Urbanismo denuncia más obras ilegales en La Algameca Chica de Cartagena

Las posibles irregularidades de alcance penal tienen que ver con la ocupación, sin permiso, del dominio público marítimo terrestre, en el área de influencia de la rambla de Benipila y de la costa. Los funcionarios se encontraron con la instalación de pilares en el cauce mismo de Benipila, donde además acreditaron con fotografías la presencia de barcos de recreo, cerca del Mediterráneo.

Fuentes municipales consultadas por LA VERDAD indicaron que los expedientes de Urbanismo, área que dirige Ana Belén Castejón, pueden acabar en la imposición de multas y en órdenes de demolición, para restablecer la zona al estado original. En función de las alegaciones de los titulares, añadieron, se cabría disponer la legalización parcial de los trabajos y una sanción económica.

Lo que dieron por descartada es la legalización completa de las obras. En abril de 2021, el Servicio de Planeamiento Urbanístico indicó en un informe que en este paraje de Cartagena «solo pueden autorizarse las obras ligadas al Servicio de Protección y Defensa, obras propias del Ministerio de Defensa». Entre otras razones, el Plan General de Ordenación Urbana califica los terrenos como «sistema de servicios públicos-servicios de protección y defensa». Y obras como la construcción de terrazas y de habitaciones están prohibidas por la legislación urbanística, por suponer un aumento del volumen edificatorio.

Urbanismo, que tiene en tramitación ocho expedientes, y la Unidad de Calidad de Vida y Medio Ambiente de la Policía Local han detectado situaciones como la construcción de viviendas nuevas sobre chabolas ya existentes y también de aseos, balcones, porches, barbacoas, cocinas, salones y hasta nuevas plantas (con sus escaleras correspondientes). Incluso hay placas solares sobre tejados de uralita.

Algunas obras merecieron denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en la 'Operación Pequeña Shangai'. Tras ella, varios juzgados abrieron diligencias a particulares por presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Y la Fiscalía indaga en la posible responsabilidad, por pasividad, por parte de varios organismos públicos, como el Ayuntamiento, el Ministerio para la Transición Ecológica (a través de la Demarcación de Costas y de la Confederación Hidrográfica del Segura) y el de Defensa (vía Armada).