Valcárcel tardará aún casi tres años en sentarse en el banquillo por la desaladora de Escombreras
La saturación de la agenda de la Audiencia hace imposible celebrar antes la vista, que contempla 21 sesiones y la intervención de más de 80 testigos
La imagen del expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel en el banquillo aún se hará esperar casi tres años. La Audiencia Provincial ha fijado para septiembre de 2017 el arranque del juicio por el denominado 'caso Sal II', por supuesta corrupción en la gestión de la desaladora de Escombreras. La Sección Tercera tenía que buscar encaje para las 21 sesiones que se contemplan en esta vista y, dada la saturada agenda del órgano, no ha encontrado hueco antes del 15 de septiembre de 2027.
El señalamiento de este macrojuicio llega después de que el que fuera jefe del Ejecutivo regional entre 1995 y 2014 rechazase el pasado junio la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y el resto de acusaciones. En un escrito remitido al tribunal avanzó su intención de defender su inocencia y de no reconocer los hechos que se le imputan.
El fiscal reclama para Valcárcel, quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región, hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos. La acusación popular, que ejerce el letrado Diego de Ramón, va, incluso, un poco más allá y reclama hasta 15 años de prisión por presuntos delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa del séxtuple del dinero defraudado.
En concreto, según consta en la diligencia de ordenación notificada este jueves a las partes, la Sala señala 21 sesiones de juicio oral a lo largo los meses de septiembre (15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29), octubre (4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27) y noviembre (2, 3, 8 y 9) de 2027. La vista contempla la intervención de más de 80 testigos y numerosas periciales. La agenda de la Sección Tercera de la Audiencia, explican fuentes judiciales, está a día de hoy completa hasta junio de 2027.
La tardanza a la hora de fijar fecha para el juicio al expresidente regional abre la puerta a la posibilidad de que su defensa alega la existencia de dilaciones indebidas en la causa que, en todo caso, podrían suponer una rebaja de una plausible condena.
Fuentes judiciales recuerdan que la Sección Tercera lleva más de dos años desdoblada, como si se trata de dos órganos funcionando a la vez, gracias al refuerzo de dos magistrados de adscripción territorial asignados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para tratar de paliar los retrasos de las causas más complejas. Esta medida se tuvo que poner en marcha al no ser atendida la demanda que realizó la Justicia murciana de que se crease una nueva sección penal en la Audiencia, ante la avalancha de casos a los que este tribunal debe hacer frente.
La Fiscalía no tiene ninguna duda a la hora de colocar al expresidente regional al frente de la supuesta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras. En el primer párrafo de los hasta 106 folios que engrosan su escrito de acusación, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público se encarga de dejar claro el inmenso poder que Valcárcel ostentaba en los años en que se gestó la presunta malversación millonaria de fondos públicos en la adquisición, por parte de la Administración regional, de esta infraestructura. Un poder que, a su entender, hacía imposible que quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región se mantuviese ajeno a los detalles de la tramitación de este polémico proyecto, que convertirá a Valcárcel en el segundo presidente regional -después de Pedro Antonio Sánchez- en sentarse en el banquillo de los acusados. Eso sí, en septiembre de 2027.
