseyeron los cargos contra varios empresarios, entre ellos Juan Valverde Alcántara, de Juver, por lo que no tiene sentido que no exista siquiera fecha para juicio», denuncia el abogado Raúl Pardo-Geijo, que defiende a García y Martínez Esparza.

El penalista, que representa también a Corulla en el 'caso Ninette', menciona otros muchos asuntos que esperan hueco en la Audiencia. Sobre la 'Umbra', donde defiende al exjefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver, no entiende «cómo no existe fecha para juicio si ya en 2015 exculparon a mi cliente, José Fermín Serrano» [dueño de la Galería La Aurora y cuñado del exconcejal de Urbanismo Berberena, también investigado], y se acordó continuar el procedimiento frente a los demás» imputados.

El letrado cita también el 'caso Barraca', que arrancó en 2007, salpica a Peñalver y sigue sin escrito de acusación; y el 'caso Biblioteca', donde la Fiscalía pide 74 años por un amaño de contratos en el que habría participado el exalcalde de Librilla, del PP y que dimitió en 2008. El 'caso Líber', sobre el urbanismo de Aledo; y una pieza separada del 'caso Limusa II', sobre la empresa municipal de limpieza (el exalcalde socialista Miguel Navarro fue absuelto en 2011) y que lleva un juzgado de Lo Penal, siguen tramitándose. En 'Limusa II', se fijó la vista para noviembre de 2023, pero los abogados pidieron aplazarla por problemas de agenda. El juicio del 'caso Valley', de irregularidades en el Consistorio de Villanueva del Río Segura, es de los pocos señalados. Pero no se celebrará hasta mayo de 2026.

Pendiente de señalamiento para el juicio en Cartagena con jurado está el 'caso Pagamenta', abierto en 2007 por un posible delito de cohecho contra la exalcaldesa de Fuente Álamo María Antonia Conesa (del PP) y el promotor Facundo Armero. Y la causa iniciada en 2009 contra el exalcalde socialista de Ceutí Manuel Hurtado (condenado ya a 15 meses en el 'caso Polideportivo') por la compra de obras de arte sin expediente de contratación, ha sido devuelta por la Audiencia al juzgado.

Sobre Calasparra, el juzgado de Instrucción 3 de Caravaca acordó ayer la apertura de juicio oral al exalcalde y actual líder del PSRM José Vélez. No obstante, la Audiencia tiene pendiente resolver un recurso de Vélez, que pide archivar la causa en la que la Fiscalía pide para él 8 años y medio de cárcel por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la organización de la Feria Taurina del Arroz.

A la espera de señalamiento están otros muchos sumarios en los que hubo operaciones de la Policía Nacional (Udef y otros grupos) y de la Guardia Civil (UCO), y que afectan a ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Administración General del Estado. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en la Región, Juan Pablo Lozano, cita los casos del fraude a Adif en las obras del AVE entre Crevillente y Murcia y el de la adjudicación irregular de contratos en la CHS. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia indicaron que «en incontables ocasiones» esta institución ha solicitado medios al Consejo General del Poder Judicial (CGJP) y al Ministerio de Justicia. El TSJ «ha pedido más refuerzos, como aumentar la planta judicial, jueces de adscripción territorial y jueces de refuerzo» (ahora no hay ninguno). Y para el enjuiciamiento de las causas penales en la Audiencia, «en el último informe de necesidades se solicitó la creación de una nueva sección Penal». El Gobierno central no ha creado este año ninguno de los juzgados que pidieron el TSJ y la Comunidad Autónoma.

El fiscalía especial anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, confesó a LA VERDAD su «absoluta desesperación» con la lentitud; y recordó que el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ha reclamado en varias ocasiones al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pascual del Riquelme, y a otras instituciones medidas para impulsar las causas. Mencionó el poner jueces de refuerzo, crear plazas de magistrado en San Javier, abrir nuevos juzgados y realizar cambios legislativos para evitar que las partes «puedan recurrirlo todo».

Fuentes del TSJ admitieron que ahora no hay ningún juez de refuerzo en la Región y la «excesiva demora» en muchos asuntos. La atribuyeron a la complejidad de las investigaciones, por las materias y el número de personas implicadas, y a la falta de medios humanos y materiales, que denuncia «desde hace años». Recordaron que, en la actual presidencia del TSJ (Del Riquelme no optará a la reelección), hubo refuerzos en juzgados, con magistrados adicionales, y en la Audiencia. También hay numerosos asuntos ya instruidos, a falta de señalar o celebrar los juicios, y otros con sentencias absolutorias ('Marina del Carmolí', 'Nueva Condomina' y 'Las Brisas') o condenatorias ('Camelot' en Torre Pacheco, 'vertedero de Abanilla', 'Auditorio' de Puerto Lumbreras). Y ha habido muchos archivos (como 'Puerta Nueva' y 'Rotondas').