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Villas Caravaning no reabrirá si no hay más inversión en prevención de fuegos
El Ayuntamiento revela tras la protesta, este jueves, de los vecinos que las inspecciones señalan que sigue habiendo deficiencias en las casas
Los vecinos de Villas Caravaning protagonizaron este jueves una protesta frente a la sede administrativa del Ayuntamiento de Cartagena en la calle San Miguel. Al igual que ya hicieran los trabajadores de la empresa explotadora del recinto, Capfun, en mayo, esta vez eran los vecinos los que salían a la calle para reclamar al Consistorio que permita la reapertura de las instalaciones comunes, de carácter lúdico-deportivo, que todavía hoy permanecen precintadas.
Los vecinos fueron movilizados por las asociaciones y muchos de ellos hicieron el camino desde La Manga hasta la ciudad en autobús. Frente a la sede del Consistorio, clamaron consignas en favor de que se restauren los servicios cerrados y que los trabajadores de Capfun puedan regresar asimismo a sus puestos de trabajo.
El presidente de una de las dos asociaciones de vecinos existentes en el residencial, Juan García, explicó a este periódico que no comprende porque el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, no les recibe y aseguró que el edil tiene sobre su mesa los informes técnicos redactados por los funcionarios municipales sobre el estado de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
El Ayuntamiento procedió al precinto de buena parte del camping en cumplimiento de una sentencia judicial y tras alertar fallas en la normativa contra incendios. Villas Caravaning está dividido entre la zona donde se ubican las parcelas y casas de propietarios privados y la parte explotada por la empresa francesa Capfun, dedicada al alquiler vacacional de bungalows. Ambas secciones comparten servicios comunes como un supermercado, piscinas o pistas deportivas.
«El Ayuntamiento se comprometió a que, tan pronto como tuvieran los resultados de las inspecciones, nos comunicarían el resultado de los mismos tanto a los vecinos como a Capfun y no tenemos todavía ninguna noticia», expresó García.
En la manifestación, que se desarrolló de forma pacífica, estuvieron representantes de la mercantil venidos de Tarragona y de Francia. Además, a la concentración vecinal se acercaron algunos ediles de la oposición. No así del equipo de gobierno PP-Vox, recriminó García. «Deben de contar con nosotros. Nunca les hemos faltado el respeto».
García avanzó asimismo a este diario que insistirán a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac) para conseguir una reunión con el concejal de Urbanismo. «Si no nos hacen caso, tendremos que volver a salir a manifestarnos», declaró.
«Villas Caravaning, hay que recordar que es un camping, que tenía licencia de camping y que comprobamos, tras denuncias vecinales, que habían instalado el orden de entre 80 y 90 mobile homes sin licencia y que además tenían diferentes instalaciones que ponían en riesgo la salud y la seguridad de las personas», explicó por su parte este jueves el concejal de Urbanismo, Diego Ortega.
Materiales altamente combustibles
El informe técnico, señaló el Consistorio, revela deficiencias graves, como el uso de materiales altamente combustibles en muchas parcelas, importantes problemas en la red eléctrica general e individual, y la ausencia de un sistema de prevención y protección contra incendios que cumpla con el Código Técnico de la Edificación. «Estas circunstancias suponen un riesgo real para la salud y seguridad de las personas residentes», subrayó el Ayuntamiento en su comunicado emitido tras la protesta.
En este sentido, avanzaron que, por medio de órdenes de ejecución, requerirá a los propietarios que se acometan las actuaciones necesarias para subsanar las «irregularidades», y permitir así la reapertura segura de las zonas comunes, hoy clausuradas, recalcaron, «por motivos de seguridad y legalidad urbanística».
Confianza rota
Ortega también señaló que la actividad del camping está suspendida desde 2022 y que, aunque se confiaba en la voluntad de corrección por parte de la empresa, las inspecciones recientes han evidenciado que persisten los problemas. «Tres años después, cuando pensábamos que estaban arreglando las instalaciones, lo que comprobamos es que no era así», reiteró el concejal.
El edil insistió en que el Ayuntamiento actúa «con responsabilidad» y con el objetivo «prioritario» de proteger a los residentes. «No podemos permitir que se repita una situación como la vivida en los incendios de 2021 y 2022, que afectaron a 25 parcelas y causaron una víctima mortal», concluyó Ortega.
