Colegios e institutos no pedirán el permiso de los padres cuando las charlas sean impartidas por funcionarios

El polémico veto parental impuesto por Vox rebaja su intensidad tras semanas de agria polémica, enfrentamientos políticos y protestas ciudadanas, aunque, lejos de desaparecer, el Gobierno regional quiere consolidarlo normativamente. Después de cuatro meses aplicando unas instrucciones de principio de curso que obligaban a todos los alumnos a llevar la autorización expresa de sus padres para participar en las charlas impartidas por personal ajeno al centro educativo, la Comunidad ha decidido modificar el Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato para, según declaró a LA VERDAD la consejera Esperanza Moreno, dotar de permanencia a la autorización expresa de los padres y eliminar carga burocrática a los centros educativos.

La modificación que aplicará Educación contempla dos novedades de calado. Las actividades complementarias –charlas, talleres, visitas...– que sean impartidas por funcionarios no serán consultadas a los padres ni podrán ser objeto de 'pin parental'. Así, los padres no podrán vetar la asistencia de sus hijos a los programas de prevención que desarrollan médicos y enfermeras de la Consejería de Salud en colegios e institutos; de policías y guardias civiles que instruyen a los chicos sobre el peligro de las redes sociales y el acoso; y de los jueces que desarrollan el programa 'Educando en Justicia', por ejemplo, como ocurre ahora.

La nueva orden en la que trabaja Educación establecerá pues que «la realización de las actividades impartidas por personal no docente y ajeno al centro requerirá de información previa a los padres». Pero a continuación añadirá la exención: «En el caso de que la persona encargada de impartir dicha actividad sea un empleado público que vaya a desarrollar una charla o taller sobre temática relacionada con su actividad profesional, no será necesaria autorización familiar para que el alumno asista a la misma».

La nueva orden establece, además, el silencio positivo, y solo los alumnos que lleven la negativa expresa de sus padres quedarán fuera de las actividades. Los alumnos estarán obligados a asistir o participar en la actividad complementaria desarrollada en el centro, a menos que exista un no expreso de los padres. Hasta ahora, los alumnos que no llevaban la autorización firmada por descuido o a conciencia se quedaban fuera de la actividad.

La normativa en la que trabaja Educación mantendrá la obligación de llevar la autorización en los dos únicos casos que se contemplaban antes en el decreto: cuando las actividades se realicen fuera del centro o conlleven un coste económico para las familias, «será imprescindible la autorización».

Educación no ha modificado las instrucciones de principio de curso, que según denunciaron sindicatos, padres y docentes, incumplían el Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que establece que las actividades son obligatorias y curriculares. En lugar de rectificar sus instrucciones, adaptará la orden a la que contradecían. Así las cosas, cuando se apruebe el nuevo decreto, las instrucciones, que eran solo para este curso, dejarán de tener efecto.

Según Esperanza Moreno, la modificación prevista no minimiza el 'pin parental', sino que lo consolida normativamente de tal modo que, en su opinión, se cumple con el acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox. Por su parte, la consejera de Empresa y portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, señaló a LA VERDAD que su posición seguirá siendo la mantenida hasta ahora: favorable a que se impartan valores constitucionales en el aula, pero contraria al adoctrinamiento en los centros educativos. Su apoyo a esta modificación estará condicionado al examen detallado de los informes jurídicos que han sido solicitados sobre el 'pin parental'.

Cientos de personas se concentraron este martes a las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno murciano, para mostrar su repulsa al denominado 'pin parental' en un acto convocado por la plataforma Pacto por la Regeneración y la Plataforma por la Educación Pública de la Región de Murcia. Al grito de 'El veto parental, es ilegal' o 'así, ni un paso atrás, esta censura la vamos a parar', cientos de personas respondieron a este llamamiento y se concentraron tras un cartel en el que se podía leer 'Stop veto parental'.

En el acto estuvo presente el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien destacó que el Gobierno regional «lo tiene muy fácil» porque los socialistas se han puesto a su disposición «para sacar adelante los Presupuestos, siempre y cuando, entre otras cosas, se rechace el veto parental que ha impuesto la extrema derecha». En este sentido, pidió al PP y, sobre todo, a Cs, «que no claudiquen, que no hinquen la rodilla y no hagan, de nuevo, tener que avergonzarse a esta Región de una medida que, además, puede ser ilegal y tener consecuencias jurídicas».

Al acto también asistieron el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, y varios representantes de formaciones políticas, entre ellos el senador Miguel Sánchez y el exdiputado nacional Miguel Garaulet, ambos de Ciudadanos, y dirigentes socialistas como Joaquín López, Emilio Ivars, además del ya citado Diego Conesa.

También estuvo presente el secretario de Acción Sindical de Feccoo Región de Murcia, Jorge Castillo, que señaló que «dar a los padres la posibilidad de vetar contenidos del currículo socava el sentido mismo de la escuela pública como instrumento de formación científica y de educación en valores», remarcó Castillo.

«Instaurar un veto parental para satisfacer a sectores homófobos e intolerantes que ven con malos ojos la educación para el respeto a la diversidad afectivo-sexual sitúa al Gobierno regional fuera de la democracia», prosiguió Castillo, quien precisó que el «'pin parental' supone un absurdo pedagógico».

Para continuar con la campaña contra el 'pin parental', la Federación de Enseñanza presentó una serie de materiales informativos para el profesorado, los equipos, los directivos y las familias, que se puede descargar en la página web de CC OO Enseñanza.

El sindicato insiste en que el Gobierno regional ha «cedido ante las presiones de la extrema derecha en su pretensión de legalizar las instrucciones irregulares del veto parental, que promueven el discurso del odio, con el objetivo de sacar adelante los presupuestos, que se llegaron a aprobar este lunes en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno».

CC OO Enseñanza reitera que ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra la Consejería de Educación para que «retire lo antes posible las órdenes de agosto pasado en las que se exige el permiso de los progenitores a las actividades complementarias en los centros educativos».