El TSJ confirma que el Ayuntamiento de Cartagena debe pagar casi 90.000 euros a Barreiro tras el 'caso Púnica'
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza el recurso del Consistorio y remarca que la exalcaldesa tenía derecho a elegir un abogado de su elección
El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que desembolsar cerca de 90.000 euros -80.404,77 euros, más intereses de demora- a la exalcaldesa Pilar Barreiro ... por los gastos de defensa jurídica tras ser exonerada en el 'caso Púnica' por un presunto delito de fraude, falsificación en documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por supuestos contratos irregulares para mejorar su reputación digital en 2017. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirma la sentencia dictada en mayo del pasado año por un juzgado cartagenero que instaba al Consistorio a abonar esta indemnización solicitada en septiembre de 2020 por quien fue regidora de 1995 a 2015 por el Partido Popular.
Esta reciente resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, desestima del recurso que el Ayuntamiento de la ciudad portuaria había presentado para tratar de eludir el pago a Barreiro. Entre los motivos aducidos por la autoridad municipal estaba que el profesional encargado de la defensa de la exalcaldesa -el conocido abogado Raúl Pardo-Geijo no fue elegido por el Consistorio y que esa elección tendría que haber recaído en el organismo. La Sala entiende, sin embargo, que esa posición «atenta a la lógica jurídica y al derecho a la tutela judicial efectiva». Los magistrados recuerdan que, en este caso en concreto, el Ayuntamiento ejercía la acusación particular por lo que «su participación en la designación del letrado del acusado es del todo inviable».
El Ayuntamiento incidió, además, en su recurso en que la exalcaldesa cartagenera debió de pedir que la asesoría jurídica se hiciera cargo de su defensa o comunicar previamente, al menos, que iba a dejar su caso en manos de Pardo-Geijo. El TSJ entiende, no obstante, que a Barreiro no se le debió exigir la comunicación previa al Ayuntamiento de su voluntad de ejercitar el derecho de defensa. «La falta de comunicación previa no puede ser tenida como una renuncia del derecho, máxime sucesivo que solo puede ejercerse a través de profesionales terceros en caso de conflictos de intereses».
La sentencia, contra la que aún se puede interponer recurso ante el Supremo, no es la primera que condena al Ayuntamiento a indemnizar a la exalcaldesa. Ya en septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 determinó que el Consistorio tenía que pagar 75.022,89 euros, más los intereses de demora, a Barreiro por los gastos de defensa jurídica que le ocasionó su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el 'caso Novo Carthago', del que fue exculpada por el Tribunal Supremo (TS) en el año 2016. En ese caso también fue defendida por el mismo abogado.
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